El pasado martes 23 de agosto, el Congreso de la República inició la discusión de la reforma tributaria del Gobierno del presidente Gustavo Petro, con la que se espera recaudar alrededor de 25 billones. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, fue el encargado de hacer la presentación del proyecto de ley ante las comisiones económicas conjuntas.

Al término de la presentación, Ocampo aseguró que los recursos que se obtengan se destinarán básicamente para programas sociales y ambientales. “$ 25 billones es el objetivo del Gobierno, los recursos los necesitamos para los programas sociales y para completar el ajuste (fiscal)”, dijo.

De acuerdo con el cronograma establecido por los ponentes, coordinadores ponentes y los presidentes de las comisiones económicas conjuntas, se espera que la ponencia de la reforma tributaria se radique entre el 6 y 7 de septiembre para sus dos primeros debates.

Una vez se conozca la ponencia y se apruebe en las comisiones, para posteriormente pasar a su discusión en las plenarias de Senado y Cámara, se sabrá a ciencia cierta cuáles serán esas nuevas medidas tributarias que se implementarán en el país.

No obstante, desde ya, con base al articulado que radicó el ministro Ocampo y con la presentación que él mismo hizo ante el Congreso, se puede sacar muchas conclusiones. Una de ellas es la intención del gobierno Petro de gravar las importaciones de origen.

De acuerdo con la explicación que da el Ejecutivo, por regla general y con el objetivo de que el IVA sea neutral para el comercio exterior, a nivel internacional se aplica el principio de destino para la tributación, es decir, los bienes se gravan con este impuesto en el país en el cual se consumen.

No obstante, actualmente el Estatuto Tributario en el artículo 428 excluye del IVA la importación de bienes objeto de tráfico postal, envíos urgentes o envíos de entrega rápida cuyo valor no exceda los $ 200 USD y sean procedentes de países con los cuales Colombia haya suscrito un acuerdo o Tratado de Libre Comercio (TLC). Esto último, reconociendo particularmente los compromisos que se han adquirido con otros países para el no cobro del impuesto.

Pero dentro del proyecto de reforma tributaria, el Gobierno propone modificar dicho artículo con el objetivo de que esa exclusión del IVA se determine con base en el país de origen donde se producen las mercancías y no con base en el país de donde la mercancía proviene, que no necesariamente coincide con el país en donde se fabrica la misma.

Dicho esto, las personas que quieran traer al país cualquier producto a través de envíos postales y si ese producto, por ejemplo, proviene de Estados Unidos (país con el que Colombia tiene TLC y hay exención de IVA), pero fue producido en otro país diferente, empezaría a cobrársele el impuesto.

Así, cualquier prenda de vestir (camisetas, jeans, zapatos, bolsos, accesorios), alimentos, productos tecnológicos y demás artículos que los colombianos compren en el exterior y los hagan llegar a Colombia por medio de envíos postales, ahora empezarán a pagar IVA en la medida en que hayan sido producidos en países con los que Colombia no tenga un Tratado de Libre Comercio.

“De una u otra manera, el Gobierno busca proteger la industria nacional para que los productores locales puedan vender de una mejor manera sus productos sin tener que competir con productos del extranjero”, dijo Andrés Moreno, analista bursátil.

El experto agregó: “Siempre que hay este tipo de medidas en el comercio exterior, hay ganadores y perdedores. Lo que busca es desincentivar la importación, pero los perdedores son los consumidores, nosotros tenemos variedad de productos y podemos escoger vía precios y vía calidad los productos que consumimos y es posible que la producción nacional o no tenga buenos precios o buena calidad, o ambos, y finalmente el que termina pagando esas consecuencias es el consumidor”.