La nueva primera ministra británica, Liz Truss, anunció este jueves sus medidas contra la crisis energética, que incluyen la congelación de precios durante dos años para los hogares, el fin de una moratoria a la fracturación hidráulica (fracking) y reexaminar los objetivos climáticos del Reino Unido.
La congelación de precios representará un ahorro de unas 1.000 libras (1.150 dólares) al año para un hogar medio, en comparación con la subida del 80 % del tope tarifario que estaba prevista para el 1 de octubre, precisó la primera ministra en el parlamento, dos días después de su nombramiento en reemplazo de Boris Johnson.
Por su parte, las empresas e instituciones como escuelas y hospitales recibirán una “ayuda equivalente durante seis meses”, precisó Liz Truss ante unos diputados que la interrumpieron en repetidas ocasiones durante su intervención.
“Es el momento de ser audaz. Nos enfrentamos a una crisis energética (...) y estas intervenciones tendrán un costo”, advirtió, después de haber eludido la víspera preguntas de la oposición sobre cómo piensa financiar unas políticas que se encaminan a engordar la ya muy abultada deuda pública británica.
El Gobierno les pagará a las empresas energéticas la diferencia de precios, precisó, sin dar una cifra de cuánto puede costarle al erario público, a la espera de que su nuevo ministro de Finanzas, Kwasi Kwarteng, presente este mes un presupuesto.
Trayectoria hacia la neutralidad de carbono
Liz Truss, exejecutiva del gigante petrolero Shell, que durante su campaña para convertirse en nueva líder del Partido Conservador defendió políticas ultraliberales, se ha declarado férreamente en contra de aplicarles más impuestos a las compañías energéticas para ayudar a los hogares.
Las medidas que anunció incluyen suprimir temporalmente los impuestos sobre la energía destinados a financiar la transición hacia la neutralidad de carbono, que el Reino Unido se había comprometido a alcanzar en 2050, con una trayectoria que Truss dijo querer reexaminar.
Asegurando estar “totalmente comprometida” con la idea de alcanzar cero emisiones netas de CO₂ en esa fecha, la nueva primera ministra explicó querer asegurarse de que no suponga una carga excesiva para las empresas y los consumidores.
Truss no precisó tampoco cuánto costará el paquete total, que varios medios británicos estimaron en 150.000 millones de libras. Esta cifra es más del doble que los 70.000 millones de libras que se gastaron para pagar los sueldos de los empleados que se quedaron sin trabajo durante los confinamientos por la pandemia de la covid-19.
También supone un cambio drástico respecto a la campaña de Truss, que calificó las ayudas públicas de “apósito” inútil para resolver los problemas de fondo. La presión era insostenible frente al aumento del costo de la vida. Ecologistas, oenegés y sindicatos alertaban sobre una catástrofe humanitaria si no se hacía algo al respecto.
Reino Unido es muy dependiente del precio del gas, que se ha multiplicado por siete en un año, sobre todo por los problemas de suministro por la guerra en Ucrania. Truss anunció también la creación de un fondo de 40.000 millones de libras con el Banco de Inglaterra para garantizar que los proveedores de energía no carezcan de liquidez ante la volatilidad de los mercados mundiales.
Más extracción de hidrocarburos
La jefa de gobierno y el nuevo ministro de Finanzas aseguraron que, pese a su costo, esta política tendrá “beneficios sustanciales” para una economía británica al borde de la recesión, con una inflación ya superior al 10 % que debería alcanzar el 14 % a finales de año. Las nuevas medidas reducirán la inflación entre cuatro y cinco puntos porcentuales.
La primera ministra también anunció un incremento de las licencias para la extracción de petróleo y gas en el Mar del Norte, y el fin de una moratoria sobre la fracturación hidráulica (fracking), un controvertido método de extracción de combustibles fósiles que estaba hasta ahora prohibido en el Reino Unido.
También se impulsará la construcción de centrales nucleares y la producción de energía renovable. “Décadas de pensamientos a corto plazo en materia de energía” y la incapacidad de asegurar su suministro hicieron al Reino Unido, que depende en gran medida de la importación de gas para cubrir sus necesidades energéticas, vulnerable a las crisis de precios, denunció Truss.