Goldman Sachs, una de las bancas de inversión más importantes del mundo, ha puesto sus ojos en la Reforma Pensional que impulsa el Gobierno del presidente Gustavo Petro, donde plantea las dificultades que podría representar esta iniciativa para la economía y, especialmente, para las finanzas públicas del país.
Su análisis del tema arranca con una panorámica del desempeño de la economía colombiana, resaltando el menor ritmo de crecimiento o desaceleración del Producto Interno Bruto (PIB) que registra desde finales del año pasado y que se han mantenido en los primeros meses del 2023, advirtiendo que esta tendencia se irá acentuando más con el transcurrir del presente año.
“El crecimiento del PIB real se está moderando. El consumo de los hogares, principal motor de la actividad durante la vigorosa recuperación pospandémica, ahora se está desacelerando claramente”, señala.
Luego, destaca la incertidumbre política que envuelve actualmente al país en torno a las reformas que impulsa el actual Gobierno, y que suponen “un riesgo para la recuperación de la inversión privada”. Esta situación, sumada a la alta inflación, tasas de interés en aumento y condiciones financieras más estrictas, harán mayor peso sobre el crecimiento de la economía.
“En nuestra opinión, la mayor incertidumbre política que emana de las ambiciosas reformas ya aprobadas, una postura ambivalente hacia el otorgamiento de nuevos contratos de exploración de hidrocarburos y la expectativa de reformas políticas agresivas adicionales (por ejemplo, reformas de pensiones, laborales y de salud) finalmente afectarán la actividad, especialmente las inversiones (tanto nacionales como extranjeras)”, indica.
A lo anterior, se le agregan las perspectivas fiscales del país y que a juicio de Goldman Sachs “siguen siendo difíciles” pese a que las proyecciones oficiales ubican el déficit en 5.5% y 3.8% del PIB para el 2022 y 2023, respectivamente. Esto se debe en parte a que se prevé un aumento en el gasto público (hasta el 18.3% del PIB), pero también en el plan de financiación del Gobierno que se ha caracterizado por un mayor impulso en las emisiones de TES, donde el stock en circulación “asciende al 31% del PIB, y la deuda interna total asciende al 35% del PIB”.
Y es precisamente, en este último aspecto (el de los TES) donde se centran las observaciones que realiza la prestigiosa banca de inversiones respecto a la Reforma Pensional, debido al que una tajada importante de estos títulos de deuda pública expedidos por el Gobierno nacional están en manos de las administradoras de fondos de pensiones privadas (AFP), por lo que desviar los flujos que manejan estas entidades “constituye un riesgo fiscal importante para el plan de financiamiento del gobierno”.
“Las AFP aumentan significativamente su posición en un bono TES determinado en COP$0,54 billones dentro de una semana de una emisión de COP$1 billón. Por lo tanto, las AFP son compradoras activas de bonos cada vez que el gobierno recurre a los mercados locales”, resalta.
Ahora bien, en lo que se ha dado a conocer sobre la iniciativa se señala que se realizará un direccionamiento de las contribuciones individuales de quienes ganen hasta cuatro salarios mínimos al sistema público de reparto. Es decir, que los trabajadores que coticen en los fondos privados hasta ese rango, pasaran a ser administrados por Colpensiones, donde hay que destacar que el grueso de los cotizantes en el país lo hacen sobre la base de un salario mínimo, lo que mellará significativamente en los ingresos de las AFP y esto a su vez impactaría en una reducción en la demanda de TES por parte de estas entidades.
“Nuestros resultados indican que el rendimiento de la deuda local aumentaría entre 43 y 77 puntos básicos, lo que supondría un aumento implícito de los costes de financiación del Gobierno de entre el 0,1% y el 0,2% del PIB”, subraya.
En definitiva, Goldman Sachs considera que el país “debería buscar un ajuste fiscal más significativo para reducir su deuda” a fin de construir “resiliencia fiscal y reequilibrar la economía”, al tiempo que advierte que “una reforma de pensiones mal construida que socava una fuente confiable de la financiación a largo plazo, supone un riesgo considerable para el plan de financiación local del gobierno”.