Al parecer, la salida de Electricaribe no fue la solución que todos esperaban a la crisis por el mal servicio y los altos costos de energía en la región Caribe colombiana. Por el contrario, siguen las denuncias de la comunidad y las autoridades locales reclaman una intervención urgente del Gobierno nacional, especialmente en tiempos de una inflación disparada, principalmente por los servicios públicos.
El reciente informe del Dane sobre el costo de vida dejó al descubierto una situación que en ocasiones es muy evidente, pero tiende a pasar inadvertida por culpa del ajetreo diario de información: el alto precio que pagan miles de familias en departamentos como Sucre, Atlántico, Bolívar, Córdoba y La Guajira (por mencionar algunos) por tener energía en sus hogares.
En los últimos 12 meses, los precios de la electricidad se han incrementado 25,9 % en el país, siendo los habitantes de los departamentos de la costa Caribe los más afectados. Por ejemplo, en Santa Marta han subido 49,9 %, mientras que en Riohacha el alza ha sido del 47,1 %.
Hasta el mismo presidente Gustavo Petro se mostró preocupado por esta situación y tomó medidas como intervenir la Comisión Reguladora de Energía y Gas (Creg), con el fin de investigar qué está pasando con estos cobros que muchos consideran exagerados. No obstante, dejó claro que su Gobierno no tiene la intención de estatizar los servicios públicos.
¿Qué está pasando?
De acuerdo con la Cámara Colombiana de Energía, si bien este sector ha hecho grandes esfuerzos en los últimos años para mejorar y estar a la par con las necesidades de la comunidad, aún subsisten retos en el día a día que no permiten alcanzar los logros deseados, tanto para los gobiernos, como para las mismas empresas a cargo del tema.
“La acumulación de diversos factores durante largos períodos en el pasado, como el bajo nivel de inversión en construcción, mantenimiento y modernización de las redes; los bajos niveles de recaudo de cartera, y los altos índices de pérdidas no técnicas de la energía, llevaron a la intervención de Electricaribe y la concesión del servicio a los actuales operadores AIR-E y AFINIA, que han brindado continuidad en el servicio y han evitado que el sistema siguiese impactando las finanzas públicas”, explicó inicialmente.
Pese a que destaca los esfuerzos de las firmas que reemplazaron Electricaribe, las cuales incluso ha mostrado algunos índices de mejoría en el servicio, deja claro que aún es muy grande la brecha y el reto para llegar a los niveles óptimos de calidad y seguridad que requieren la población y el sistema.
“Esta brecha se unió, además, con un incremento elevado de las tarifas de electricidad en los últimos 18 meses, con mayor impacto en la región Caribe, como ha sido masivamente difundido. Este alto crecimiento es el resultado de la fórmula tarifaria que reconoce las diferentes etapas en la prestación del servicio y tiene seis componentes y dos indexadores que conforman la tarifa”, agregó la Cámara.
Así mismo, en el análisis realizado por Carlos Alberto Zarruk Gómez, presidente de la CCE, se trae a colación el tema de los altos costos de energía y deja claro que el golpe más duro lo están llevando las familias de los estratos 1, 2 y 3; estas están perdiendo poder adquisitivo y por el directivo le pide al Gobierno nacional trabajar con celeridad en este tema.
Zarruk pide “una solución que permita seguir atendiendo a los usuarios con unos costos razonables del servicio, pero teniendo en cuenta también que no se puede afectar a los operadores poniendo en riesgo la sostenibilidad económica necesaria para una buena prestación del servicio de energía, interviniendo las tarifas”, indicó.
Frente a lo que está sucediendo con la Creg, esta agremiación agregó: “En esta coyuntura es fundamental lograr que las decisiones políticas no impacten la capacidad técnica de actuación de las instituciones, aspecto fundamental para la sostenibilidad del sector”.
La Cámara Colombiana de la Energía cerró reiterando su confianza en la capacidad del Gobierno nacional para salir adelante en medio de esta crisis, al tiempo que señaló que están dispuestos a colaborar en lo que sea necesario para aportarle al proceso que conduzca a la sostenibilidad técnica y económica del sector para todos los miembros de la cadena, desde el productor hasta el usuario.