Un posible racionamiento de energía en Colombia es un riesgo que nunca se ha dejado de tener. Sin embargo, ahora parece estar más a la vista, por un jugador muy importante: Hidroituango, proyecto que ya debería estar en operación, del cual se espera la generación de un 17 % de la energía que requieren los colombianos.
Por ese motivo, el fallo de responsabilidad fiscal proferido por la Contraloría General ha puesto en la palestra pública al organismo de control, que ha sido objeto de señalamientos, como presunto responsable de este retraso que ahora genera incertidumbre en el sector.
Pero este jueves, el vicecontralor general, Julián Ruiz, salió al quite, y enfatizó en que “si Colombia sufre una crisis energética no podría ser atribuida al fallo fiscal sobre Hidroituango”.
El contexto
La Contraloría General implicó a 26 personas (naturales y jurídicas) como presuntos responsables de los enredos que han llevado a que el proyecto hidroeléctrico Ituango no tenga aún el resultado que se tenía previsto en el cronograma.
El proyecto originalmente costaba 6 billones de pesos, pero en 2018 ocurrió la famosa contingencia, producto del taponamiento del túnel auxiliar que permitiría desviar aguas al río Cauca y los costos subieron a 14 billones.
Las magnitudes de ese episodio fueron de varios tipos. Riesgo para las comunidades aledañas, por posibles avalanchas; activación de una subasta de energía (con carácter urgente), para cubrir el déficit de energía que iba a llenar Hidroituango en 2022-2023, y los subsiguientes retrasos en las obras del proyecto energético ubicado en Antioquia.
La situación se puso más compleja cuando se destapó que la situación obedeció a un error de diseño de la excavación, que al momento ejecutarse no se trató de forma adecuada.
Por esa razón, el organismo de control, en su labor de velar por la protección de los recursos públicos, emitió un fallo, teniendo en cuenta que, con corte a junio de 2019, las inversiones del proyecto ya excedían en 114,94 % el valor previsto originalmente.
Entre anuncios de apelaciones por parte de los involucrados, el temor de algunos expertos en temas energéticos es que se aumente ahora el riesgo de que el proyecto Hidroituango se demore más, lo que, en consecuencia, incrementaría las posibilidades de racionamiento energético, pues el abastecimiento de energía en Colombia depende de las hidroeléctricas, y los proyectos en ese sentido se ven impactados por múltiples razones: climáticas, políticas, temas de comunidades, entre otros.
La defensa de la Contraloría
El vicecontralor sostuvo que la Contraloría “lo único que ha hecho es cumplir con su obligación de proteger los recursos públicos”.
El espaldarazo al organismo de control lo dio el exministro de Hacienda Hugo Palacios Mejía, al establecer que “la Contraloría hace muy bien en adelantar las investigaciones del caso en Hidroituango. No es posible que un proyecto de esta naturaleza, donde hay recursos públicos tan importantes, de los cuales depende en gran medida el futuro del país, se retrase sin que las autoridades de control intervengan”.
Palacios enfatizó en que “la Contraloría ha hecho todo lo que tenía que hacer. Está en su pleno derecho. Hay que reconocerle completamente la facultad de que tome a su mejor saber y entender la decisión que corresponda. Las personas afectadas eventualmente por su primer fallo han tenido la oportunidad de presentar los recursos del caso y hay que confiar en el buen juicio de la Contraloría, para que decida lo que sea mejor para el país”.