Entre los temas que se han discutido en la reforma laboral, el derecho de quienes trabajan a través de plataformas digitales ha sido un punto que ha logrado consenso en un ambiente legislativo intenso.
Aunque el proyecto de ley avanza en garantizar seguridad social para los trabajadores de aplicaciones como Rappi o Domicilios.com, otros empleados de plataformas como Uber, Cabify o DiDi no son considerados, un contexto que refleja la falta de regulación para el servicio de transporte particular, sector que sigue operando en una especie de limbo legal.
¿Qué es lo que se propone?
La sección de la reforma laboral dedicada a este sector explica que un trabajador digital en servicios de reparto es una persona que, mediante el uso de plataformas digitales, presta servicios solicitados por un usuario. Por su lado, las empresas de plataformas digitales de reparto son personas naturales o jurídicas que operan y administran el software o aplicaciones móviles a través de las cuales se ofrecen estos servicios.
A partir de estas definiciones, se estableció la columna vertebral de este proyecto: implementar un orden laboral que permita a los repartidores elegir entre dos modalidades de trabajo, dependiente o independiente.
En el primer caso, los repartidores obtendrían cobertura plena en el sistema de seguridad social, mientras que en el segundo, la empresa asumiría el 60 % de las cotizaciones a salud y pensión, además del 100 % de riesgos laborales. Por otro lado, la reforma también exige que las empresas registren a los trabajadores en plataformas y reporten sus horas efectivas al Ministerio del Trabajo, promoviendo así mayor transparencia en las condiciones laborales de este sector.
Sobre esto, José Daniel López, presidente de la asociación gremial que representa a las principales plataformas digitales en el país (Alianza IN), explica que este avance parte de la colaboración entre el Ministerio del Trabajo y los gremios de plataformas digitales de reparto, un esfuerzo que busca garantizar la seguridad social para miles de repartidores.
Al preguntar sobre las diferentes condiciones entre ambos sectores digitales, Jorge Díaz, conductor de Uber, señaló que, incluso antes de debatir su participación en cualquier reforma, la discusión debería centrarse en por qué aún no se ha definido la regularización de carros particulares como prestadores de servicio de transporte.
“El problema principal es que, aunque las aplicaciones son legales, el uso de carros particulares para prestar el servicio no lo es. Un taxi que trabaje con Uber por ejemplo –que ya muchos hacen parte de la mayoría de plataformas– puede operar sin problemas, pero un carro particular enfrenta multas e inmovilización”, aseguró Díaz.
Además, el trabajador comentó que, en su opinión, uno de los grandes desafíos para que este diálogo avance son los intereses particulares que podrían oponerse al cambio. “Además de los parqueos en áreas restringidas, el segundo motivo de más comparendos son los carros que trabajan en plataformas...”, señaló, sugiriendo que este es un negocio rentable para algunos sectores que podrían preferir mantener el actual esquema regulatorio.
¿Por qué persisten las plataformas de movilidad?
A pesar de que ya se han presentado iniciativas para regularizar esta situación, esto no solventa que la situación laboral cada vez invite a más colombianos a sumarse a estas dinámicas de trabajo alternativas.
Mauricio, conductor de Uber desde hace casi ocho años y tecnólogo en sistemas, defiende que la permanencia de este tipo de actividades, a pesar de su falta de regulación, se debe a los beneficios que les ofrece a sus colaboradores. “La plataforma permite flexibilidad y un ingreso decente. He visto incluso ingenieros que por falta de experiencia deben contentarse con un salario de 2 millones de pesos. Desafortunadamente yo, como muchos, me he visto en la necesidad de combinar el servicio de transporte con otros trabajos para completar el ingreso que necesito”.
Sobre esto, Jorge, que además de laborar con Uber es propietario de un taxi en Bogotá, resaltó que con la llegada de una regulación en el sector de movilidad, esto podría impulsar la formalización del empleo. “Hace cuatro años la ley obligó a los taxistas a pagar seguros de ARL y salud para sus conductores. En plataformas no es el mismo caso, pero pudiera ser un ejemplo de cómo la formalidad alcanzó un sector tradicionalmente informal”.
Retomando el debate sobre los empleados en servicio de domicilio, Álvaro Quina, vicepresidente de la Asociación de Domiciliarios Independientes de Aplicaciones (ASDIAPP), destaca que la reforma cumple con un antiguo pedido del gremio de repartidores. “Hoy las condiciones de nuestro sector se caracterizan por una actividad que genera ganancias, pero que no cuenta con una seguridad social que respalde a los trabajadores. Ese es el principal objetivo a alcanzar, junto a garantizar una remuneración decente”, explica.
Así mismo, destaca que el presente proyecto, que aporta a alcanzar estos puntos, también es proactivo en la protección de por lo menos 120 mil domiciliarios, solamente en Bogotá, que dependen de estas plataformas.
En medio de este escenario, el proyecto de reforma laboral sigue en proceso, esperando su tercer debate en las próximas semanas. ¿Es esta reforma el avance que necesitan los trabajadores digitales, o sigue siendo una propuesta limitada en un contexto en donde las plataformas se siguen consolidando como una opción laboral creciente en el país?