Es claro que el Gobierno anda en una recomposición alrededor de la financiación de los proyectos de infraestructura, principalmente, para dejar espacio en la bolsa de recursos públicos para las promesas de campaña del presidente, Gustavo Petro, de invertir más en las regiones que hasta ahora han estado al margen del desarrollo vial.
En medio de las controversias que han surgido en el país, por lo que ocurrió con el decreto de liquidación del presupuesto 2024, en el que se dejaron 13 billones de pesos con discrecionalidad, para que pudieran ser asignados sin las reglas estrictas que incluye un presupuesto de la nación, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, no solo expuso el panorama que han encontrado alrededor de la financiación de la infraestructura, sino que habló de una renegociación de contratos que son financiados con vigencias futuras (es decir, compromisos de presupuestos de años venideros).
En el país llamó la atención que, luego de que el Dane entregara los resultados del PIB (producto interno bruto) de 2023, en el sector de la construcción una de las mayores contracciones la tuvo el componente de obras civiles, que es el que se relaciona con el dinero público. “¿Por qué pasó eso si desde el Estado se hicieron giros por 11 billones de pesos?”, fue la pregunta que puso en el ambiente el ministro de Hacienda.
La respuesta que fue desglosando el funcionario está en la fórmula establecida en el país para hacer los contratos de concesión con quienes ejecutan los recursos públicos, ya que Bonilla insiste en que “el Estado no hace obras”, solo entrega los recursos para que las hagan los concesionarios.
Mucho por corregir
Al decir de Bonilla, las obras que se realizan con vigencias futuras tienen un alto grado de concentración: “En pocos proyectos y en pocas regiones”. De hecho, citó el caso de Antioquia, Bogotá y Barranquilla, que concentran el 35 % de esos dineros comprometidos hasta 2070, mientras que nadie busca acelerar para que haya una vía a Ecuador o para que departamentos como Chocó tengan más posibilidades de desarrollo vial.
“Hay un desequilibrio. Las obras que se declaran de importancia estratégica son las que tienen más padrinos”, manifestó el ministro.
Fue en ese sentido que habló de “renegociar algunos contratos para cambiar los flujos de las vigencias futuras”.
Alrededor de esa búsqueda, el funcionario sustentó una serie de inconsistencias que hacen que los recursos públicos en materia de infraestructura no se utilicen de forma eficiente. Puso, por ejemplo, el caso de la vía al Llano, en la que hay 55 puntos críticos que están excluidos de la concesión, por lo cual los tiene que asumir Invías, que es la entidad pública involucrada en el tema de obras civiles.
Bonilla agregó, para sustentar la necesidad de renegociación de contratos, que “los puentes se caen y se vuelven a hacer” y vuelven a tener errores, como el del caso Chirajara, que no está conectado a la vía.
Por esa razón, Bonilla enfatizó en que el debate que se ha suscitado en el país alrededor del presupuesto no es menor. Pasa por la necesidad de que los contratos no se tengan que honrar si no tienen resultados efectivos.
Luego del mensaje enviado por Bonilla, hay expectativa sobre los términos en los cuales saldría una propuesta de renegociación de contratos con vigencias futuras.