La senadora del Partido Farc Victoria Sandino radicó en el Congreso de la República un proyecto de ley que pretende crear un sistema de ingreso vital (SIV) que le dé mensualmente el 51 % de un salario mínimo ($463.348,26) a la población necesitada.
“El SIV busca otorgarle a cada persona, como derecho de ciudadanía, un ingreso que le permita superar la pobreza monetaria y que complemente la materialización de los demás derechos económicos, sociales y culturales. El SIV no se propone ser un sustituto de las políticas sociales en materia de educación, salud, alimentación, vivienda y empleo. Más bien, tiene el propósito de complementar el ejercicio de estos derechos por medio de la materialización de un nuevo derecho: el derecho a la existencia. El SIV quiere garantizarle a cada persona un nivel de vida digno simplemente por el hecho de ser humano”, dice el artículo dos del proyecto.
La iniciativa tendría tres pilares de acción en los cuales beneficiaría a tres tipos de ciudadanos, quienes serían los receptores de los $463.348,26 mensuales.
El primer pilar, denominado ingreso vital de existencia, abarcaría a las personas en condición de discapacidad y a los adultos mayores no jubilados con el fin de que estas personas tengan ingresos que los haga superar el umbral de pobreza monetaria.
El segundo pilar se llama ingreso vital garantizado el cual cubre a las personas mayores de edad que se dedican a las labores del hogar y del cuidado no remuneradas (amas de casa).
“Se propone reconocer el trabajo doméstico y del cuidado realizado mayoritariamente por las mujeres en los hogares colombianos y que no es remunerado”, dice el proyecto.
El tercer y último pilar se llama ingreso vital remunerado y en este los beneficiados son las personas mayores de edad que se encuentren en situación de desempleo.
“Este pilar retoma la idea de los modelos de Estado como empleador de última instancia, en cuanto a la edificación de un sistema de empleo público que garantice una labor productiva remunerada a las personas desempleadas mientras encuentran nuevamente empleo”, dice el texto.
El proyecto establece que cada persona beneficiaria ingresará a un solo pilar. Sin embargo, podrá pasar de un pilar a otro de acuerdo con sus necesidades o preferencias individuales.
“La movilidad entre los diferentes pilares es fundamental para garantizar los objetivos que se plantea el Sistema en términos de garantizar un derecho a la existencia”, dice.
Según la iniciativa, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), junto con el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud, definirán la población a incluir en el SIV, de acuerdo con sus sistemas de información.
¿Un proyecto viable económicamente?
El proyecto de ley radicado contiene 27 páginas, incluidas las justificaciones y argumentos del por qué debe ser aprobada la iniciativa. Sin embargo, al aspecto más importante que es el costo de la medida, pues otorgar medio salario mínimo a una gran parte de la población tiene grandes costos mensuales, solo se le dedica una imagen de mala calidad que no permite ver ninguna de las estimaciones hechas por los autores del proyecto.
Teniendo en cuenta que la iniciativa busca dar el 51 % de un salario mínimo a cada una de las personas desempleadas, y tomando los más recientes datos del mercado laboral de junio en los cuales el Dane informó que el número de desempleados era de 3,4 millones, la iniciativa solo para el pilar tres costaría $1,5 billones al mes que al año serían $18 billones.
Sobre cómo financiar esta iniciativa, el proyecto no trae consigo propuestas concretas para conseguir los recursos que serían distribuidos a las personas necesitadas.
“El Gobierno nacional se compromete a implementar mecanismos de financiamiento progresivo para la cobertura prevista por el SIV por medio de instrumentos fiscales redistributivos de ingresos y gastos de fuente fiscal permanente, en el marco de la legislación vigente, e incluidos en el Presupuesto General de la Nación”, dice el texto.
La propuesta también dice que el Gobierno nacional podrá crear un fondo especial de financiamiento del SIV compuesto por recursos de cooperación nacional e internacional. Estos recursos podrán ser empleados para financiar los gastos burocráticos y administrativos producidos por el diseño, implementación y evaluación del SIV.
Además, el SIV no eliminará los programas de transferencias monetarias condicionadas existentes, por lo que el gasto de la Nación aumentaría con fuerza.
El fin máximo del proyecto es que el SIV sirva como primer paso para instaurar una renta básica universal en el país.
“El Gobierno nacional definirá una comisión de estudios destinada a establecer una estrategia económica, política, social y cultural que permita instaurar en una renta básica de ciudadanía en Colombia, de carácter universal, individual e incondicional, que cobije a cada persona residente del país y que mantenga las características y beneficios obtenidos en el marco de la implementación del SIV”, dice el proyecto.
Es de mencionar que el Gobierno se ha opuesto en repetidas ocasiones a las propuestas que buscan generar una renta básica por los altos costos que esto genera y aludiendo que con los programas de transferencias monetarias actuales ya se cubre casi a la mitad de la población con alguna ayuda directa.