Imagine el siguiente diálogo de la vida real. Docente de quinto grado de un colegio oficial de una cabecera municipal: “Estoy interesado en las tutorías virtuales gratuitas de inglés para mis estudiantes, programa TuTutor”. Yo respondo: “Claro. Tenga en cuenta que los requisitos son que los niños y niñas sean de bajos recursos y que cuenten con conectividad”. El docente dice: “Sí, todos están en Sisbén B y más o menos la mitad tiene acceso a internet”. Yo agrego: “Muy bien. Nos ayudaría mucho si nos contactara con el profesor de inglés para saber qué están viendo en clase”. Él me dice: “Yo soy el profesor de inglés”. Yo pregunto: “¿Y qué temas están viendo?”. Él responde: “Ninguno, pues yo no sé inglés...”. Me siento contrariada. El docente lo percibe y continúa como acostumbrado a una realidad inaudita y con la paciencia propia del maestro: “Yo soy el profesor de casi todas las materias: matemáticas, sociales, español, ciencias y también inglés, que está por obligación en el currículo. Hago lo que puedo, pero no milagros”.
Este es un retrato de la inequidad del país en términos educativos. Mientras que algunos niños tienen la fortuna de contar con colegios con buena infraestructura, de jornada completa, en los que cada asignatura es dada por un profesor que se puede especializar en un tema, con materiales de apoyo propios para la enseñanza, comida sana, apoyo psicosocial y clases de refuerzo personalizadas, otros menores, sin embargo, que son casi el 70 por ciento de todo el estudiantado, no cuentan con esa “suerte”, la cual casi siempre se determina por el hogar donde nacen.
La desigualdad en las oportunidades educativas se refleja de manera imperfecta pero contundente en las pruebas Saber 11. Por ejemplo, en el año 2022, solo 2 de cada 100 estudiantes en colegios oficiales obtuvieron un puntaje de 349 o más, que es el puntaje exigido por el programa-beca Generación E-Excelencia. En contraste, en los colegios calendario B, 25 de cada 100 estudiantes alcanzaron o superaron este puntaje. La brecha es dramática, agravada por el hecho de que los desertores del sistema educativo son invisibles en las estadísticas de Saber 11.
Debe haber una reivindicación social con la educación como contrato social: desde la primera infancia, pasando por la educación básica y la media, hasta llegar a la superior. ¡En ese mismo orden de importancia! Para nivelar la balanza, se requiere invertir fuertemente en la formación integral de los niños, niñas y adolescentes (NNA). Proporcionar cobertura en la atención a la primera infancia, infraestructura para escuelas especialmente en áreas vulnerables, jornada única, capacitación y apoyo a los docentes, así como favorecer los entornos de recreación, salud y bienestar escolar, entre otras acciones.
Estas soluciones no son un secreto para nadie. Fueron ampliamente discutidas en la campaña presidencial. Sin embargo, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que se discute en la actualidad, y que es la ruta del Gobierno, se incluyen de manera insuficiente (cuando se incluyen). Lastimosamente, el sector educativo no parece contar con la suficiente voluntad política ni presupuestaria que corresponda con la gravedad de la situación. Se requieren cerca de 17 billones de pesos anuales (desde 2023 a 2030), adicionales a la asignación del Sistema General de Participaciones, para aproximarse a la atención integral que merecen los NNA del país. Si verdaderamente se quieren cambiar las realidades educativas inauditas, el Gobierno colombiano debe ser más contundente con el apoyo que se le da a la educación en el PND.
*Estimaciones de un estudio de costeo de la Ley de Infancia y Adolescencia, junto con Save the Children.