Recientemente se radicó el proyecto de Acto Legislativo 04 del representante a la Cámara Juan Carlos Lozada, que pretende modificar el artículo 81 de la Constitución e incorporar en este la prohibición al ingreso, producción, comercialización y exportación de semillas genéticamente modificadas, mejor conocidas como transgénicas.

Este tipo de semillas se diferencia de las corrientes porque ha sido cambiado para ser resistente a plagas, climas extremos o acortar sus tiempos de producción, por poner un ejemplo. Su uso se ha extendido por el mundo, pues ha materializado un aliado para la lucha contra el hambre y el establecimiento de la seguridad alimentaria de muchos países, entre ellos, Colombia.

A pesar de estos aparentes beneficios, para algunos sectores ambientalistas, la intervención de la biotecnología en la agricultura tiene consecuencias en la salud porque favorece el uso de herbicidas cada vez más tóxicos, como el caso del glifosato.

Este herbicida se utiliza en siembras transgénicas para evitar el crecimiento de otras plantas en cercanías al cultivo, el cual no se daña por la modificación genética que tiene.

De acuerdo con el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), los cultivos transgénicos aumentaron un 31% en el país, rozando las 160 mil hectáreas, principalmente de maíz y algodón. Este no es un dato menor, pues la industria del algodón en el país tuvo una caída tan dramática que desde hace ocho años no exporta esta materia prima y tampoco produce maíz suficiente, lo que hace necesario traerlo importado de países como Estados Unidos.

Acosemillas, gremio que reúne a los productores de semillas y que no comparte la idea del representante Lozada, señala que la presencia de semillas transgénicas en el país data de hace dos décadas y que desde sus inicios el sector ha cumplido distintos protocolos y evaluaciones que certifican que su uso en animales y personas es totalmente seguro.

Reducir importaciones

Una de las metas del gobierno Petro es reducir las importaciones de alimentos como el maíz, el trigo y la papa, pues su producción puede hacerse en Colombia, pero cumplir esa meta sin el uso de semillas transgénicas no parece viable.

Por ejemplo, en el caso del algodón, la industria textilera prevé que Colombia será capaz de retomar sus exportaciones de materia prima en no más de cinco años, algo imposible con semillas tradicionales.

Y es que el 99 % de los cultivos de algodón en Colombia es transgénico. “Cada vez más agricultores toman la decisión de usar semilla transgénica en sus siembras para evitar pérdidas y reducir los costos de producción por hectárea, obteniendo así mayores rendimientos y una más alta competitividad”, apuntó la Asociación de Biotecnología Vegetal Agrícola, Agro-Bio, en un comunicado.

Esto también explica las razones para el uso industrial de las semillas transgénicas y pone su uso en el país como uno de los ejes vitales para la reducción del hambre, la importación de alimentos e incluso podría generar recursos suficientes para exportar.

Si son tan buenas, ¿por qué prohibirlas?

El representante Lozada ha dicho que “en un país megadiverso y agrario como el nuestro, es relevante tomar precauciones con las semillas transgénicas, viendo los desastres que han causado en otros países”.

A lo que se refiere es, dice, a los negativos impactos sociales, ambientales y de salud humana que se han presentado en otros lugares por los cultivos transgénicos.

En este punto, puede estar refiriéndose a varios escenarios, como el de las protestas en contra del “arroz dorado”, una clase de arroz transgénico diseñado para producir betacaroteno, una fuente de la vitamina A, en Filipinas.

Este caso particular llamó la atención del mundo, pues al momento de la protesta había más de un millón de personas con niveles deficientes de esta vitamina en dicho país.

Slowfood, una ONG de origen italiano dedicada a promover, entre otras cosas, los bancos de semillas y la diversidad alimentaria del mundo, dice en un comunicado público que, “al dar una mirada al uso de transgénicos en el mundo, se observa que no contribuyen a garantizar una alimentación saludable y diversa. Además, a nivel comercial, la industria se ha concentrado en la producción de cuatro cultivos: soya, maíz, algodón y canola, que ocupan el 99% de las áreas sembradas”.

“Contrario a lo que plantean los científicos de la agroindustria, la agricultura campesina, familiar y comunitaria ha demostrado ser más eficiente y sostenible que la agricultura industrial, pues provee más del 70% de la alimentación en tan solo el 19% del área agrícola del país”, reza un apartado del comunicado de esta ONG.

De hecho, es en estos puntos en los que se ha centrado el debate en Colombia, pues la soberanía alimentaria parece tambalearse con esta propuesta.

Losada insiste, entre otras cosas, en que el mercado de los transgénicos es nocivo e incentiva la dependencia de los pequeños productores a las multinacionales que controlan las patentes de la tecnología para modificar las semillas.

Al final de todo, el histórico de la legislación colombiana frente al tema parece indicar que el uso de este tipo de semillas no va a prohibirse y, por el contrario, podría ser impulsado con mayores regulaciones y controles.

El desarrollo del campo colombiano es uno de los temas que ha abanderado el presidente Petro a lo largo de su carrera política y prohibir el uso de transgénicos pone en tela de juicio el cumplimiento de otras promesas de campaña, como el de la erradicación del hambre, el aumento de las importaciones y la inflación alimentaria.