Una de las propuestas de la reforma tributaria del gobierno del presidente Gustavo Petro que más ha preocupado al sector petrolero es el impuesto del 10 % a las exportaciones y el hecho de prohibir la deducibilidad de regalías del impuesto a la renta, ya que esto podría poner en riesgo inversiones y la viabilidad de proyectos de la industria.
Por ello, el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), Francisco José Lloreda, le propuso al gobierno la creación de una sobretasa que reemplace este impuesto y la prohibición de la deducibilidad, que podrían enviar un mensaje de que esta industria no es competitiva en Colombia. “Sigamos siendo competitivos y no pongamos en riesgo la exploración y producción que está prevista”, dijo.
La ACP aseguró que el impuesto del 10 % desconoce que los contratos exploración y producción firmados entre las empresas y la ANH (250) y varias extensiones de contratos de asociación con Ecopetrol, incluyen derechos económicos por precios altos. “Se cobraría sobre el ingreso bruto y no sobre la utilidad, castigando todos los proyectos”, agrega.
Además, manifestó que el umbral de precios de 48 dólares por barril WTI no es alto frente a los costos de operación, impuestos y gastos financieros de inversiones incurridas en años anteriores y que aún no se han recuperado (amortizaciones, depreciaciones y servicio de la deuda).
El gremio también dijo que este impuesto del 10 % desincentiva las exportaciones de un sector que representa el 40 % del total país, aumentando el riesgo de generar desequilibrio en la balanza de pagos de Colombia y sus implicaciones en el costo del dólar e inflación, que afectan a todos los colombianos.
La propuesta de las petroleras
De acuerdo con el presidente de la ACP, esta sobretasa podría reemplazar no sólo el impuesto a las exportaciones de petróleo, sino la propuesta de prohibir la deducibilidad de regalías del impuesto a la renta. Además, se excluiría la exploración, producción y comercialización del gas natural.
Según la propuesta, esta sobretasa aplicaría cuando el barril de petróleo Brent promedio del año gravable supere los 75 dólares por barril, la tarifa sería escalonada máximo de tres puntos adicionales y operaría así:
- Si el precio Brent anual promedio del año gravable es igual o superior a 95 dólares por barril de petróleo, se adicionarán tres puntos a la tarifa general del impuesto sobre la renta, que es del 35 %.
- Si el precio anual promedio Brent es igual o superior a 85 dólares por barril de petróleo, pero inferior a 95 dólares, se adicionarán 2 puntos a la tarifa general del impuesto sobre la renta.
- Si precio anual promedio Brent es igual o superior a 75 dólares por barril de petróleo, pero inferior a 85 dólares, se adicionará 1 punto a la tarifa general del impuesto sobre la renta.
“La reforma tributaria, como está planteada, no podría aprobarse y como está planteada para esta industria, tampoco. Estamos en trabajo y diálogo con el ministerio y el Congreso para poder identificar qué es lo razonable”, aseguró Francisco José Lloreda.
Además, manifestó que si el Congreso termina aprobando la tributaria como está planteada, y si a eso se le suma la insistencia del gobierno de no firmar nuevos contratos de exploración, las empresas no tendrían ningún incentivo para continuar invirtiendo en Colombia, lo que significa que se perdería la autosuficiencia en petróleo y gas y el país tendría que depender de las importaciones.
Efectos de prohibir la deducibilidad de regalías del impuesto a la renta
Para el gremio, esta prohibición contraviene la práctica tributaria internacional que por décadas ha aplicado en Colombia y sobre la cual las empresas asumieron compromisos de inversión con el Gobierno nacional. Así mismo, desconoce que las regalías son una contraprestación económica en favor del Estado que otorga el derecho a explotar el petróleo y el gas.
La ACP aseguró que sin el pago de regalías no es posible extraer el hidrocarburo ni generar, por tanto, el ingreso para las empresas que luego se grava con el impuesto a la renta.
Además, prohibir esta deducción aumentaría artificialmente la capacidad contributiva de las empresas, incrementando sustancialmente su carga fiscal en Colombia, pues estas representan el 20 % de los costos de producción de las empresas del sector, haciendo que el país pierda su competitividad para atraer nuevas inversiones.