En condiciones normales, la facultad para la fijación del precio de los combustibles es del Ministerio de Minas y Energía, según confirma el exministro del ramo, Amylkar Acosta. No obstante, las actuales no son condiciones normales y llevaron a un choque de trenes entre los ministros de Minas y de Hacienda.
Existe un déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) que se debe cerrar y la decisión del Gobierno ha sido aplicar un incremento gradual en el precio por galón de gasolina, hasta equipararlo con el precio internacional.
Durante el mes de octubre se hizo un pare y se pospusieron los incrementos, teniendo en cuenta que los taxistas son uno de los grupos que más consume gasolina, por lo tanto, son de los que más han aportado al cierre del hueco fiscal. Cada vez que compran el combustible caro, suman para emparejar las cuentas en ese fondo que se creó para que se protegiera al consumidor interno cuando el precio internacional estaba por las nubes. Pero, al mismo tiempo, están ahorcados en medio de una presión de la inflación que no está dejando margen para que recuperen los costos de operación.
Por esa razón, el Gobierno activó una estrategia que, hasta ahora, no se ha podido aplicar, y es la de subsidiar parte del incremento en la gasolina, a los taxistas, a través de un bono, para el cual tendrían que inscribirse en el RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito), como beneficiarios.
Hasta octubre solo van 50.000 inscritos, lo que llevó al ministro de Minas, Andrés Camacho, a decir que probablemente no se aplicaría el incremento en el precio de la gasolina en noviembre, a la espera de que subiera más el número de taxistas aspirantes al bono.
Poco tiempo después, el ministro de Hacienda dijo: “El incremento en noviembre se dará, como estaba previsto. Es más, las alzas ya no terminarían a final de año, como estaba previsto, para empezar en el otro año con el aumento del diésel, sino que probablemente habría que correr los tiempos”.
¿Quién se metió en el rancho del otro?
El exministro Acosta sostuvo que, “en la medida que el precio de la gasolina afecta el FEPC y el déficit de este afecta la estabilidad y el cumplimiento de la Regla fiscal (responsabilidad de Hacienda), debe compaginarse tal decisión entre el Ministerio de Minas y el Ministerio de Hacienda. Establecer el precio de la gasolina es una tarea del Ministerio de Minas”.
Es decir, al parecer, hubo teléfono roto, pues uno se fue por un lado y el otro por el otro, lo que sonó a choque de trenes.
Política de precios, ¿ha sido equivocada?
Durante la cumbre de petróleo y gas que se adelanta en Cartagena, el exministro de Minas Tomás Gonzáles, en nombre del Centro Regional de Estudios Energéticos (Cree), destapó un estudio alrededor de los precios de la gasolina.
González recordó que esa política en Colombia durante los últimos años “ha buscado proteger a los consumidores de las variaciones en los precios del mercado, pero este esquema ha tenido un alto grado de discrecionalidad y en coyunturas especiales ha generado distorsiones muy grandes en el precio final”.
Eso, con el agravante de que se sopla un déficit, que el año pasado llegó a 36 billones de pesos, mientras los subsidios son para beneficiar el 10 % más rico de la población, que se lleva casi el 50 % de los subsidios.
La sugerencia de González es que “la entrega de subsidios debería ser condicionada y contar con un componente general (inflación) y uno específico (consumo directo)”.
Pero, principalmente, contar con un precio libre, que evite los subsidios y ayudas públicas a los combustibles fósiles.