El Ministerio de Agricultura compartió un borrador de decreto, cuyo objetivo es agilizar los procesos agrarios, y “permitirá que en vez de la extinción de dominio, los propietarios vendan el predio”. La iniciativa pretende que se acelere el proceso de la compra de tierras, y cumplir la meta de comprar 1.500.000 hectáreas, objetivo de la denominada reforma agraria.
Antes de que se diera a conocer el borrador del decreto, algunas voces opositoras emitieron una alerta, pues señalan que es un disfraz para la expropiación, y que comenzará a darse una persecución contra los propietarios legítimos de tierra en Colombia.
En contexto, el decreto pretende reglamentar el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo, el cual “permitirá hacer más ágiles los procedimientos agrarios y destrabar casos estancados hace años”, explica el Ministerio de Agricultura.
Si bien el borrador está sujeto a comentarios, que se recibirán hasta que se acabe agosto, el proyecto busca, saltarse, la etapa procesal que se estableció desde el 2017, donde ese tipo de procesos tenían que presentarse ante un juez, que garantizaría la transparencia del caso, pero, según argumenta el ministerio, hizo que las labores fueran más dispendiosas.
“Con esta nueva norma, será la Agencia Nacional de Tierras la que culminará el caso. Sin embargo, contra la decisión que tome la entidad proceden tanto el recurso de reposición y en subsidio de apelación, así como una acción de nulidad agraria”, detalla la entidad.
Lógicamente, el decreto busca que los procesos de expropiación los adelante directamente la Agencia Nacional de Tierras, acelerando considerablemente el proceso de apropiación de los predios, pero con la garantía de que las decisiones no se tomen por una interpretación personal, sino que se argumenten de manera más robusta.
“En este decreto se reglamentan los procesos agrarios de competencia de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), con el ánimo de poder cerrar una dispersión normativa que se había dado previamente y generar unos mecanismos más ágiles y eficientes que permitan cumplir la meta de las 500.000 hectáreas al año durante los tres años de Gobierno que quedan para llegar a 1.500.000 hectáreas que es la apuesta de la reforma agraria”, dijo sobre el proyecto de decreto la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica.
La titular de la cartera de agricultura añade que el decreto no dará facultades expropiatorias, ni habilitará “expropiaciones exprés”, lo que busca es darle herramientas administrativas a la Agencia Nacional de Tierras, para hacer que los predios bajo extinción de dominio “cumplan una función social y ecológica”.
“El proyecto de decreto incluye una medida inédita: la terminación anticipada del proceso. El propietario a quien se le aplicaría la extinción de dominio podrá optar por vender su predio a la Agencia Nacional de Tierras y así la extinción quedaría suspendida. Si el propietario decide venderlo de forma anticipada, se le pagará al 80% del avalúo comercial; si lo hace cuando el proceso esté más avanzado, se le pagará al 60%. La medida no tiene antecedentes en el país, pues, aunque el propietario esté incumpliendo la función social de la propiedad y se le pueda aplicar el proceso agrario podrá optar por venderlo”, concluyen desde el Ministerio de Agricultura.
“Estamos ante una persecución sin precedentes en Colombia. El gobierno quiere pasar por encima del derecho de propiedad en Colombia”, Daniel Briceño
El borrador ha generado temor en distintos sectores políticos, sin mencionar los propietarios, que ven la medida como una especie de obligación para vender sus tierras, o en el peor de los casos, que se las expropien.
SEMANA se dio a la tarea de preguntarle a la Agencia Nacional de Tierras y al Ministerio de Agricultura sobre estas inquietudes, pero se abstuvieron a dar respuestas. De hecho, respaldan que el proceso de la compra de predios va avanzando, y con corte al 17 de agosto, se han adquirido 385.512 hectáreas.
No obstante, desde la oposición alertan por lo que han considerado como un disfraz de la expropiación. En diálogo con SEMANA, el abogado especialista en derecho público y candidato al Concejo de Bogotá, Daniel Briceño, asegura que el Gobierno si tiene intenciones de expropiar, de hecho, eso le habría costado el puesto a la anterior ministra de agricultura, Cecilia López.
“Como lo dijimos desde la discusión y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno, hay una intención clara de expropiar tierras en Colombia. Tal asunto fue denunciado por una congresista de la propia coalición de gobierno y la exministra Cecilia López renunció por esa circunstancia. Lamentablemente, la mayoría del Congreso aprobó el artículo 61 que trae temas regulatorios de tierras que llevarían a expropiar”.
Briceño, tiene un punto de vista similar al de la senadora Paloma Valencia, asegurando que el Gobierno hará una persecución contra los propietarios de tierra. En diálogo con SEMANA, aseguró que el borrador tiene malas intenciones contra los dueños de predios, obligándolo a usar sus terrenos como lo determine el Estado.
“El hilo conductor del proyecto de decreto tiene malas intenciones con los legítimos propietarios y la razón es que llena de inseguridad jurídica a los propietarios de tierra en Colombia. Primero se mete con la libertad del propietario en la explotación de su tierra, luego lo obliga a explotarla bajo condiciones muy gravosas y en caso de no hacerlo lo obliga a entregarle la tierra al Estado”.
El abogado añadió que el Gobierno pretende pasar por encima del derecho de propiedad, por lo que se vendría una persecución sin precedentes en el país.
“El propietario que no explote su propia tierra, o que lo haga de forma distinta a como el gobierno Petro quiere que lo haga, deberá enfrentarse a un proceso administrativo para defender la libertad de disposición de sus propios bienes. Tendrán cargas jurídicas y probatorias muy altas que lo enfrentarán contra toda la institucionalidad Estatal. Un absurdo. Lo que se debe alertar aquí es que estamos ante una persecución sin precedentes en Colombia. El gobierno quiere pasar por encima del derecho de propiedad en Colombia”.
En entrevista con SEMANA, Daniel Briceño recalcó que lo presentado por el Ministerio de Agricultura, es un proyecto para habilitar la expropiación, pero pretenden disfrazarlo a través del discurso, pues el Gobierno sabe que es una iniciativa impopular.