Uno de los temas más delicados para los colombianos es la financiación del sistema de salud, y en medio de debates, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) presentó sus estimaciones y propuso que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025 aumente, al menos, un 16,9 %.
Según la Andi, este incremento es necesario para comenzar a estabilizar el funcionamiento actual del sistema de salud. Sin embargo, su cálculo no incluye los déficits acumulados entre 2022 y 2024, considerando que solo en 2024 el déficit alcanzará los $ 10,9 billones.
Sin embargo, en las últimas horas, el presidente Gustavo Petro reaccionó a través de la red social de X, antes Twitter, sobre la propuesta presentada por el gremio de empresarios.
“Creo que la ANDI enloqueció. Si me devuelven todo el dinero de las reservas técnicas que se llevaron las EPS, le concedo el deseo codicioso a la ANDI”, señaló en la publicación.
Este mes se deberá emitir la resolución que determinará el ajuste de la UPC, destinada a cubrir los servicios y tecnologías de salud de los regímenes subsidiado y contributivo del Sistema General de Seguridad en Salud para el año 2025. Estos dos regímenes concentran a casi toda la población del país, con 24.399.839 personas en el régimen contributivo y 24.745.934 en el subsidiado.
La UPC ha sido un tema central en las discusiones del Congreso de la República, donde actualmente se analiza la reforma al sistema de salud.
Según la Andi, es crucial para “garantizar los recursos mínimos necesarios para cubrir los costos de los servicios médicos, medicamentos, terapias y tecnologías en salud requeridos para la garantía del derecho fundamental a la salud de la población colombiana”.
Para determinar el incremento de la UPC para 2025, algunos expertos señalan que no basta con calcular el costo estimado del servicio per cápita para cubrir el plan de beneficios. Es fundamental considerar otros factores, como los riesgos, la inflación en salud, las particularidades regionales y el acceso a los servicios. Por ello, insisten en la necesidad de aplicar una metodología técnica en lugar de realizar cálculos simplificados.
La Andi ha advertido que “la insuficiencia de la UPC amenaza la operatividad del sistema de salud, así como la protección de los pacientes y sus familias”. Según la entidad, una asignación de recursos que no sea adecuada ni oportuna genera barreras de acceso, incrementa los tiempos de espera y aumenta los gastos directos de los hogares.
Tras la pandemia de covid-19, el gasto en salud en el país ha mantenido un crecimiento sostenido. En 2020, representó el 5,31 % del PIB, pero en 2021 se disparó al 8 %. Los expertos advierten que, si este ritmo continúa, el sistema se volverá insostenible, especialmente si no se ajusta adecuadamente el valor de la UPC.
Desde la perspectiva de la Andi, es imprescindible que, antes de avanzar en cualquier discusión sobre la reforma a la salud, se priorice la estabilidad operativa del sistema. Además, consideran crucial “asegurar los recursos necesarios para cubrir los gastos en salud de los colombianos, ya que ninguna cadena de prestación de servicios ni de provisión de tecnologías puede funcionar en un contexto de déficit constante”. Ahora queda en manos de los ministerios de Salud y Hacienda definir el camino a seguir.