El Gobierno nacional espera radicar ante el Congreso de República el proyecto de reforma laboral el 16 de marzo. Y durante el mes de enero, el Ministerio de Trabajo, en conjunto con los sindicatos y empresarios, se han sentado para la construcción del texto.
Los recargo nocturnos y dominicales han sido parte del centro de la discusión, pues, por una parte, el Gobierno nacional ha propuesto que comience desde las 6:00 de la tarde hasta las 6:00 de la mañana, sin embargo, los sindicatos y empresarios han advertido los sobrecostos que podrían tener. Con la propuesta también se busca que el recargo por laborar un domingo o festivo no sea del 75%, sino que suba al 100%.
Por su parte, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) dio a conocer algunos aspectos que consideran claves para la elaboración del proyecto. Expresa el gremio que los puntos que proponen están orientados a reducir costos al sector productivo, favorecer la inversión y la generación de empleo, al igual que combatir la informalidad y potenciar la flexibilización laboral, sin precarización en los derechos de los trabajadores.
Proponen en torno a la reforma que las jornadas laborales especiales se establezcan en coherencia con la demanda de bienes y servicios, y la capacidad de la infraestructura urbana, teniendo como marco de referencia el funcionamiento de las actividades económicas.
“Se propone que, para efectos de las actividades que se desarrollan en horario nocturno y solo para ellas, se ajuste el tratamiento para eliminar el recargo por trabajo nocturno con un límite laborable en ese horario, como se recoge en la legislación comparada. El trabajo nocturno permite aprovechar infraestructuras urbanas, acercar la producción de bienes y la prestación de servicios a las necesidades de los consumidores y, en consecuencia, generar nuevos puestos de trabajo”, indican.
En lo relacionado con el trabajo de tiempo parcial, considera que este debe formalizarse y que al darse esta medida, muchas personas que tienen un empleo de estas características podrían acceder a los beneficios del trabajo formal, con prestaciones proporcionales a lo devengado.
“Negar esta posibilidad impide el acceso de personas desempleadas al mercado formal a través de contratos a tiempo parcial y, a la vez, limita las posibilidades de desarrollar actividades económicas lícitas por parte de los empleadores, que permitirían garantizar mayores recursos para dinamizar la economía”, recalca.
Otra de las preocupaciones de los sindicatos y empresarios, que fue expresada al Ministerio de Trabajo, tiene que ver con los contratos por prestación de servicios y que estos no deben desaparecer en su totalidad, siempre y cuando sean bien utilizados, como lo dicta la ley, pues no es desconocido que en Colombia a este tipo de contratos no se le han dado el mejor manejo; de hecho, el Gobierno nacional es consciente que este ha aumentado la precarización laboral.
Según argumentación de la presidenta de Acopi, en diálogo con SEMANA, los contratos de prestación de servicio no se deben acabar, puesto que, “tanto el sector público como el privado los necesitan”. En el caso de las pequeñas empresas que hacen parte del gremio, agregó que lo que si apoyarán es que se utilice, como debe ser, “para temas muy especializados. Pero se requieren muchos análisis, pues, se puede tener una persona como asesora durante muchos años. Si no cumple horario ni subordinación directa, no tendría por qué restringirse su contratación reiterada. Se debería poder contratar por prestación de servicios por mucho tiempo”, indicó.
Uno de los ejemplos específicos en relación con ese punto, según afirmó Quintero, está dentro del mismo gremio de microempresas. “Nosotros no tenemos la capacidad económica para contratar de manera permanente la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, buscamos externos que nos prestan el servicio”.