Las discusiones por el nuevo salario mínimo en Colombia han entrado en su etapa más decisiva, debido a que ya se comienzan a conocer las propuestas en torno al porcentaje de incremento para 2023.
Los primeros en revelar su cifra fueron los sindicatos, que esperan que se ubique sobre el 20 %, dato superior a las estimaciones de algunas entidades como Fedesarrollo y Anif, que lo situaron en 13,5 %.
Independientemente de cuál sea la decisión final, ya sea si es concertada o por vía decreto presidencial, el alza que se determine con respecto al salario mínimo tendrá efectos sobre los costos que deberán asumir los colombianos el próximo año.
Sin embargo, lo que poco se conoce en torno al tema son los efectos que causa el incremento del mínimo sobre las finanzas públicas del país.
Por esta razón, el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana dio a conocer un listado con el que advierte la necesidad de que no se dé un incremento desproporcionado. Esto, con el objetivo de que no solo se afecte el poder adquisitivo de las familias colombianas y la competitividad de las empresas, sino el de no desmejorar los ingresos y gastos del sector público.
En primer lugar, se encuentra la pensión mínima. Es decir, la mesada que reciben los colombianos que lograron pensionarse, dado que gran parte de esta población la recibe con base en un salario mínimo.
“En el régimen de prima media, estas pensiones se pagan con cargo al Presupuesto General de la Nación, por lo que su incremento afecta directamente las finanzas públicas. En el régimen privado, el pago de estas mesadas se financia con los recursos de la cuenta de ahorro individual. Sin embargo, cuando estos se agotan, las mesadas adicionales corren por cuenta de la Nación. Por lo tanto, las pensiones mínimas de este régimen tienen la potencialidad de afectar indirectamente las finanzas públicas”, indica el Observatorio.
Seguido a este, otro efecto adverso que ocasiona el incremento del salario mínimo se ve en los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), que es la alternativa de ahorro para las personas con ingresos menores al mínimo y que les permite recibir un ingreso vitalicio bimestral una vez cumplan la edad de retiro.
“El pago de estos beneficios se hace con cargo al Presupuesto General de la Nación. Pese a que esta alternativa pensional se ajusta anualmente por la inflación, el monto total de los mismos tiene como tope el 85 % de un salario mínimo. Por ende, un incremento del salario mínimo incrementa el tope máximo permitido de los BEPS, afectando las finanzas públicas”, apuntó.
Otro aspecto que impacta es el relacionado con el subsidio para la Vivienda de Interés Social (VIS), que por medio del programa Mi Casa Ya permite la compra de inmuebles, cuyo valor comercial no supere los 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), con un subsidio de 30 SMMLV. Para el 2022, el topo entonces es 135.000.000 de pesos como tope de valor de la vivienda y 30.000.000 de pesos como valor subsidiado. Mientras tanto, para viviendas con un valor entre 135 a 150 SMMLV, se puede recibir un subsidio de cobertura a la tasa de interés de 4 puntos porcentuales.
“Dado que estos subsidios se otorgan con cargo al Presupuesto General de la Nación, el incremento del salario mínimo genera presión sobre los recursos públicos destinados a esta política”, subraya.
Esto mismo se evidencia para los subsidios para Vivienda de Interés Social Prioritario (VIP) y no VIS, que ofrece beneficios de cobertura a la tasa de interés y donde el Observatorio Fiscal de la Javeriana señala que, de darse continuidad a esta política, se generaría un impacto sobre las finanzas públicas que está “atado al incremento del salario mínimo”.
Finalmente, el alza del mínimo afecta la nómina del sector público, toda vez que incrementa los gastos asociados a este componente. “En algunas entidades públicas del orden nacional, los rangos salariales estipulados en sus respectivos manuales de funciones están determinados en cierto número de veces el salario mínimo. Este es el caso, por mencionar un ejemplo, del esquema salarial de los funcionarios de UTL en el Congreso de la República, en donde el grado salarial comienza en tres (3) y terminan en quince (15) salarios mínimos”, resalta.
Por consiguiente, el incremento del salario mínimo van mucho más allá del mercado laboral y el costo de vida. Por lo anterior, el Observatorio Fiscal de la Javeriana hace un llamado a los miembros de la Mesa de Concertación para que no pierdan de vista los efectos que esta decisión ocasiona sobre las finanzas del país.
Acota, con base en estimaciones del Banco de la República, que cada vez que se incrementa el salario mínimo un 1% por encima de la inflación, el déficit del Gobierno aumenta cerca de 0.1 puntos porcentuales, como “producto del efecto combinado de reducción de las contribuciones a la seguridad social, aumento de las prestaciones en el sector pensional, disminución de impuestos directos e indirectos y aumento del gasto público por concepto de nómina”.