La reforma tributaria empezará su curso en el Congreso de la República, luego de que sea radicada hoy lunes, a las 10:00 a. m., según confirmaron varios voceros del gabinete del presidente Gustavo Petro.
Un articulado breve y conciso, lo que no implica que su contenido no pueda ser poderoso, es lo que los expertos han dicho que funciona más para el trámite de una reforma tributaria en el Congreso de la República. Sin embargo, la que radicará el gobierno del presidente, ya va en 80 artículos y los ajustes continúan hasta el último momento.
Si bien es cierto que ya está la reforma, la primera de al menos 15 que podría tener en la agenda esta administración, es particularmente ambiciosa en obtención de ingresos, la cantidad de normas podría complicar el estudio, debate y aprobación de la iniciativa, la cual es clave para conseguir los recursos adicionales, de cara a una alta demanda de financiación.
Los puntos que ya están incluidos en el articulado y que son inamovibles ―debido a que deben coincidir con las promesas de campaña― podrían ser los menos controversiales, pues han sido probados, al ser lanzados al aire para tomar la temperatura a su receptividad. Sin embargo, en el detalle del articulado podría estar ‘el diablo’.
Sobre renta a personas
Es el caso del impuesto de renta para personas naturales, que no tocará a la clase media, sino que hará un apretón a los ingresos superiores a 10 millones de pesos. La expectativa está en las tarifas que se impondrán, las cuales deberán estar ajustadas al principio de progresividad. En la actualidad, dichas tarifas arrancan en cero y van incrementando, según los ingresos, a 19, 28, 33, 35, 37 y 39 %.
Pese a que la existencia de tantas tarifas da la idea de que este impuesto se aplica de manera progresiva, en la práctica no es así, lo que obedece a la cantidad de exenciones, descuentos, exclusiones que están contempladas en el Estatuto Tributario. Por ello, una de las apuestas del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, es la de quitar beneficios, lo que podría terminar tocando de manera indirecta a la clase media.
Gaseosa y salchichón
Los impuestos saludables son otros de los que entrarán en el articulado de la reforma. Las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados son los que están en la mira.
En Colombia se han hecho varios intentos para gravar productos que afectan la salud. El más reciente fue en 2019, cuando se tramitó un proyecto de ley en este sentido, con el cual se establecía que el recaudo logrado debería tener una destinación específica, y era la financiación de programas de enfermedades crónicas, partiendo del hecho de que estos comestibles son responsables de padecimientos como la diabetes, la obesidad y similares, que causan alta demanda del servicio de atención en hospitales y requieren medicación de por vida, financiada a través de los planes de aseguramiento. Es decir, el consumo de estos alimentos causa una fuerte presión sobre el gasto en salud.
En ese entonces, se definió como producto ultraprocesado todo aquel que contiene grasas, aceites, almidones y azúcares.
Si le llega una plata extra
En la reforma tributaria también estará incluido un mayor impuesto para la ganancia ocasional. Entrarían en esta medida los ingresos que se reciben por única vez, tipo remesa, premio de lotería, herencia y utilidad por una inversión en acciones (si no es la actividad económica principal del receptor).
Vuelve el patrimonio
El impuesto al patrimonio en Colombia es uno de esos impuestos que va y viene. Su primera aparición data de 1935, pero las regulaciones que hay que traer al presente son las de 2014. Durante el primer mandato de Álvaro Uribe se aplicó a través de un decreto de conmoción interior, por única vez, para financiar la seguridad democrática.
Clave tener en cuenta lo que sucedió en 2014, puesto que en la reforma tributaria se retoma el impuesto al patrimonio, en las condiciones que tradicionalmente se han aplicado en el país. Es así como, a partir de 2015, los sujetos llamados a aportarlo eran las personas naturales, jurídicas y sociedades de hecho. Se gravaron los patrimonios superiores a 1.000 millones de pesos, pero se aplicaban porcentajes distintos para el cobro, según si se trataba de persona natural o jurídica.
