Llega el relevo al Congreso de la República. Este miércoles 20 de julio se instalará un nuevo equipo Legislativo, del cual harán parte políticos conocidos que ya llevan varios años ocupando curules, pero también entran a escena varias caras nuevas.
En esa fecha es clave tener en cuenta que la tarea que realizan los parlamentarios, de aprobar leyes que a veces son iniciativa del Ejecutivo y en otras ocasiones son de origen congresional, tiene un impacto fiscal enorme, porque en pos de cumplir su objetivo, dichas normas generan un nuevo gasto.
Es por eso que, en varias ocasiones los expertos insisten en que el Legislativo debe tener cautela a la hora de aprobar a diestra y siniestra las leyes, aveces, sin la debida claridad acerca de dónde saldrá la plata.
En un año como el 2021, en el que Colombia tuvo un paro nacional que frenó o retrasó muchas de las actividades económicos y, por consiguiente, le restó puntos a la producción nacional, en el Congreso de la República se aprobaron 107 leyes que fueron sancionadas por el presidente Iván Duque.
Según se evidencia en el Marco Fiscal de Mediano Plazo del Ministerio de Hacienda, pese a que solo 16 de esas leyes tienen impacto fiscal, el monto involucrado es abultado: asciende a 1,5 billones de pesos y no es una plata que se deba rebuscar para un solo año y ahí pare de contar.
El documento muestra que de las leyes aprobadas que tienen impacto fiscal, la mayor parte, el 85,1 %, requieren un gasto permanente, es decir, generan un costo estructural o extendido en el tiempo, hasta que una futura norma legal lo dé por concluido. En consecuencia, 1,3 billones de pesos, de los 1,5 billones que costaron las leyes aprobadas en 2022, constituyen un gasto permanente. El restante 14,9 %, correspondiente a 235 mil millones de pesos, se registra como un gasto transitorio.
Nada que requiera plata pasa sin aval del gobierno
Hay que recordar que durante los debates de estudio y aprobación de una ley en el Congreso, algunos de los fuertes reclamos de congresistas está dirigido a la exigencia, según la cual, todo lo que tenga impacto fiscal debe tener visto bueno del gobierno, lo que se ha visto como un freno a las decisiones del Legislativo.
En otras palabras, ese, 1,5 billones de pesos que hay que buscar en cada vigencia, pasó la prueba del Ejecutivo y del Legislativo.
Es clave destacar que aventurarse a adquirir un compromiso de costo de leyes aprobadas, tan alto como el que se tuvo en 2021, es algo que Colombia no hacía desde 2016. En ese año, el costo de las leyes aumentó a 3,8 billones de pesos, más del doble de la cifra actual. Fue en esa vigencia cuando el gobierno tramitó y aprobó la ley que aumentó el IVA, del 16 al 19 %.
Estas son las leyes más caras de 2021
De esa manera, se tiene que, entre las leyes avaladas para su ejecución, la que encabeza el escalafón entre las más costosas para el país, tiene que ver con un tema de defensa. Con la Ley 2079 del 30 de diciembre de 2021, se creó la categoría de patrulleros de policía y se establecieron normas relacionadas con el régimen especial de carrera del personal uniformado de la institución. En consecuencia, este costo fiscal, que asciende a 943 mil millones de dólares, se convirtió en un requerimiento financiero permanente.
Otra de las leyes ‘costositas’, aprobadas en 2021, es la Ley 2094 del 29 de junio de 2021. Su fin fue “reformar la titularidad de la potestad disciplinaria y las funciones jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación e independencia de la acción”. Su costo ha sido calculado en 170 mil millones de pesos.
También generó costo para el Ejecutivo, la Ley 2080 del 25 de enero del 2021, con la cual, se creó la reforma el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. Por esta iniciativa se requieren 80 mil millones, de los cuales 65 mil millones constituyen un gasto permanente y 15 mil millones, transitorio.
De acuerdo con lo consignado por el Ministerio de Hacienda en el Marco fiscal, en 2021 fueron sancionadas 58 leyes que se presentan sin costo fiscal adicional.
En ese grupo encabeza la lista la Ley 2095 del 1 de julio de 2021, que avaló el convenio entre la República de Colombia y Japón para la eliminación de la doble tributación con respecto a los impuestos sobre la renta y la prevención de la evasión y elusión tributarias. Este tipo de iniciativas, por el contrario, pueden traer un costo fiscal significativo. Es el caso de Ley 2155 del 14 de septiembre de 2021, por medio de la cual se expide la llamada Ley de Inversión Social que se hizo en reemplazo de la reforma de Alberto Carrasquilla.
Otras leyes aprobadas por el Legislativo en 2021 son las que hacen referencia a la regulación del trabajo en caso, o a la expedición del presupuesto 2022 (el vigente) y la que garantiza la operación del Programa de Alimentación Escolar –PAE– durante el calendario académico.
En el Marco Fiscal, el Ministerio de Hacienda también destacó que 33 de las leyes nuevas sancionadas por el ejecutivo en la vigencia 2021, aunque tienen costo fiscal, “no se cuenta con información precisa para su estimación”.