El senador del partido Centro Democrático Nicolás Pérez radicó en el Congreso de la República un proyecto de ley que pretende crear una prima de antigüedad.
La iniciativa aplicaría para aquellos miembros de la Policía que ya cumplen con el tiempo necesario para acceder al retiro por solicitud propia, pero que decidan seguir prestando su servicio a la institución.
“El personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional que cumpla el tiempo de servicio necesario para acceder a la asignación de retiro por solicitud propia y decida permanecer en servicio activo, tendrá derecho a una prima mensual durante el tiempo que permanezca en esa condición, para el personal ejecutivo de la Policía Nacional”, dice el artículo primero del proyecto.
El monto de la prima dependerá del cargo de los policías y se asignará de la siguiente manera:
- Patrulleros tendrán el 55 % del sueldo básico
- Subintendentes tendrán el 40 % del sueldo básico
- Intendentes tendrán el 30 % del sueldo básico
- Intendentes jefes tendrán el 25 % del sueldo básico
- Subcomisarios tendrán el 20 % del sueldo básico
- Comisarios tendrán el 10 % del sueldo básico
De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto, la prima de antigüedad se propone porque hay una escasez de personal en la Policía Nacional.
“Actualmente la Policía Nacional cuenta con 157.710 uniformados. Aunque esta cifra es significativa, representa una disminución del 12 % frente al pie de fuerza con que contaba la entidad hace cinco años, en febrero de 2016, cuando había 21.688 uniformados más”, dice el proyecto.
El senador Pérez sostiene que hay una tendencia, a excepción de los oficiales, de disminución de personal en todas las categorías de la institución policiaca.
“La disminución de suboficiales ha sido del 63 %, el nivel ejecutivo ha perdido a 9.272 personas, cifra con la cual se cubriría el déficit de policías de Bogotá, y actualmente hay 12.117 auxiliares de policía menos que los que había hace cinco años. De hecho, los 24.816 patrulleros que se incorporaron en este quinquenio no logran contrarrestar la salida de 32.058 miembros del nivel ejecutivo, de los cuales 22.070, el 68,8 %, lo hicieron por solicitud propia”, dice la iniciativa.
Según el senador del Centro Democrático, en la actualidad los miembros de nivel ejecutivo de la Policía Nacional no tienen incentivos que los motiven a permanecer en la institución una vez cumplen el tiempo para acceder a la asignación de retiro por solicitud propia.
“Muestra de ello es que, por ejemplo, mientras que 6.141 patrulleros se retiraron de la Policía bajo esta causal, tan solo 92 permanecieron en la institución dentro de los cinco años siguientes a haber cumplido el tiempo de servicio, tendencia que se repite con todos los demás grados del nivel ejecutivo”, dice el proyecto.
La falta de incentivos para que los miembros de la Policía Nacional sigan en la institución es “un riesgo latente para la sostenibilidad a mediano plazo del pie de fuerza del país”, según el senador.
“Dentro de los próximos cinco a diez años 29.157 uniformados que actualmente tienen entre 16 y 20 años de servicio cumplirán los requisitos para acceder a la asignación de retiro por solicitud propia, con lo cual, de mantenerse las estadísticas actuales, la deserción de personal afectará cada vez más la capacidad operativa de la Policía si no se adoptan medidas urgentes.
¿Cuánto cuesta la medida?
Sobre el costo fiscal de la iniciativa, el proyecto de ley no es claro y no especifica el monto total de la medida, ni siquiera expone cuánto es el valor que se debería invertir para pagar la prima de antigüedad a cada uno de los ejecutivos de la Policía Nacional.
Lo que expone el senador Pérez en este ámbito es que la medida es “más económica” que entrenar y capacitar nuevo personal.
“Frente al impacto fiscal que tiene esta iniciativa hay que tener en cuenta varios aspectos. En primer lugar, sale más costoso y demorado la formación de los nuevos uniformados que arrancan desde cero que la adopción de esta prestación para los más experimentados. En segundo lugar, como se vio anteriormente, la relación de nuevas incorporaciones no está logrando contrarrestar el flujo de personal que se está retirando de la institución por decisión propia, lo que pondrá en jaque la sostenibilidad del pie de fuerza del país si no se adoptan incentivos de esta naturaleza para motivar a los uniformados a permanecer en la Policía”, dice el proyecto.
La iniciativa resalta que el Gobierno nacional obligatoriamente debe financiar la asignación de retiro de los policías que cumplan con el tiempo de servicio y se retiren por decisión propia, razón por la que, haciendo un esfuerzo presupuestal adicional, se garantiza “un pie de fuerza sólido para garantizar la seguridad del país y, adicionalmente, equiparamos las inequitativas condiciones prestacionales entre oficiales, suboficiales y miembros del nivel ejecutivo”.