Una nueva polémica se ha desatado en el país por cuenta del proyecto de Ley de la Reforma Laboral, tras ser radicado para su estudio y aprobación en el Congreso de la República.
El borrador ha suscitado en las últimas horas una lluvia de críticas, las cuales se centran, en su gran mayoría, en los impactos negativos que podría ocasionar al empleo y la formalidad en el país. Entre quienes han alzado su voz de advertencia se encuentra el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, que sostiene que el documento “no fue concertado” y que lo contemplado en un incremento en los costos laborales que oscilaría entre 30 % y 35 %.
“Tan solo algunos artículos, de los casi cerca de 80 que contiene el proyecto, fueron acordados por las partes”, expresó el vocero de los comerciantes, quien sostuvo además que de prosperar la reforma, tal y como fue presentada ante el Legislativo, los que hoy se encuentran desempleados y que son más de 3 millones, les “será cada vez más difícil acceder a las oportunidades de trabajo formal”.
SEMANA consultó a Juliana Morad, codirectora del Observatorio Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, en relación con el articulado que ha despertado más preocupaciones que certezas, especialmente entre el sector productivo nacional, donde se evidencia que gran parte de las inquietudes que ha generado la reforma son compartidas.
Entre los puntos que preocupan se encuentra la jornada laboral, las indemnizaciones por despido sin justa causa y el recargo dominical y festivo. En el caso del primero, se contempla que comience desde las 6 de la tarde; el segundo, no será inferior a 45 días de salario; y el tercero, aumenta el pago al 100 % frente al 75 % que es como se encuentra actualmente. Sostiene que estos elementos agregarán un mayor peso sobre los costos laborales de las empresas, donde las micro, pequeñas y medianas serán las más perjudicadas.
“Yo me atrevería a decir que por allí no es el camino. Si se quiere generar mayor empleo y formalidad, flexibilice costos de cara, al menos, al gran empleador colombiano como son las pequeñas y medianas empresas”, indicó.
De acuerdo con información de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), las mipymes representan más del 99 % de las empresas del país, generan aproximadamente 79 % del empleo y aportan 40 % al producto interno bruto (PIB). Con base en estos indicadores, es por lo que Morad considera que el articulado, si bien apunta a unas necesidades, no está alineada con los problemas estructurales como son el empleo y la formalidad, los cuales podrían agravarse si no se hacen ajustes al documento de la reforma.
“El proyecto de Reforma Laboral responde a unas necesidades del campo colombiano, de la población migrante y a unas facilidades en trámites para los trabajadores en plataformas en cuanto a cobertura en seguridad social. Pero no responde a los niveles de desempleo e informalidad, agregados, sobre todo, por los costos que le va a imponer al gran empleador del país, como son las micro, pequeña y mediana empresa”, apuntó.
A esto, suma que el proyecto de Ley pareciera desconocer el contexto económico global y nacional, derivado de los impactos de la pandemia y los riesgos de una recesión, factores que son necesarios para llevar a un buen término el estudio de la iniciativa, pero que, sin embargo, no se reflejan en las acciones que se pretenden implementar en pro de las empresas.
“La economía macro nos muestra unos ingredientes que van a impactar negativamente la productividad del país y, por supuesto, en los niveles de empleo. Ya se sumaron unos costos con la reforma tributaria y ahora vamos a agregar a este caldo de cultivo, más costos con una reforma laboral. Creo que esto puede perjudicar el empleo de una generación, la joven”, puntualizó.