La reforma tributaria ocasionará una mayor pobreza y más desempleo en la región Caribe al debilitar sectores estratégicos de su economía, limitar sus posibilidades de desarrollo y lesionar su competitividad, aseguran el Consejo Gremial de Bolívar y los comités intergremiales de Atlántico, Cesar, Magdalena y Sucre.
Por ello, estos gremios están solicitando a los congresistas, especialmente del Caribe, “votar responsablemente la reforma sin exponer al territorio a una crisis social como consecuencia de un régimen de impuestos que exceda la capacidad de pago de las empresas, hasta el punto de poner en riesgo la continuidad de sus operaciones”.
Además, proponen aplazar el trámite de la reforma tributaria hasta cuando se logre el equilibrio entre las propuestas del Gobierno nacional y las de los gremios que representan al sector privado, sin afectar la productividad y competitividad de las empresas, ni desestimular la internacionalización del país.
Igualmente, los gremios de la región Caribe insisten en alcanzar ese equilibrio ante las coyunturas que podrían derivar en una recesión global y nacional, el endurecimiento de las políticas monetarias en las principales economías del mundo para contener la inflación, el incremento de las tasas de interés, y la valorización del dólar, costos que afectan al sistema productivo.
“A mediano plazo es más eficiente y viable mantener la carga fiscal en niveles razonables que permitan realizar inversiones, generar empleo y conservar o mejorar grados de producción competitivos, que incrementar abruptamente el aporte tributario del sector productivo para obtener recaudos muy altos, pero insostenibles en el tiempo”, aseguran los gremios.
El golpe de la reforma tributaria a la región Caribe
Una de las propuestas de la reforma tributaria es implementar un umbral de ventas máximo al territorio aduanero nacional no superior al 40 % en 2024, 30 % en 2025 y 20 % en el 2026 para mantener el incentivo tributario de renta al 20 %.
Para los gremios, quitar estos beneficios, si no se cumple el umbral durante tres años consecutivos desincentivaría la llegada de compañías a 45 zonas francas del Caribe y pondría en riesgo a más de 300 empresas en Barranquilla, Santa Marta y Cartagena.
También se propone eliminar la exención del IVA en servicios de hotelería y turismo y la reducción de este impuesto en los tiquetes aéreos del 5 %. Además de eliminar la exención a la sobretasa temporal a la energía para los hoteles, lo cual aumentaría en 20 % los costos de este rubro en el 2023.
Los gremios aseguran que estos beneficios tributarios son determinantes para que “este sector, altamente dinamizador de la economía de la región Caribe, siga recuperándose de la afectación causada por la pandemia” de la covid-19.
Adicionalmente, consideran que una mayor carga fiscal desestimularía la inversión extranjera en la minería y los hidrocarburos y aplazaría la explotación de los yacimientos de cobre de Córdoba y César, afectando la transición energética, ya que este mineral es indispensable para desarrollar las energías renovables.
La minería genera el 49 % de las exportaciones del Caribe, 42.000 empleos directos y 205.000 indirectos. Además, por cada peso generado activa encadenamientos por 2,4 pesos en otros sectores y realiza compras de bienes y servicios por $9,6 billones de pesos cada año.
Esta región también es el principal receptor de inversión exploratoria de petróleo y gas en 2022, con 487 millones de dólares, de los cuales, el 59 % se destinará para actividades en tierra firme. Además, el total de la inversión en proyectos costa afuera se ejecutará en esta región, con compromisos en los próximos años por US$1.500 millones.