En Colombia suenan bombos y platillos porque la tasa de desocupación está en un dígito, al ubicarse en 9,6 por ciento en julio, pero mucho del empleo es precario, como lo muestran los más recientes datos del Dane.
De 23 millones de ocupados, 9,8 millones trabajan por cuenta propia, categoría en la que puede incluirse un vendedor de dulces en el semáforo, cuyo ingreso a duras penas le alcanza para alimentarse. Los subsidios entran así a ser la alternativa para completar los recursos necesarios que les permitan a estas personas, por lo menos, medio vivir. Pero ¿hasta qué punto se debe ir con los subsidios para no llevar a que sus beneficiarios no avancen económicamente por el temor de perder la ayuda estatal?
Ese dilema lo reflejan los empleadores del país, que hoy tienen dificultades para contratar mano de obra no calificada. Un directivo de una pequeña compañía de suministro de servicios de limpieza contó las complicaciones que vive para conseguir ese tipo de personal. Muchos de los posibles aspirantes reciben subsidios que, sumados al trabajo ocasional en la informalidad –jornadas cortas diarias y flexibles–, “hace que ganen más que en cualquier empleo formal en el que les paguen el mínimo”, lamenta este empresario.
En los campos donde se recogen por esta época las cosechas, los finqueros se ven a gatas para conseguir trabajadores. Estos argumentan, en parte, que obtienen más con el subsidio y lo complementan con otra actividad menos demandante que con el jornal que les pagan en una finca productora.
Se suele decir que la conexión entre los subsidios y la decisión de muchos ciudadanos de no participar más en la búsqueda de una oportunidad laboral es un asunto de percepción. No obstante, el Banco de la República realizó un estudio para medir dicho impacto y se centró en las transferencias aplicadas durante la pandemia, por lo que enfatizó que los resultados no se pueden extrapolar tajantemente a otros momentos. En ese periodo de crisis, los subsidios se multiplicaron, pues las cuarentenas impidieron a muchos salir al rebusque, quedando muy vulnerables.
La destinación de recursos para darles la mano a esos necesitados pasó de 0,3 por ciento del PIB en 2019 a 1,3 por ciento en 2021, puesto que, además de los programas sociales habituales, como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor, que han representado el 88 por ciento del monto total de los subsidios, se activaron nuevos mecanismos para llevar ingreso a los hogares. Es el caso de Ingreso Solidario y la puesta en marcha de la devolución del IVA a los hogares de los niveles básicos en la lista del Sisbén.
No es solo con subsidios
Sin duda, la política social aplicada en ese momento significó un alivio para las familias pobres. Sin embargo, la pobreza no se acaba a punta de subsidios. No en vano, el mismo presidente Gustavo Petro durante su discurso de posesión expuso frases que generaron esperanzas: “Solo si producimos seremos ricos y prósperos como sociedad. La riqueza está en el trabajo”.
Ese derecho al trabajo arrastra toda una cadena de bondades para el ciudadano, pues el que logra cierta independencia al generar sus propios ingresos no vende el voto por un tamal, un subsidio o un empleo.
Colombia tiene una combinación compleja de pobreza y mercado laboral elevadamente informal y con persistentes tasas de desempleo de dos dígitos. De ahí la necesidad de conducir con sumo cuidado la política social, primordialmente concentrada en el Departamento de Prosperidad Social, cuyo liderazgo acaba de asumir Laura Sarabia.
Subsidios inteligentes
Si bien el estudio del Banco de la República sobre la relación entre subsidios y oferta laboral concluye que recibir ayudas no tiene un efecto persistente en la participación laboral, luego de la pandemia, durante 2021, sí hubo alguna conexión. La tasa de desocupación de la población con subsidios, en comparación con la cifra de desempleo nacional, pasó a ser más alta, en más de 2 por ciento, en el periodo de la crisis.
En el caso de los beneficiarios de Colombia Mayor, la transferencia complementaria activada en ese entonces (Ingreso Solidario) redujo significativamente la participación en el mercado laboral del titular del auxilio y otros miembros de su familia. Asimismo, en los municipios que recibieron más subsidios no aumentó el empleo formal asalariado, según la investigación.
Es claro que los subsidios son necesarios y hasta pueden impulsar desarrollos provenientes de las oportunidades, como sucedió con los del programa Mi Casa Ya. Este otorga dos beneficios a las familias: subsidio a la cuota inicial y una cobertura a la tasa de interés con el fin de facilitar la compra de vivienda de interés social y prioritario en las zonas urbanas.
Según una investigación de la Universidad de los Andes, Mi Casa Ya promovió la búsqueda de empleo, pues los beneficiarios no querían arriesgarse a perder su vivienda por falta de ingresos para pagar.
Nuevos subsidios
Ahora en el país se adelanta una transición hacia la Renta Ciudadana, que tiene la meta de aumentar en 42,4 por ciento la cobertura que tenía Familias en Acción. Es decir, pasará de 1,4 millones de familias beneficiadas a 3,3 millones. Entre otras, dará un incentivo hasta de un millón de pesos a grupos priorizados, como desplazados e indígenas. En medio de la transformación del sistema de subsidios, también se implementará el programa Jóvenes en Paz, con una asignación de hasta un millón de pesos mensuales a 100.000 beneficiarios, que se encuentran en sitios periféricos y han formado parte de bandas criminales.
De ahí que algunos expertos ya están alertando sobre la necesidad de resolver los bemoles que hay en torno a los subsidios, los cuales pasan por definir con claridad variables como temporalidad, condicionalidad, unificación, focalización, monto, operatividad y sostenibilidad fiscal. De lo contrario, podrían volverse talanqueras en la búsqueda del bienestar de los beneficiarios, además de los riesgos en términos de financiación pública.
¿Qué dicen los expertos?
Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, sostiene que, “aunque la literatura empírica existente ha encontrado que las transferencias monetarias no parecen desincentivar la participación laboral de los beneficiarios, un elemento clave son los montos de los subsidios, que tienen que ser inferiores al salario de reserva (salario con el que las personas están dispuestas a trabajar)”.
Mejía señala que, si se aumentan sustancialmente los montos de las transferencias, podrían generarse problemas de incentivos en la participación laboral (búsqueda de empleo). De hecho, advierte que ese sería el caso del subsidio a los jóvenes en paz, “eventualmente llevaría a generar esos problemas”.
Rosmery Quintero, presidenta de Acopi, advierte sobre los impactos de los subsidios usando el caso de la salud en los jóvenes que se dedican al mototaxismo. “Ellos eligen tener una salud subsidiada, que es buena. No aportan ni a riesgos laborales ni a pensión y tampoco aceptan un salario mínimo en la formalidad, pero sí perturban al sistema de transporte público, que es formal”.
Otro empresario de una mipyme cuenta su experiencia: “Como la suma entre el subsidio y trabajar un par de semanas les sirve para cumplir su meta de ingreso, prefieren no aceptar los empleos de un salario mínimo. La mayor dificultad está en Bogotá, donde la densidad poblacional facilita el rebusque para complementar el subsidio”.
Así las cosas, mientras los estudios llegan a una mayor certeza de si los subsidios que se mantienen por mucho tiempo fomentan o no el rechazo a un empleo formal, la realidad demuestra que, con la mirada en el largo plazo, es más ventajoso recibir salario que subsidio.