El pasado 21 de agosto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (TAC) admitió la demanda interpuesta por la Fundación para el Estado de Derecho, tras evidenciar un escenario complicado y preocupante en el sector energético del país. La demanda apunta a un mayor riesgo de pérdida de seguridad y soberanía energética para los hidrocarburos y el gas en el país.
Es preciso recordar que la entidad demandante viene alertando desde el mes de abril de esta situación, que se ha sumado a las advertencias que han hecho diferentes gremios presentes en el sector y quienes tienen mayores preocupaciones ante la disminución de las reservas de petróleo y gas en el país y el fantasma del desabastecimiento de esos energéticos.
En el comunicado publicado por el TAC se detalla que el pasado 29 de mayo de este año la Agencia Nacional de Hidrocarburos presentó su informe de reservas y recursos para la vigencia 2023, en el que se demostró cuál fue la disminución de las reservas del país en ambos frentes. En el documento se confirmó que las reservas probadas de petróleo y gas en Colombia vienen agotándose cada vez más y cada vez más rápido. Mientras las primeras pasaron de 7,5 a 7,1 años, las segundas cayeron de 7,2 a 6,1 años.
En dicha acción judicial se buscaría proteger “los derechos e intereses colectivos al manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales y al acceso a los servicios públicos de energía y gas, y los derechos de los consumidores y usuarios”, indica el comunicado.
Además de ello, precisan que al consultar las entidades accionadas, se encontró que aún no cuentan con un plan de acción frente a la inminente situación de desabastecimiento energético y que, además, el plan de reactivación de nuevos contratos ha tenido pocos resultados.
No firmar más contratos de petróleo y gas: la decisión que está condenando al sector
El demandante precisa que, luego de que la ANH presentara su informe, también se presentó un documento que contenía las medidas adoptadas para garantizar la gestión efectiva de las reservas y recursos contingentes de petróleo y gas. Entre las estrategias se encontraba la creación de un comité interinstitucional, además de la actualización normativa, la reconversión de la infraestructura física, entre otras que aún no se han implementado, y que ya habían sido anunciadas en la presentación del informe de 2022.
“En parte, esto se debe a la decisión del Gobierno nacional de no suscribir nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. Al consultar las entidades demandas por FEDe. Colombia (el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Unidad de Planeación Minero-Energética, Upme, Ecopetrol S.A. y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público), se encontró que, a la fecha, no existe un plan de acción ni un trabajo articulado por parte de las autoridades competentes”, destacan en el comunicado.
En la demanda además se asegura que la decisión del Gobierno nacional no está respaldada por estudios técnicos ni de impacto financiero, lo que pone en riesgo las finanzas públicas.
Sumado a ello, los planes que tiene el Gobierno con la cartera de Minas, de reactivar contratos suspendidos y mejorar el recobro, destinados a sustituir la economía fósil, no han mostrado resultados concretos.
“Se observó que el anuncio de importar gas de Venezuela fue improvisado por el Ministerio de Minas y el presidente de Ecopetrol”, indicó el alto tribunal, que destacó que el ministro Andrés Camacho mencionó que estaban trabajando en la recuperación del viaducto con Venezuela, pero días después afirmó que importar gas de ese país era inviable en todos los aspectos”, indicó el TAC.
También apuntaron a que la cartera de Minas elevó esa propuesta pese a que no contaban con la aprobación de la Ofac. “Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, afirmó que se estaban explorando con PDVSA las posibilidades del gasoducto transcaribeño para mitigar el déficit de gas”.