Poco duró intacta la reforma tributaria que presentó el Gobierno al Congreso para recaudar $ 23 billones anuales y hacerle frente a la pandemia. En pleno tercer pico de coronavirus, algunos puntos del proyecto caldearon los ánimos y políticos de distintos sectores salieron a pescar en río revuelto. Sin embargo, la caída de la reforma podría anticipar los peores días para la economía.
Que diversos partidos, incluido el Centro Democrático, rechazaran la iniciativa del ministro Alberto Carrasquilla estaba cantado antes de que se presentara. Eso sí, pocos estimaban que el rechazo fuera de tal magnitud que hoy el proyecto ‘peluqueado’ apenas lograría recoger $ 8 billones.
La cifra no es despreciable, pues anteriores reformas han recogido ese monto y la economía ha salido adelante. El problema es que el país era uno antes de la pandemia y hoy es otro. Este año, por ejemplo, el déficit fiscal superará los $ 90 billones, la deuda alcanzará 65 % del PIB y la pobreza golpeará a la mitad de la población.
Carrasquilla lo sabe y por eso se aventuró con una reforma tan ambiciosa. Como en otras ocasiones, tras la reacción popular, las cartas están siendo barajadas de nuevo.
Pocos dudan de que al final del día el proyecto no quede aprobado en el Congreso. La pregunta es cómo quedará, ahora que nadie quiere respaldar la iniciativa más importante del Gobierno. Esta encrucijada pone en alerta máxima a la nación, que históricamente ha mantenido unas finanzas saludables.
Echar esto al traste expone al país a pagar un elevado costo político, social y económico. Y la realidad no está lejos de alcanzar este escenario. Pocos quieren aportar más, pero al mismo tiempo piden que los programas sociales se mantengan o aumenten.
No hay que ser un genio para saber que si no hay cómo financiar iniciativas tipo Ingreso Solidario, matrícula cero y subsidio a la nómina, estas quedan heridas de muerte.
Pero algo peor puede suceder: que el Congreso se la juegue por aprobar la extensión de esas iniciativas, mientras recorta las normas que generan mayores ingresos por impuestos. El Gobierno ha dicho que si esto sucede, los primeros en ser sacrificados serían los hogares más pobres y vulnerables. Pero la inversión y los gastos de funcionamiento no se quedarían atrás.
No son pocas las consecuencias de que una tijera de este calibre sea usada en el país. La economía se mantendría en recesión por tres años más y solo hasta 2025 se volverían a ver señales de recuperación. Además, la chequera de la deuda seguiría creciendo –a un mayor costo– hasta llegar a un punto que la haría insostenible. Colombia quedaría en mora, con las nefastas consecuencias de incumplir los compromisos adquiridos.
Pero no sería el único impacto negativo. En 2026, la tasa de desempleo alcanzaría niveles cercanos a 20 % y la pobreza rápidamente superaría el 50 % de la población. Ese peligroso coctel, en el que también habría un duro recorte de subsidios y ayudas, generaría un estallido social sin precedentes.
Los rechazos a la reforma de Carrasquilla son válidos. Su verdad no es la única en asuntos tributarios y de los debates en el Congreso pueden salir buenas ideas. Pero será necesario que se escoja bien, so pena de que la economía caiga en una hecatombe, de la cual podría tardar décadas en recuperarse. La experiencia en Argentina y Venezuela así lo demuestra.
No es menor la tarea que tiene el Legislativo para salir de este trance. No obstante, si se opta por una reforma a medias o desfinanciada, los debates de impuestos revivirían antes de dos años, cuando el Gobierno sea otro. ¿Están listos para asumir las consecuencias los políticos que, desde ya, anuncian que no respaldarán ninguna tributaria?