El gobierno del presidente Gustavo Petro no ha completado tres meses y, desde que comenzó, no han parado de surgir las críticas por sus planes para cambiar la forma en la que se venían haciendo muchas cosas en el país, especialmente frente a temas como la transición energética, la exploración de hidrocarburos, el sistema de pensiones, la situación actual de los trabajadores y hasta en el pago de impuestos. Esta última es su batalla principal en este momento, con la reforma tributaria.
Si bien lo que propone el mandatario de los colombianos está encaminado a cerrar la brecha de pobreza, garantizar un empleo digno para miles de trabajadores, meterle la mano al bolsillo a los más ricos y proteger el medioambiente, las quejas de quienes no están de acuerdo con sus planes radica, en su mayoría, en el modo en el que pretende realizarlas, ya que terminaría afectando seriamente la economía.
En lo que respecta a la reforma tributaria y laboral, los empresarios advierten que será un duro golpe a la productividad del país y que no es conveniente para los tiempos de recesión que se avecinan por culpa de la inflación. Por el lado de la transición energética, los expertos señalan que se está desconociendo la vocación petrolera de la nación y su dependencia de esta industria, lo que deprimirá seriamente la economía, trayendo consecuencias como lo que pasó recientemente con el precio del dólar y su disparada casi hasta los 5.000 pesos.
Asimismo, en el tema pensional, los fondos privados denuncian que esto lo que busca es meterse con los ahorros de aquellos trabajadores que se han esforzado toda su vida para tener una vejez digna, para poder tapar el hueco que actualmente hay en Colpensiones, gracias a un modelo que, con el paso de los años, ha demostrado que es insostenible y que solo sirve para pagar las megapensiones de un pequeño grupo de personas.
Las críticas que llegan desde Estados Unidos
En un reciente balance sobre la situación actual de Colombia, publicado esta semana, el Bank of America (considerado el segundo más grande de Estados Unidos), aseguró que esta iniciativa, tal y como se contempla actualmente, “tiene implicaciones similares en el balance corriente estructural que la reforma energética”.
“Ambas empeoran la cuenta corriente. La razón es que conducirá a menores ahorros. La reforma previsional propone desviar los aportes previsionales de todas las personas que ganan 4 salarios mínimos o menos de las AFP a Colpensiones. El flujo de aportes desviados rondaría los COP 21bn (1,5 % del PIB). Ese dinero -según el plan del gobierno- se utilizaría para pagar una pensión mínima de COP 500k (medio salario mínimo) a 3 millones de adultos mayores que actualmente no tienen acceso a pensiones (costo anual de COP 18bn)”, dice el informe del BOA.
Esta autoridad financiera explica que el “truco es que la cuenta corriente es igual a los ahorros menos la inversión” y recuerda que “esta es una identidad contable, no una proposición (como decir que la educación reduce la pobreza)”. Según lo indicado en el texto de este análisis, la diferencia fundamental entre las AFP y Colpensiones es que las primeras acumulan ahorro privado y las segundas no.
“A pesar de que el número de personas que aportan a las AFP es solo 3 veces mayor. De manera reveladora, el presupuesto de Colpensiones 2022 incorpora una transferencia de COP 12,1 billones del gobierno para cubrir los gastos. Es decir, sin esa transferencia, Colpensiones registraría una pérdida de COP 12,1bn (US$ 2.500mn) en su estado de resultados anual de 2022″, agregó.
Pese a que reconoce que esta iniciativa no está aún en proceso de aprobación, el Bank of América sostiene que es necesario revisar la forma en la que está estructurada actualmente, ya que (tal y como se ha dicho desde otros sectores) no se están analizando todas las implicaciones que podría traer para la economía nacional, especialmente en lo relacionado con la protección de la vejez.
“Otra implicación preocupante es que sin el ahorro privado acumulado todos los meses en las AFP, habría una reducción significativa en la demanda de bonos TES. Las AFP invierten el 23 % de sus AUM en TES. Estimamos que la reducción en la demanda de TES sería de alrededor de 0,35 pp del PIB (US$ 1.000 millones) al año”, concluyó este informe.