La reforma tributaria de este año será la tercera que tramite el gobierno de Iván Duque y la sexta que se haga en Colombia en la última década, una situación que confirma una realidad del país: su economía es frágil ante eventos externos y el sistema de impuestos tiene mucho espacio para hacerles frente a las crisis.
Esta vez no será diferente. La pandemia les dio un duro golpe a las finanzas públicas, a tal punto que generó un doble problema: se tuvo que gastar más para atender la emergencia sanitaria y la crisis social, al tiempo que se recaudó menos por el cierre de negocios, el despido de trabajadores y las cuarentenas, que frenaron el gasto.
A corto plazo, la situación fue controlada con la emisión de más deuda y la apretada del cinturón estatal. Ciudadanos en redes sociales exigen que estas dos salidas sigan siendo usadas para enfrentar la recesión, en lugar de subir los impuestos. No obstante, de hacerse, el remedio sería peor que la enfermedad.
Por un lado, seguir aumentando la deuda puede llevar a un círculo vicioso de prestar acá para pagar allá, tal y como les sucede a muchos ciudadanos con sus finanzas personales. Por el otro, el país tiene un gasto inflexible muy alto, lo cual quiere decir que sí o sí debe pagar anualmente unos rubros y no puede simplemente decidir ‘cerrar el chorro’ para ahorrarse unos pesos.
Incluso, el panorama no es muy distinto en otras naciones. En EE. UU., por ejemplo, el presidente Joe Biden prepara la mayor subida de impuestos en casi 30 años. Por más impopular que sea, las deudas hay que pagarlas y es trabajo de todos poner un poco más pagar lograrlo.
Eso sí, cualquier reforma que se tramite aquí, en EE. UU. o en Cafarnaúm debe seguir un mandato de progresividad, lo cual quiere decir algo simple: que los que tienen más aporten más y que los que tienen menos aporten en una menor proporción. Y, claro, que los que no tienen nada sean ayudados por el Estado.
Con esto en mente, el equipo económico del Gobierno, encabezado por el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, van a proponerle al Congreso ajustar temas de IVA, renta y pensiones, así como frenar un chicharrón que ellos mismos pusieron hace dos años.
Se trata de la entrada en vigencia de algunas gabelas a empresas, que se fijaron en su momento para impulsar la inversión y que representan billonarios recursos para el erario. Si bien estos beneficios seguirían vigentes, la idea es que solo comiencen a aplicarse en dos o tres años, de tal modo que el país siga teniendo un buen flujo de recursos.
Con este panorama, estos son los cinco cambios que tendría en mente el ministro Carrasquilla para la reforma fiscal de este año.
1. Aplazar el descuento del ICA
En la más reciente reforma se aprobó que las empresas pueden descontar lo pagado por impuesto de Industria y Comercio (ICA). Fedesarrollo estimó que el costo de este beneficio en el primer año sería de $ 1,6 billones, en el segundo de $ 1,7 billones y a partir del tercer año, de $ 7,4 billones.
Esto, teniendo en cuenta que en las dos primeras vigencias el descuento es del 50 % y desde la tercera, del 100 %. La idea ahora es aplazar la entrada en vigencia de dicha deducción, de tal forma que el país no pierda esos recursos.
2. Aplazar la reducción en la tarifa del impuesto de renta
Otra de las medidas aprobadas hace dos años fue reducir el pago de impuesto de renta corporativa. Se aprobó que la tarifa del 33 % se reduciría al 32 % para 2020, bajaría al 31 % en el periodo gravable 2021 y a partir de 2022 se ubicaría en el 30 %.
En total, esta bajada le implicaría al Ejecutivo dejar de recibir un poco más de $ 8 billones. La propuesta es aplazar esta medida y dejar de recaudar estos recursos en unos años, no en el momento actual de crisis. Eso sí, no desaparecería: el gobierno Duque mantiene su idea de que es clave estimular la inversión empresarial de cara a la recuperación.
3. Pensiones altas y más colombianos declarando
Actualmente, el pago de renta es obligatoria para quienes ganen a partir de $ 4,9 millones mensuales de salario. Sin embargo, la idea es que este tope baje.
Anif ya propuso que la obligación de presentar la declaración y comenzar a pagar tarifas graduales, aunque bajas, debería operar a partir de ingresos mensuales de $ 1,5 millones. No obstante, desde el Gobierno tienen un rango menor, que podría ser pagar renta con ingresos que arranquen entre los $ 3,5 millones y los $ 4 millones.
En cuanto a las pensiones, el Ejecutivo se ha centrado en aquellas superiores a los $ 10 millones mensuales, que ya el año pasado tuvieron que hacer un ‘aporte solidario’ con destino a los más vulnerables.
4. Impuesto al patrimonio
La reforma actual incluiría extender, por lo menos por un par de años más, el impuesto al patrimonio a personas naturales.
Este ya se viene cobrando desde la reforma de 2019 para las personas naturales con un patrimonio bruto (excluyendo las deudas a cargo) superior a los $ 5.000 millones y la tarifa que se viene pagando es del 1 %. En todo caso, no se les aplicaría a las personas jurídicas.
5. IVA, la columna vertebral
Sin duda, el tema más espinoso de la nueva reforma es el que busca tocar el grupo de productos de la canasta familiar que hoy están excluidos o exentos del pago del IVA. El tema es que ya 98 productos están gravados con la tarifa general del 19 %, sobre otros 10 se cobra el 5 % y hay 73 más que hacen parte del grupo de exentos o excluidos.
La comisión de expertos de beneficios tributarios le recomendará este miércoles al Gobierno no tocar los alimentos básicos, lo cual no implicaría que no se toque la canasta familiar. Es posible que se dejen quietos los bienes básicos, pero haya otros que sí queden gravados al 5 % o al 19 % de IVA.
6. Ingreso Solidario y subsidio a nómina
El presidente Duque confirmó este martes que se planea extender el programa Ingreso Solidario, tanto para que llegue a más colombianos, como para que algunos reciban mayores montos mensuales por estas ayudas. La idea es cubrir a todas aquellas familias que están en riesgo de caer en la pobreza por cuenta de la pandemia.
De igual forma, se buscará extender el Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef), cuya vigencia termina este mes. Este les ha permitido a empresarios mantener más de cinco millones de puestos de trabajo.