A paso firme continúan las negociaciones en la mesa tripartita de concertación de política salarial, donde se busca llegar a un acuerdo para determinar de cuánto será el aumento del salario mínimo.
Así las cosas, el lunes 4 de diciembre, se celebró una nueva reunión en pleno, con varios de los temas que deben entrar a jugar para llegar finalmente a una cifra.
La productividad, en particular, es uno de los elementos críticos, ya que la queja común es que es baja, lo que en muchos años, en lugar de sumar, resta. En 2023, para determinar el aumento que regirá en 2024, se presentó un dato negativo del -1%.
El Dane recomendó no tener en cuenta el dato negativo, que corresponde a la productividad total o de todos los factores, donde se incluyen no solo la contribución del trabajador con su fuerza laboral, sino también otros elementos como el costo de los insumos para producir bienes y servicios, y la tecnología, entre otros. La sugerencia del Dane es que solo se considere en la negociación la productividad del trabajador, que para este año fue calculada en 0,76 %.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo hizo el llamado a la mesa de concertación de políticas laborales y salariales, recién instalada, para que establezca un salario mínimo para el próximo año ajustado a las realidades socioeconómicas.
“Es crucial lograr una concertación técnica que reconozca la inflación y el comportamiento de la productividad para mantener el poder adquisitivo de los colombianos, sin comprometer el crecimiento económico y la generación de empleo”, enfatizó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
La Defensoría respalda un enfoque integral que no solo considere el monto del salario mínimo, sino también las condiciones generales de trabajo y el acceso a beneficios sociales.
Según Carlos Camargo Assis, el salario mínimo, como derecho constitucional y obligación social con protección especial del Estado, no es solo un número, sino un instrumento para garantizar que los trabajadores tengan un nivel de vida acorde con la dignidad humana.
Se destaca que este salario debe cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias, sin ser motivo de explotación laboral ni precarización del empleo.
“La protección de los derechos humanos laborales implica no solo un salario digno, sino condiciones laborales justas y oportunidades de desarrollo para los trabajadores”, indicó el defensor del Pueblo.
En el proceso de negociación, se subraya la importancia de abordar de manera imparcial y objetiva factores como la productividad y la inversión empresarial, considerando el contexto macroeconómico y la coyuntura económica. Según el índice de crecimiento económico del Dane, a octubre de este año fue de solo 0,3 %, amenazando con un posible escenario de recesión que sería desastroso para el país.
“Los temas relacionados con procesos de productividad, mercado laboral, contexto macroeconómico, coyuntura económica, entre otros, deben ser abordados con un enfoque imparcial y objetivo, en los que prime el diálogo entre los representantes de las centrales obreras, del gremio empresarial y del Gobierno central”, expresó el defensor del Pueblo.
Según el Dane, para octubre de 2023, la población ocupada en Colombia fue de 23,1 millones de personas, con un aumento del 2,1 % en comparación con el mismo mes del año anterior.
“La definición del salario mínimo, como tarea de gran relevancia, debe permitir el acceso a condiciones de trabajo decentes, a la seguridad social y a la igualdad de oportunidades”, concluyó el defensor del Pueblo. La entidad continuará con su labor misional relacionada con la defensa de los derechos laborales y económicos de los habitantes del país.