La minería ilegal está acabando con los ríos en Colombia y ha llegado a tal punto su nefasta influencia que hoy cerca del 85 % del oro que está exportando Colombia es producto de esa actividad, alertó la Contraloría General de la República al presentar un balance de sus acciones de control fiscal y seguimiento a los principales daños ambientales del país.
“En comparación con el negocio ilícito de la cocaína, donde el kilo de coca puede estar en el mercado de Colombia por alrededor de los cinco millones de pesos, un kilo de oro ilegal está por el orden de 250 millones de pesos, lo que ha hecho que este negocio se haya disparado”, aseguró el contralor delegado para el Medio Ambiente, Gabriel Adolfo Jurado.
Además, afirmó que esta actividad ilegal está contaminando de una manera crítica, no solamente el río Atrato en el departamento del Chocó, sino también muchos otros ríos, lo que beneficia solamente a unas cuatro a cinco grandes organizaciones criminales.
Pero la situación no para ahí. La Contraloría alertó que el 66 % de la minería ilegal en Colombia se hace en zonas de reserva, en parques naturales y en reservas forestales.
El delegado de Medio Ambiente habló de lo que sucede en los ríos del país, producto de la explotación ilícita de minerales, que llenan los bolsillos de unas organizaciones criminales que están captando este recurso, sin importarles la contaminación que le producen a los recursos hídricos, con minerales pesados como el mercurio, el cianuro y otros que utilizan en tal actividad.
Para Gabriel Adolfo Jurado, Colombia está en presencia de una masacre ambiental, ante el creciente fenómeno de la deforestación. En el año 1990, Colombia tenía cerca de 65 millones de hectáreas de bosque y hoy, 32 años después, se está llegando a 59 millones de hectáreas.
Es decir, se han perdido más de seis millones de hectáreas. Para ser más gráficos, Colombia pierde al día 500 hectáreas de bosque, que para dimensionarlo son cerca de 1.000 estadios tan grandes como El Campín de Bogotá. La situación se presenta sobre todo en la Amazonía y el departamento del Chocó.
El contralor delegado explicó que esta masacre ambiental se está generando, básicamente, por la expansión ilegal de la ganadería, inclusive en Parques Nacionales Naturales, como Chiribiquete y Los Picachos, de parte de bandas criminales organizadas.
El segundo factor detonante son los cultivos ilícitos, grandes responsables de la deforestación en la Amazonía y en zonas del Chocó y el sur occidente del país, como la zona de Tumaco, en el departamento de Nariño.
Para el contralor delegado de Medio Ambiente, el gran reto que tiene el Estado colombiano no es solamente evitar que los bosques o los recursos naturales se dañen, sino perseguir económicamente a quienes producen estas afectaciones.
“El reto que viene en los próximos años es perseguir los bienes que tienen escondidos estas mafias, o a través de testaferros, o quizá algunos en el exterior. Todos los grupos delincuenciales organizados hacen esto por dinero y la única forma de resarcir los daños ambientales que producen es persiguiendo esa plata, para que una vez se decomise, o entre a las arcas del estado, se utilice a manera de reparación”, subrayó.
El funcionario también se refirió a los resultados de las auditorías a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y aseguró que esta inspección dejo en evidencia que estas entidades manejan mucho dinero y lo tienen guardado en títulos financieros, sin ejecutar esos recursos. También se encontraron inversiones ambientales mal hechas y sin planeación.