Después de dos meses de haberse iniciado la actual agenda legislativa del Congreso, la reforma pensional, que fue aprobada en la Comisión Séptima del Senado, entra a plenaria de esa Corporación.
El proceso no inició antes porque el 13 de septiembre era la fecha indicada para rendir el informe de ponencia, lo que antecede a la votación –generalmente en bloque– del articulado. Sin embargo, los parlamentarios solicitaron una prórroga, según contó el senador Honorio Henríquez, porque querían conocer al detalle el efecto financiero del proyecto.
Las semanas han ido pasando y el destape de los números no se ha dado, lo que sería una exigencia de los congresistas para poder continuar, ya que consideran “irresponsable, jurídica y económicamente, avanzar en una votación si no se clarifica la sostenibilidad fiscal de la reforma”.No es solo uno sino varios los ponentes del proyecto que reclaman esa sustentación de los cálculos por parte del Ministerio de Hacienda, ante las dudas técnicas que genera la propuesta de organizar el sistema pensional a partir de cuatro pilares, dos de ellos solidarios, y el traslado del grueso de afiliados desde los fondos privados a Colpensiones.
Y no es para menos. Además de las propuestas que venían andando y que tendrán un claro impacto económico, se sumó la demanda financiera que representará incluir el fallo de la Corte Constitucional que reduce de 1.300 a 1.000 las semanas de cotización para que las mujeres accedan al derecho de pensión.
El nuevo costo
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, confirmó que los cálculos serán presentados en la primera semana de octubre, y señaló que se ha venido trabajando en el articulado, el cual quedó en el primer debate con 94 ítems. Al respecto, la senadora Martha Peralta sostuvo que, por ahora, “no habrá nuevos artículos, solo ajustes en la ponencia”.
Las voces de los parlamentarios son las que más se escuchan cuando se habla de la reforma pensional. Entre los voceros del Ejecutivo hay cautela, porque se trata de un proyecto que despierta sensibilidades y podría tener un costo político alto, más aún, en época electoral. “Avanzan con pies de plomo para no repetir la historia de la reforma laboral en el primer semestre. La pensional también la podrían tumbar”, dijo un analista político.
Un fracaso de la reforma pensional en el Legislativo sería el peor escenario, puesto que si en algo hay consenso en el país es en la necesidad de modificar el esquema de aseguramiento para la vejez, el cual no podía ser más ineficiente. Gasta mucho y tiene poca cobertura, además de ser inequitativo. “Solo el 40 por ciento de la población económicamente activa y afiliada realiza cotizaciones. Únicamente la mitad de los 4 millones de colombianos que están en los últimos diez años de trabajo cumplen con los requisitos necesarios para recibir una pensión. Es decir, hay 2 millones de personas que, al no alcanzar una pensión, se ven obligadas a solicitar devolución de saldos y su ahorro se agota, por lo que quedan en el segmento no cubierto en la vejez”, sostuvo Bonilla en un reciente foro de Anif.
La estrategia del Gobierno, en medio de una reducción de la popularidad del presidente Petro, según las encuestas de opinión, fue lanzar una campaña para defender las reformas en la calle y así lo hizo en una marcha realizada esta semana.
No obstante, la prueba definitiva será establecer si en el Congreso continúa ‘la aplanadora’ (respaldo mayoritario al Gobierno), lo que se verá una vez salga al ruedo la esperada ponencia pensional.
Mientras tanto, continúa la expectativa sobre la posición de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien se niega a negociar varios puntos de la reforma, como el umbral de ingresos en salarios mínimos, a partir del cual se pasará automáticamente el ahorro de los cotizantes a pensiones, desde las AFP a Colpensiones.
“Hasta tres salarios mínimos se cotizarán en Colpensiones”, ha dicho ella, quien argumenta que si ese umbral se modifica, no habría reforma, pues es determinante para que el sistema tenga cómo asignar los 223.000 pesos de subsidio a los colombianos vulnerables de la tercera edad.
Lo más participativo que se ha dado en esta segunda etapa de la reforma son las audiencias públicas, pero al decir de algunos congresistas “se escucha, pero no se acatan sugerencias ni se incluyen las propuestas de distintos grupos”.
Muchas dudas
Las dudas, más allá del tema financiero, siguen vigentes. “La reforma no puede ser concebida como una medida a corto plazo, debe extenderse en el tiempo y garantizar la sostenibilidad, sobre todo para los jóvenes que actualmente apenas comienzan a laborar y a cotizar al sistema”, argumenta el senador Henríquez.
El gremio de fondos privados, Asofondos, también sigue anclado en su argumento, según el cual la reforma no ofrece soluciones a los problemas con las pensiones: “No aumenta cobertura ni incrementa el ahorro previsional como respuesta al envejecimiento de la población. Lo que hace es resolver un problema de flujo de caja de Colpensiones, a costa de los derechos de los afiliados al régimen de ahorro individual”, dijo Santiago Montenegro en audiencia del Congreso.
Y una de las preocupaciones mayúsculas sigue siendo la del ahorro que se pondrá en un fondo del cual si bien el Gobierno ha sustentado que se blindará para que los recursos no vayan a parar a gasto corriente, aún no hay claridad sobre la manera como se administrarán y protegerán. “Se debe garantizar la transparencia y rentabilidad de los recursos que el Gobierno propone que pasen de los fondos privados a Colpensiones, que son 23 billones de pesos, y no es claro aún para qué serán destinados”, dice Henríquez.
Otro tema pendiente con el destape de la ponencia para segundo debate se refiere a la edad en la que recibirán el subsidio estatal quienes no cumplan los requisitos para pensionarse. Lo planteado hasta ahora establece que para las mujeres serán los 62 años y para los hombres, los 65.
El diálogo es lo que más reclaman los distintos actores del sistema, pues algunos señalan que la ministra Ramírez ha buscado opiniones internacionales, pero internamente desconoce la necesidad de adaptar el sistema a la realidad demográfica del país, en la que hoy hay 4,6 trabajadores por cada adulto mayor, y en 2050 solo habría 1,9 trabajadores. Eso haría inviable la ecuación para que Colpensiones pague las mesadas de los jubilados con el ahorro presente de los aportantes. Todas las cartas están sobre la mesa.