Alrededor del millonario gasto público en pensiones es frecuente culpar al régimen de prima media que administra Colpensiones y en el que todos los jubilados son subsidiados. Sin embargo, aunque se les puso fin a otras formas mucho más generosas para pensionarse que existieron en el pasado, aún queda un saldo de beneficiarios que se lleva la mayor tajada de la plata del sistema pensional.
En la reforma al sistema que radicó el Gobierno no se tocó ese tema, puesto que, de los muchos regímenes que existieron, entre especiales y exceptuados, solo quedan activos dos, y son el del presidente de la república y el de las Fuerzas Militares. “Todos los regímenes especiales anteriores a la Ley 100 se están marchitando, incluyendo el de los docentes” confirmó el Ministerio de Hacienda.
El problema está en el gasto de quienes sí lograron obtener esos beneficios especiales y están por pensionarse, ya se pensionaron o ya murieron y heredaron su pensión a sus parejas o hijos con condiciones especiales. Cubrir a ese grupo que aún queda de regímenes antiguos que, por demás, motivó muchos actos de corrupción, implica una onerosa factura al presupuesto de la nación.
Gastan más que el Régimen de Prima Media
El investigador Óscar Becerra, de la Universidad de los Andes, calcula que el gasto en pensiones equivale a entre 3,5 y 4 por ciento del producto interno bruto (PIB) y 2,3 por ciento se lo llevan los regímenes especiales, que además son “típicamente para personas de ingresos altos”.
Según el Ministerio de Hacienda, en el Presupuesto de 2023 se destinaron 55,9 billones de pesos al pago de mesadas pensionales, 5,2 billones más que lo que se asignó en 2022, esto, por el ajuste en el salario mínimo, que fue de 16 por ciento, y gran parte de las pensiones (el 60 por ciento) sube con ese indicador. Las demás, y particularmente hay que resaltar las que vienen privilegiadas desde el pasado y quedaron con mesadas por encima de 25 salarios mínimos, se reajustan con la inflación, que también fue alta y cerró el año pasado en 13,12 por ciento.
Para establecer un punto de comparación con el muy sonado régimen de prima media, hay que señalar que, para Colpensiones, se programaron 19,4 billones de pesos del Presupuesto de 2023, frente a 17,5 billones en 2022, los cuales están dirigidos a atender una nómina pensional que pasó de 1,55 millones a 1,61 millones de personas de un año a otro.
Los otros regímenes suman 837.861 beneficiarios, entre pensionados y retirados de las Fuerzas Militares, y en la vigencia anterior requirieron una asignación presupuestal de 27,1 billones de pesos, según datos de la cartera de Hacienda.
El espejo retrovisor
Al mirar el origen del costo de esos esquemas especiales de pensiones que aún siguen demandando grandes sumas de dineros públicos, evidencia los privilegios que se atribuían los que hacen las leyes en el país y que los trasladaban al Poder Judicial para evitar así que se tumbaran las normas. De esta manera, se crearon regímenes especiales y exceptuados.
Los primeros eran aquellos que no encajaban en el sistema tradicional, administrado por el Seguro Social (ISS). Los segundos estaban dirigidos a los que ostentaban altos cargos en el sector público: presidente, congresistas, magistrados de las altas cortes, fuerza pública (militares y policías), rama judicial, docentes (amparados por la Ley 91 de 1989), trabajadores del orden nacional, territoriales y de empresas industriales y comerciales del Estado (territorial o nacional). En general, se trataba de servidores públicos a los que se les aplicaban la Ley 33 de 1985 o la Ley 71 de 1988, entre otras.
Se pasaron por la faja hasta la Constitución
Cuando se reformó la Constitución, en 1991 se buscó corregir ese profundo desequilibrio y se estableció que la seguridad social era “un derecho económico, social y cultural, al cual se accede mediante la prestación de un servicio público de carácter obligatorio e irrenunciable bajo la dirección, la coordinación y el control del Estado, sujeto a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad”.
Pese a ese mandato, en 1992 surgió una ley que creó un régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso y de la fuerza pública. Incluía beneficios en ingresos, como prima de entre 30 y 60 por ciento, pero en términos pensionales era todo un régimen especial.
Por ejemplo, la pensión no podía ser inferior al 75 por ciento del ingreso mensual promedio percibido por todo concepto durante el último año, y se reajustaba cada año con el salario mínimo, mientras que el resto de colombianos se pensionan en promedio con 60 por ciento del ingreso recibido en los últimos diez años laborados.
Leyes posteriores volvieron a insistir en la reorganización de los derechos pensionales y, por ejemplo, la Ley 100 de 1993 borró a muchos de la lista de privilegiados y solo dejó exceptuados al presidente, las Fuerzas Militares, los docentes y los trabajadores de Ecopetrol, estos últimos son un caso aparte. Entre 1993 y 2005, cuando se expidió un Acto Legislativo que acabó con todos los regímenes especiales, salvo el del presidente y las Fuerzas Militares, fueron muchos los que siguieron abonando –por transición– para sus gordas pensiones.
Los datos del Ministerio de Hacienda muestran que hay 288.120 miembros de la fuerza pública que ya gozan de su retiro, cuyas mesadas costaron 8 billones de pesos en 2022. Según las normas, por la naturaleza del servicio que prestan, tienen una manera distinta de pensionarse. Así, un policía o un militar se pensionan con 75 por ciento sobre el último sueldo al momento de solicitar el beneficio.Existe también el Fopep (Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional), que se creó en reemplazo de la Caja Nacional de Previsión (Cajanal), liquidada tras una persistente “desorganización e ineficiencia, que generaron espacios de corrupción, afectaron a los afiliados y futuros pensionados”, según el documento en el que se oficializó su defunción.
En el Fopep, incluyendo a los presidentes, sobreviven 300.174 pensionados a quienes les pagaron el año pasado mesadas que sumaron 11 billones de pesos.
Cabe recordar que ese fondo paga las pensiones de 38 cajas que actualmente administra la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales (UGPP), entre ellas Foncolpuertos y Caprecom, que dejaron una estela de recuerdos de escandalosos desfalcos, muchos relacionados con cobros millonarios de pensiones e indemnizaciones sin fundamento.
De igual manera, está el Fondo del Congreso (Fonprecon), en el que permanecen 729 pensionados con asignaciones que requirieron 200.000 millones de pesos.
En el caso del régimen especial del Magisterio, que está en marchitamiento, pero aún tiene obligación con 228.558 pensionados, en 2022 se requirieron 7,2 billones de pesos para pagar mesadas.
En cuanto al régimen pensional de Ecopetrol, según recuerda César Loza, presidente del sindicato más famoso de la petrolera (USO), fue establecido por convención colectiva y se denominó Plan 70, porque el trabajador sumaba puntos con la edad y el tiempo de trabajo.
De esa manera, si tenía 45 años y había trabajado 25, se podía pensionar, y con el 75 por ciento de lo devengado en el último año. Eso terminó en 2005, pero quedan pensionados usufructuando ese beneficio.
De cara a una nueva reforma pensional en trámite, no se puede olvidar que las desigualdades en términos pensionales son parte de lo que vuelve al sistema insostenible y constituyen caldo de cultivo para la protesta social.