SEMANA: El campo es una de las apuestas productivas para el gobierno. Sin embargo, hay una serie de medidas que han causado preocupación. ¿Cuáles de las reformas que cursan estarían a favor o en contra de esas metas de hacer resurgir el campo?
Jorge Bedoya: Indiscutiblemente, la reforma laboral tiene un gran signo de interrogación para el sector. Como está el texto radicado en el Congreso de la República, desafortunadamente no recoge lo que se ha propuesto desde la SAC (Sociedad de Agricultores de Colombia) para combatir la altísima informalidad laboral del campo, que es del 86 %. También el proyecto legislativo genera preocupaciones con temas relacinados con derechos colectivos, así como los elementos propios de la tercerización, principalmente en lo que atañe a la prohibición en algunos casos.
En reiteradas ocasiones hemos insistido en la necesidad de sentarnos a conversar para entender la realidad de la generación de empleo en el sector agropecuario de nuestro país.
Otra medida preocupante es el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo, que echa atrás lo que se a logrado con el Decreto 902 de 2016, referente al Acuerdo de Paz, en materia de las garantías de los procesos agrarios, al incorporar la fase judicial. Dicho artículo quita de tajo la vía judicial, salvo para la expropiación y en nuestro concepto, más allá del cumplimiento de la función social de la propiedad, deben existir procesos que sean garantistas como lo establece la Constitución. Como quedó redactado ese artículo, podría llegar a ser inconstitucional, a propósito de las demandas que ya fueron aceptadas por la Corte en esa materia y por ende, la derivación que se haga del decreto que el gobierno puso a consulta pública para la reglamentación de ese artículo 61.
SEMANA: ¿Y medidas a favor?
J.B.: No puedo dejar de mencionar también las medidas que juegan a favor del campo, como la mayor apropiación presupuestal para el año entrante. 9 billones de pesos es sin duda una buena noticia. No obstante, hemos insistido en que parte de estos dineros deberían invertirse en apoyar la reducción real de las tasas de interés de los créditos hipotecarios, a propósito de la decisión del Banco Central de no modificarlas este año y en la vigencia anterior, de subirlas al menos 12 veces. También se requiere meterle más recursos a los seguros contra el cambio climático, porque ya vivimos el año pasado prácticamente tres inviernos y ahora se viene anunciando el Fenómeno del Niño, y si llega muy duro los productos no están asegurados, le va a hacer la vida más compleja a la gente del campo.
SEMANA: Sobre el proyecto de ley de impuesto predial, ¿cree que la actualización catastral rural traería beneficios para el campo o, por el contrario, tendría efectos negativos?
J.B.: El tema del catastro multipropósito ha sido algo que desde el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos se ha venido dejando como una oportunidad para todo el país, no solo para la ruralidad.
No obstante, tenemos unas inquietudes muy técnicas que queremos discutir con el gobierno nacional, toda vez que, si bien, de la lectura del texto se desprende el tema de los topes para el incremento del impuesto, la lectura de la ley 1995 de 2019 también señala los topes en el incremento del impuesto predial, pero hay unas excepciones en su aplicación y fue lo que generó aumentos desmedidos en muchas zonas del país. No encontramos en la exposición de motivos del proyecto, las estimaciones y cálculos que hizo el gobierno para establecer los topes del 100, 150, del 200 y el 300 y es algo que debería poder entenderse con claridad.
SEMANA: Pero se habla en el proyecto del objetivo de incentivar la producción de alimentos...
J.B.: Sí. Si bien el proyecto menciona que uno de los propósitos es incentivar la producción de alimentos, no vemos una cifra que de cuenta incentivos en los avalúos en zonas donde se produce la comida. Tampoco es claro si habrá mayor o menor impacto para los productores del país.
El proyecto también contempla excepciones a la aplicación de los topes. Entre ellas, la que establece que no aplican en predios rurales que actualmente no tengan uso agropecuario. Esto puede llegar a desconocerse en la interpretación jurídica y pasar por alto que hay áreas en el campo que pueden ser usadas con destino agropecuario en el corto y mediano plazo. Creemos por ello que vale la pena tener una conversación con el gobierno. Hay mucha tela por cortar en este proyecto de ley.
SEMANA: Cree que la reforma agraria está bien encaminada, por ejemplo, para que sea impulsora de la productividad, rentabilidad y seguridad alimentaria, o propondría ajustes.
J.B.: Hemos dicho que la reforma agraria es necesaria, sin embargo, la entrega de tierras no es lo único que conduce a resolver los problemas. Cuando se tiene la tierra vienen otras necesidades: créditos, seguros, vías terciarias, asistencia técnica y apoyo a la comercialización. Es decir, muchas otras cosas más, de manera que, acompañamos el propósito de darle tierra a quien no la tiene, esto tiene que ser un paquete completo. Parte de todo ese conocimiento es lo que ponemos a disposición del gobierno desde la SAC para que la reforma sea un éxito.
SEMANA. La tierra en Colombia ha sido un motivo de conflicto. Estima que la titulación y adjudicación de tierras serían las formas de incrementar la productividad del campo y lograr fines de paz total.
J.B. Son el inicio de un camino, pero debe continuar por la senda de la productividad y la rentabilidad.
SEMANA. Qué opina de estrategias como Idema 2.0 para que los productores del campo puedan comercializar sus productos con menos intermediarios.
J.B. Desde la SAC creemos que la integración vertical en los procesos de agroindustrialización son parte de la salida. Con los mecanismos de compras públicas el gobierno nacional y los entes territoriales pueden tener herramientas para favorecer, inclusive por puntajes a quienes le compren a pequeños productores.
Montar un sistema como el Idema 2.0, la misma exministra Cecilia López manifestaba lo que pasó en su momento y hay que aprender de esos errores del pasado.
El Estado puede contribuir, pero también evaluar los costos en bodega, en la misma compra y venta de los productos. Hay que echar números.
SEMANA. En relación con la rentabilidad del campo, principalmente luego de incremento en el costo de los insumos por fenómenos geopolíticos, cuál es el balance.
J.B. Tuvimos un tiempo bastante complejo. Los precios del maíz y la soya no han vuelto a los niveles que se tenían antes de la invasión y de la pandemia. Los fertilizantes han venido recorriendo otro camino. Sin embargo, esa cuenta que pagaron nuestros productores la terminaron casi que absorbiendo en su totalidad. También vimos como en el mundo, no solo en Colombia, esto derivó en un fenómeno de inflación de alimentos. Lo que significa es que esta nación, al igual que muchas otras, están sobreexpuestos a la volatilidad de los mercados internacionales, lo que debe llevar a pensar y decidir sobre el verdadero potencial que tenemos de producir algunos de esos insumos.
SEMANA. Cree que es viable que la agricultura, una reindustrialización, pueda reemplazar parte de la economía extractivista, como lo espera el gobierno.
J.B. El sector agropecuario tiene un enorme potencial, pero se requiere que el Estado como un todo le cumpla al campo colombiano, que lo dote de los bienes públicos de los cuales ha carecido por décadas. Podemos tener el suelo, el recurso hídrico, el talento, pero si no están los bienes públicos básicos, principalmente el de la seguridad, será difícil detonar todo ese potencial.