La reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro recibió un visto bueno parcial del Comité Autónomo de Regla Fiscal (Carf), que son los encargados de hacer cumplir la ley de regla fiscal, la cual tiene el objetivo de ser el vigilante para que el déficit de la nación no se agrande más allá de las posibilidades.
Según el Carf, lo bueno de la reforma pensional es que “elimina el arbitraje que existe actualmente entre regímenes pensionales, disminuye los subsidios a las pensiones altas y amplía la cobertura”. Pero, además, según resaltó el equipo de expertos, “incluye un componente solidario financiado con el Presupuesto General de la Nación, que, si bien incrementará las obligaciones de gasto futuras y la inflexibilidad del gasto público, genera un mayor esquema de protección al adulto mayor”.
Con ese preámbulo, el comité autónomo puso sobre el tapete un tema que ya otros expertos han mencionado también y es el de la sostenibilidad fiscal, es decir, ¿habrá plata para hacer realidad el contenido de la reforma pensional?
Así las cosas, el equipo de expertos propuso una serie de cambios, el primero de los cuales se refiere al umbral del pilar contributivo a Colpensiones, que, hasta el momento, plantea que de los fondos privados se pasarán los cotizantes de hasta 3 salarios mínimos para Colpensiones, lo que constituirá el segundo pilar del esquema de aseguramiento, pues el primero es el solidario.
Para el Carf, dicho umbral debe ser solo de 1 salario mínimo, lo que deberá combinarse con el ahorro del 100 por ciento de las cotizaciones que se pasen a Colpensiones (por ahora no se ahorran, por lo cual, siempre el Estado debe poner plata para financiar a Colpensiones, con recursos del presupuesto general, es decir, los que aportamos todos los colombianos).
Y una tercera propuesta de modificación, por parte del Craf, es blindar los recursos de manera tal que “no sea posible utilizar los que se pongan en el Fondo de Ahorro para financiar el pilar semicontributivo, más allá de lo cotizado por los beneficiarios”.
Pero, no es todo, el comité propone “que se garantice que el Fondo de Ahorro sea administrado por gestores profesionales, con incentivos adecuados para maximizar el retorno de las inversiones”.
Cifras que asustan
Las cifras que el Comité Autónomo de Regla Fiscal pone para sustentar sus recomendaciones son alarmantes. Si la reforma pensional se hace es, en parte, porque financiar las pocas pensiones que hay es algo insostenible, con el actual proyecto legislativo el hueco que señala lo deficitario del modelo de aseguramiento para la vejez será aún mayor. “Se estima que, sin la reforma, el valor presente neto de los flujos netos del Gobierno a Colpensiones por el pilar contributivo, al 2100, ascendería a -132,5 % del PIB. Con el proyecto de ley radicado llegaría a -160,5 % del PIB”.
En concepto de el Craf, el costo fiscal de la reforma tiene todo que ver con el Fondo de Ahorro. Así, na caída de 1 punto porcentual en la rentabilidad sobre los recursos acumulados en el mencionado fondo, implicarían un mayor costo, de hasta 12 % del PIB y el Fondo se agotaría 9 años antes de lo previsto, dicen los expretos.
Entre tanto, con un subsidio en el pilar contributivo a toda la población pensionada, reducir el umbral de 3 SMMLV a 1 SMMLV representa un ahorro fiscal en el VPN de la reforma cercano al 20% del PIB (COP 300 bill de hoy). Esto sin tener en cuenta los efectos que el riesgo de longevidad causa sobre las estimaciones
Cinco riesgos de la reforma a la salud
El Comité Autónomo de Regla Fiscal también se refirió a las reformas a la salud y al Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles Fepec.
Del proyecto de ley que busca transformar el modelo de atención en salud, el equipo de expertos manifestó que requerirá entre 4 y 7 billones de pesos anuales, cifra que obtiene de los cálculos oficiales, por lo cual, el Craf advirtió sobre cinco riesgos que avisora.
1. Costo de atención primaria: Podría ser mucho mayor de lo inicialmente previsto.
2. El esquema de oferta: generaría pérdida de capacidad para limitar el costo de los servicios de salud por falta de alineación de incentivos entre quienes prestan el servicio y lo pagan.
3. Regiones: habría una insuficiente capacidad para la gestión de recursos en esas zonas del país.
4. Gestión del riesgo: la nación asumiría mayores riesgos inherentes a la prestación del servicio, lo que antes era compartido con el sector privado.
5. Lo jurídico: la indemnización previa y plena por demandas que aleguen privación de ejercicio de actividad legítima.
¿Y el subsidio a los combustibles?
Entre tanto, sobre el incremento gradual que el gobierno viene aplicando en el precio de la gasolina, con el cual, se busca reducir el hueco de 36 billones que tenía el fondo que financió subsidios al precios cuando en el exterior el petróleo estaba caro, el Craf dijo que era una medida apropiada.
El estimativo es que el déficit del Fepec bajará a 26 billones en la actual vigencia, cifra que, no obstante, sigue siendo elevada.
En ese contexto, el Craf destacó el mensaje, según el cual, se dará inicio al incremento en el precio del ACPM, lo que se hará en la segunda mitad del año.