La calificadora de riesgos Moody’s advirtió -en un reciente reporte- que la reforma pensional de Gobierno Gustavo Petro perjudicaría a los fondos privados.
La calificadora recordó que los gobiernos de Colombia y Chile plantearon ante el Congreso para su aprobación, en marzo de 2023 y en noviembre de 2022, respectivamente, cambios al sistema de fondos de pensiones.
“Si se promulga como se anunció, ambas revisiones tendrán implicaciones negativas para las administradoras de pensiones privadas actuales, como Sura Asset Management (Suam), -la filial del Grupo Sura-, una de las administradoras de fondos de pensiones más grandes de América Latina con $153 mil millones de activos bajo administración (AUM) y una participación de mercado de 20 % en Chile y 38 % en Colombia, a julio y marzo 2023, respectivamente”, resaltó Moody’s.
En tal sentido, para dicha calificadora, aumenta la probabilidad de que los fondos privados puedan verse desplazados y se altere potencialmente la asignación de estos a largo plazo.
“Dado que el malestar social ha aumentado en América Latina durante los últimos cuatro años, las propuestas para cambiar los sistemas de pensiones han cobrado fuerza y plantean riesgos a las actuales administradoras de fondos privados, con efectos indirectos para la financiación a largo plazo de los bancos y los mercados de capitales en algunos países”, también mencionan en el informe.
Y agregan desde Moody’s: “Chile y Colombia representaron el 61,6 % de los ingresos operacionales de Sura y 49 % de su pensión obligatoria AUM en diciembre de 2022. Debido a esta concentración y dependencia de los ingresos en los productos de pensión, los cambios propuestos exponen el modelo de negocios de SUAM al riesgo regulatorio, con potencial de implicaciones negativas a su escala y rentabilidad en estos mercados”.
Vale recordar que el pasado 14 de junio, luego de dos días de discusión en la Comisión Séptima del Senado, fue aprobada la reforma pensional del Gobierno Petro, en su primer debate.
El secreto de la victoria de esta reforma, a diferencia de las demás, fue haber logrado el consenso previo con distintas bancadas, entre ellas La U (que, a pesar de que se declaró en independencia, lideró el proyecto). La protagonista fue la senadora Norma Hurtado, de esa colectividad, quien había venido concertando con la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, en varias mesas de trabajo.
¿Qué se aprobó?
Uno de los cambios principales del sistema es que se mantuvo que la cotización de Colpensiones, es decir, el pilar solidario, será de tres salarios mínimos. Para el Gobierno era un inamovible que fuera menos, ya que consideran que de esto depende gran parte de sostenibilidad del sistema. Hablando de Colpensiones, la entidad pública tendrá millonarios recursos de ahora en adelante y estos irán creciendo a través de los años.
También se aprobaron las condiciones del Fondo de Ahorro Público, que se creará para manejar los recursos producto del traslado de las Administradoras de Fondos de Pensiones Privadas (AFP). Los congresistas aclararon que se blindará para evitar malos usos de los dineros.
Se aprobaron las condiciones de los pilares en los que se basa el sistema: solidario, semicontributivo y contributivo.
La ministra de Trabajo, Ramírez, también confirmó que se acogió la decisión de la Corte Constitucional de reducir a 1.000 semanas la cotización de las mujeres del país, ya que se inicialmente se proponía en el texto que fuera de más tiempo.
Igualmente, se quitaron todas las facultades extraordinarias del presidente Gustavo Petro. Esta fue una solicitud de la senadora Hurtado desde el comienzo, para dar mayor tranquilidad al proyecto.
Quedó aprobado el subsidio de 230 mil pesos para los adultos mayores, a pesar de que la ministra reconoció que el Gobierno quería que fuera de 500 mil pesos; sin embargo, por la regla fiscal, no se logró ese monto. Esto será girado a través de los recursos del pilar solidario.
Uno de los puntos que más se discutió y sobre los que casi no se llega a consensos fue el régimen de transición, que finalmente quedó en 900 semanas para hombres y 750 para las mujeres. El Gobierno se había mantenido en las 1.000 pero varios congresistas reclamaron que muchos colombianos podrían quedar por fuera y por eso debía ser menor y finalmente se tuvo que ceder. Algunos congresistas piden que se incluya el componente de edad diferenciador para el segundo debate.
Otro artículo aprobado es el 10, que permite al empleador solicitar la pensión integral de vejez. Esto no es otra cosa que pedir a los trabajadores que siguen “atornillados” en sus cargos, que ya es hora de que den un paso al costado, para que puedan entrar nuevas personas al mercado laboral. Dicha situación de trabajadores “atornillados” ocurre principalmente en el sector público; en el privado es más común que al cumplir los requisitos se les llame para que hagan su trámite de retiro pensional.
La medida incluida en el proyecto de reforma pensional enfatiza en que es justa causa, para dar por terminado el contrato de trabajo y proceder a hacer el trámite para el goce de su pensión, que el trabajador haya cumplido con los requisitos (la edad y las semanas cotizadas).
Según el artículo mencionado, se expresa que la medida aplicará tanto para el trabajador del sector privado como para el servidor público.