¿Y las empresas cómo quedan?
En el país, el desempleo se ubicó en junio en 11,3 %, por lo que las empresas tendrán alivios en el impuesto de renta para que generen empleo. En la actualidad, la tarifa que pagarán por el año gravable 2022 es del 35 %, debido a que fueron las que alzaron la mano durante la pandemia, para asumir una mayor carga tributaria y detener así el estallido social que se dio en medio de una reforma que buscaba tocar a clases vulnerables a través de impuestos como IVA y renta.
La tributación de las empresas, en la reforma de Petro, estará enfocada en promover la productividad y estimular la generación de empleo, con lo cual habrá reducción de tarifas, principalmente a las pequeñas empresas; pero también ‘garrote’, con la eliminación de beneficios tributarios cuando no se cumple la razón por la cual fueron introducidos, como lo es el caso de las zonas francas. Las empresas que operan en estas áreas de producción les dejaron una tarifa impositiva del 20 %, pero para que exportaran, de manera que, si no lo hacen, perderían el beneficio.
Plataformas
En el sistema tributario colombiano, las plataformas digitales serán otras de las llamadas a aportar más.
De hecho, la llegada de la pandemia que encerró a la población, promovió el incremento del teletrabajo, el comercio electrónico, la banca digital, el transporte a través de app, el streaming, la televisión privada. Hasta el momento, el cobro a plataformas se daría por margen de ventas en el país.
Hay que recordar que, desde 2021, la Ocde hizo una recomendación al mundo, sobre la aplicación de un impuesto mínimo global del 15 % sobre ingresos, a las plataformas que facturen más de 760 millones de dólares al año.
Ambiente en el Congreso
Hasta el momento, el trámite de una reforma tributaria en el Congreso de la República es uno de los más complejos. Más aún si en esta ocasión la intención es obtener al menos el doble del mayor valor que ha logrado un gobierno con una tributaria.
El equipo económico en la administración de Petro habló inicialmente de 50 billones de pesos, cifra que se ha ido moderando, al menos en el primer año, en la medida en que la economía da señales de una fuerte desaceleración para 2023. De hecho, el Dane dio a conocer el dato de inflación de julio, según el cual el índice de precios al consumidor tuvo una variación del 10,21 %, el más alto de todo lo que va del siglo.
De lograr recaudar al menos 25 billones de pesos en el primer año, la tarea de conseguir más recursos tendrá que ser titánica, porque el país tiene un déficit fiscal proyectado, del 5,6 %, al que se le suma el hueco que se formó con el financiamiento del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, con lo cual el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, estima que se tendría un faltante cercano al 7 % del PIB, algo que catalogó como ‘insostenible’.
Tapar el hueco en las finanzas públicas, impulsado por la alta demanda de recursos durante la pandemia, y cubrir los gastos que demandará la puesta en marcha del plan de gobierno de Petro, enfocado en lo social y productivo, son las dos razones de peso de la reforma tributaria, la cual, para que pueda ser aprobada antes de que termine el año, debería llevar mensaje de urgencia (solo dos de los cuatro debates que habitualmente requiere una ley para ser aprobada). No obstante, esta semana se supo que se tramitará como una ley ordinaria sin mensaje de urgencia (cuatro debates).
Varios congresistas, inclusive integrantes de partidos políticos que no son de la coalición política que rodea al Gobierno, han dicho que existe un buen ambiente, pero que no descartan controversias, lo que dependerá de lo agresivas que sean las medidas puntuales que se incluyan en la propuesta.
Es bien sabido que al inicio de un gobierno hay una especie de ‘luna de miel’ entre el Ejecutivo y el Legislativo, y más aún ahora, pues la presidencia de las dos cámaras del Congreso de la República están en cabeza de integrantes del Pacto Histórico. Por ello, el expresidente Ernesto Samper recomendó que “este capital político inicial se debería gastar en al menos tres de las reformas que hará el presidente Petro: la agraria, la política y la tributaria”.