Las discusiones para definir el salario mínimo de 2025 en Colombia terminaron sin acuerdo, tras extensas jornadas de tensión entre las partes. Empresarios, gremios, sindicatos y el Gobierno, después de semanas de reuniones y negociaciones infructuosas, no se pusieron de acuerdo, y el porcentaje se dará a conocer este martes por parte del Ejecutivo.
En ese sentido, el incremento del salario mínimo se conocerá a través de un decreto por parte del Gobierno Petro, quien tendrá la decisión final sobre el aumento que empezará a aplicarse desde 2025.
Según la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, las conversaciones avanzaron con buena voluntad, pero las diferencias no permitieron el acuerdo. De un lado, los empresarios propusieron un incremento del 6,83 %, lo que hubiera situado el salario mínimo en $ 1.388.790. Por el otro, los sindicatos exigían un aumento del 12 %, mostrando una brecha de casi seis puntos porcentuales. Este desacuerdo no fue menor, ya que se enmarca en una economía señalada por la alta inflación de años anteriores y un consumo que apenas comienza a recuperarse.
Además de que esta situación definirá el bolsillo de muchos colombianos, en el centro de las discusiones estuvo el impacto que podría tener esta nueva cifra sobre la economía. Superar ampliamente la inflación acumulada de 2024, estimada en 5,2 %, podría elevar los costos de producción de las empresas, que inevitablemente trasladarían esos costos al consumidor final. En este sentido, los precios en los mercados aumentarían y presionarían al alza la inflación, afectando directamente el poder adquisitivo de los trabajadores, que verían esfumarse parte del beneficio del incremento salarial.
Sin embargo, un aumento limitado también tiene sus riesgos. Si no se compensa adecuadamente la inflación, los trabajadores perderían capacidad de compra. Esto reduciría la demanda interna, enfriando aún más una economía que se encuentra en proceso de reactivación. Según la economista Jenny Patricia Amaya, de la Universidad Manuela Beltrán, cualquier desequilibrio en este aspecto podría tener efectos adversos de largo alcance, afectando tanto a los hogares como a las empresas colombianas.
La relación entre productividad y salarios es otro punto de fricción en la mesa de negociación. Para Amaya, esta relación debe ser directa: mejores niveles de productividad justifican mayores aumentos salariales. Sin embargo, los empresarios y gremios argumentan que las cifras del Dane sobre productividad no reflejan la realidad de muchos sectores. En su opinión, los aumentos propuestos por los sindicatos podrían ser insostenibles para las empresas, especialmente para las pequeñas y medianas, que ya operan al límite de sus capacidades.
En este panorama, se buscará equilibrar dos aspectos. Por un lado, preservar el poder adquisitivo de los trabajadores y estimular el consumo; y, por otro, evitar generar presiones inflacionarias o comprometer la estabilidad de las empresas. Este panorama se intensifica teniendo en cuenta que la informalidad laboral sigue siendo un problema estructural en Colombia.
Un aumento significativo podría desincentivar la contratación formal y fomentar los despidos, ya que las empresas, enfrentadas a mayores costos laborales, podrían verse obligadas a reducir personal para mantenerse competitivas en un entorno económico cada vez más desafiante.
Este estancamiento en las negociaciones refleja nuevamente una dificultad de diálogo y negociación por parte del Gobierno Petro. A diferencia de lo ocurrido para 2023, cuando todas las partes lograron un acuerdo para definir el salario mínimo, en 2024 la falta de consenso obligó al Gobierno a establecer la cifra mediante decreto, un escenario que podría repetirse para 2025.
Sobre esto, en una entrevista con La FM, el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, proyectó un incremento del salario mínimo cercano al 7 % para 2025. Aunque esta cifra, que no es la oficial, se encuentra dentro de un rango moderado, Amaya considera que un incremento entre el 8 % y el 9 % podría ser más equilibrado, pues no solo compensaría la inflación acumulada, sino que también daría estabilidad al poder adquisitivo de los trabajadores sin generar presiones insostenibles en los costos laborales.