La reforma tributaria del gobierno del presidente Gustavo Petro ya quedó lista para entrar en vigencia el próximo, luego de que fuera aprobada en el Congreso de la República y el mandatario nacional la sancionara el pasado martes 13 de diciembre.
Este cambio del esquema de impuestos en Colombia busca meterle la mano al bolsillo a las personas más adineradas para lograr recursos que saquen adelante los programas sociales del Estado y, con esto, se ayude a los más pobres.
Si bien para el Gobierno la reforma está basada en la progresividad, la equidad y la eficiencia, para los contribuyentes y para los críticos, se trata de un paquete de medidas que pondrá a los colombianos a pagar más impuestos. El recaudo esperado bordea los 20 billones de pesos en el primer año, para luego ir incrementando el ingreso a la bolsa pública, de la cual se financiarán programas sociales y otros compromisos claves, como la reducción del déficit fiscal y la deuda pública.
Diversos sectores, como el empresarial, advirtieron en su momento que esta reforma no era conveniente en tiempos en los que el país se alista para enfrentar una fuerte desaceleración económica y en donde la inflación sigue siendo la principal preocupación de las autoridades y la gente de a pie, puesto que se ubica en niveles que no se veían hace más de 20 años y aprietan cada vez más el bolsillo de los hogares.
Con la entrada en vigencia de esta nueva ley, el próximo primero de enero, las empresas y los trabajadores tendrán que meterse la mano al bolsillo en momentos en que la economía aún está golpeada por los devastadores efectos de la pandemia y apenas empezaba a recuperarse.
Si bien esta iniciativa prometió en un principio que no tocaría a los más pobres, no se tuvo en cuenta el efecto de los “impuestos saludables” en esta población.
¿Quiénes serán los que paguen más?
Lo primero que hay que tener presente es que, según las cuentas del documento final que firmó el presidente Petro, el otro año se recogerán 19,73 billones de pesos, una cifra bastante alejada de los 25 billones que se plantearon inicialmente. Así las cosas, durante los próximos cuatro años el Estado recibirá poco más de 80 billones de pesos, los cuales se usarán, en su mayoría, para ayudar a las personas más pobres.
Ahora bien, la mayor parte de estos recursos anuales saldrá de los tributos al uso del subsuelo (minería y petróleo), con los que se buscan recaudar 11,1 billones en 2023, después de esto bajará notablemente para los años siguientes a 3,9 billones y a los 2,9 de cara al cierre del gobierno actual. Esto, según los expertos, podría afectar seriamente la economía, puesto que se mete con el mayor generador de rentas en el país.
Por otra parte, en segundo lugar, se encuentran las personas jurídicas. Para este segmento las disposiciones de la reforma establecen que el recaudo esperado es de 4,08 billones de pesos para 2023. A diferencia de las rentas por el uso del subsuelo, estas aumentarán gradualmente hasta llegar a los 7,2 billones de pesos en 2026.
Los impuestos a personas naturales (renta y patrimonio) ocupan el tercer lugar de los que más pagarán el otro año. En este caso se esperan 2.9 billones de pesos para 2023 y este recaudo aumentarán gradualmente a cuatro billones en 2024; 4,2 en 2025 y finalmente 4,5 billones de pesos en 2026, para el cierre del gobierno del presidente Gustavo Petro. En cuarto puesto aparecen los “impuestos saludables” con 2,6 billones en 2023 y un aumento progresivo hasta llegar a los 4.1 billones de pesos en 2026.
En la reforma tributaria se introdujeron sanciones penales por defraudación o evasión tributaria. La Dian será fortalecida, con más personal y modernización, para que haga una fiscalización más amplia. Así mismo, se establece el impuesto mínimo, que está acorde con las recomendaciones globales de la Ocde.
¿Cómo golpea a los más pobres?
Hace algunas semanas Fenalco (gremio que representa a los comerciantes) hizo el ejercicio de estimar el aumento que tendrá el precio de una gaseosa en una tienda de barrio, donde ahora cuesta 1.800 pesos. Al aplicar la fórmula del impuesto, establecida con base en los gramos de azúcar que contiene la bebida por mililitro, el efecto en el bolsillo es innegable.
“El incremento final sería de 11,7 %, sin contar con la inflación actual y el incremento del precio de la gasolina (200 pesos por mes hasta diciembre y luego no se sabe) que también recaen en los costos finales de los productos”, señala el gremio.
Entre tanto, para la Andi, gremio de empresarios, estima que por cada 2.000 pesos que se destinan a un desayuno que incluye chocolate, mermelada, una harina y algún embutido, habrá que pagar 200 pesos más en 2023 y 400 pesos más en 2024. Si un desayuno le cuesta a una familia en promedio 20.000 pesos, terminaría en 24.000 pesos diarios.