Cada vez que empieza a sonar en Colombia la negociación del incremento del salario mínimo, Antonio Támara, trabajador en el área de seguridad de un edificio del noroccidente de Bogotá, se llena de expectativas, y escuchar al viceministro de Hacienda, Diego Guevara, no fue la excepción. El funcionario dijo lo inevitable: “El ajuste para 2024 tendrá que ser de dos dígitos, por lo menos de 10 por ciento”.
Este trabajador colombiano que dio testimonio en SEMANA, lleva cinco años devengando un salario mínimo en la formalidad, y en particular, a finales del año pasado, se entusiasmó con el aumento del 16 por ciento. Pero no había pasado el primer mes, luego de recibir el sueldo con el ingreso adicional, cuando se le aguó la fiesta.
Los precios en el inicio del año, principalmente de la vivienda, los alimentos y el transporte, fueron absorbiendo el excedente que recibió. Con su ingreso debe ayudar a mantener un hogar de cuatro: su esposa, que también trabaja, pero en el rebusque, y dos hijos que estudian en escuela pública.
Aunque a partir de abril la inflación empezó a bajar, durante los tres primeros meses del año el costo de vida absorbió el incremento del salario mínimo, con un Índice de Precios al Consumidor (IPC) que sobrepasó el 13 por ciento. En la práctica, “los precios aumentan más que el mínimo, que es el nivel salarial de casi 60 por ciento de los colombianos”, sostiene el exministro de Trabajo Rafael Pardo.
Así lo experimenta el hogar de Támara. Aunque la inflación ha bajado durante cinco meses, desde abril hasta agosto, el efecto positivo, que debería verse reflejado en el bolsillo de los ciudadanos, es retardado y recoge los gastos del pasado, por ejemplo, los de créditos con tasas de interés elevadas. Lo cierto es que “a la hora de adquirir los productos y pagar los servicios no hay plata que alcance”, dice el guardia de seguridad.
La percepción del trabajador tiene su respaldo estadístico. Los incrementos del salario mínimo para 2021, en 3,5 %, y en 2022, de 10,07 %, fueron inferiores a la inflación observada al final de esos años: en el primer caso fue de 5,62 % y en el segundo, de 13,12 %. “Significan caídas, en términos reales, de 2,12 % y 3,05 % en dichos años. Estos números corresponden a la diferencia del aumento del salario mínimo y la inflación observada al finalizar el año en el que estuvo en vigencia el aumento. En estos dos años, la inflación venía al alza y por eso se dieron estos resultados”, explicó un experto en el tema, quien agrega que “la diferencia será mayor, cuanto menor sea la inflación observada a fin de año y menor en caso contrario”.
El precio de los alimentos bajó pero sigue alto
En agosto, con la más reciente medición del Dane sobre los precios al consumidor, se desaceleró la inflación de los alimentos, que es uno de los mayores gastos en los que incurren los asalariados de un ingreso básico, pero esa cifra sigue siendo alta, de 12,44 por ciento en 12 meses.
El año pasado, el presidente Gustavo Petro dijo que “ni arriendos, energía eléctrica, servicios, transporte, ni comida deben crecer arriba de 13 por ciento en 2023”. Pero ese no ha sido el caso. Solo en enero de este año, los alimentos costaban 26,18 por ciento más.
Entre tanto, aunque el gasto en arriendo, que también es otro de los que pesan a la hora de distribuir los ingresos provenientes del salario mínimo, no ha absorbido el incremento total de la inflación, la vivienda en total sí ha apretado a los asalariados de ingreso básico. Según Fedelonjas, gremio de inmobiliarias, el incremento autorizado en arriendo, con base en el IPC de enero a julio, fue de 13,62 por ciento y al hacerlo efectivo, el alza ha sido solo de 4,88 por ciento. Lo que más ha impulsado el gasto en vivienda es el alto costo de servicios públicos, principalmente del agua y de la luz.
Gasolina pasa factura
En cuanto al transporte, otro peso pesado para el trabajador de salario mínimo, tuvo una variación de 18,6 por ciento anual hasta agosto, en parte, por los incrementos en el precio de la gasolina.
Desde hace diez meses, el consumo de los hogares está en terreno negativo, lo que implica que en el carrito de las compras se llevan menos productos. Samir Campo, presidente de Raddar, explica que hoy la canasta de consumo refleja que los colombianos están gastando 8,7 por ciento más dinero en sus compras, pero llevan 1,7 por ciento menos productos que antes.
Para los que ganan el salario mínimo el golpe puede ser aún más fuerte, teniendo en cuenta que el 38 por ciento de su ingreso se les va en comida. “Si uno hace una relación entre la variación del salario mínimo y la inflación, encontramos que a los hogares les quedan más o menos cuatro puntos reales para hacer gasto”, dice el experto de Raddar.
Desde la perspectiva de Stefano Farné, director del Observatorio Laboral de la Universidad Externado, “si bien desde 2002 el salario mínimo ha tenido un aumento real de 25 por ciento, en los últimos dos años la inflación ha subido más rápido que el salario mínimo”.
Para Farné, la vivencia de Támara refleja que la situación más dura para el que gana el salario mínimo ha estado en los últimos dos años, no a largo plazo en el retrovisor.
Efecto acumulado
Un reciente informe de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que revisó el panorama en 30 países de todas las regiones y grupos de ingresos, halló que los empleados asalariados perdieron el equivalente a seis semanas de salario durante 2020-2021, época de pandemia. El documento evidencia que la pérdida fue mayor entre las mujeres, los trabajadores de la economía informal, los de bajos salarios y los de países de ingresos bajos y medios, como Colombia.
La recuperación de ese impacto no es tan sencilla, más aún si después llegaron otros golpes que sostuvieron los precios arriba de manera prolongada. Ítalo Cardona, director de la OIT para los países andinos, corrobora que el incremento del salario mínimo en dos dígitos durante los dos últimos años se ha dado, pero los beneficiarios no han logrado alivio. “Los datos de 2022 indican que el aumento de la inflación está provocando que el crecimiento de los salarios reales se sitúe en cifras negativas en muchos países. El aumento del costo de vida afecta en mayor medida a las personas con menores ingresos y a sus hogares. Esto se debe a que gastan la mayor parte de su renta disponible en bienes y servicios esenciales, que generalmente suben más de precio que los no esenciales”.
Cardona afirma que “la inflación está mermando el poder adquisitivo de los salarios mínimos. A pesar de los ajustes nominales realizados, el valor real se está erosionando rápido en muchos países”.
Para 2024, por el momento, la cifra de incremento en el salario mínimo arranca en 10 por ciento, según lo puso sobre el tapete el viceministro de Hacienda. Si la cifra se mantuviera en ese punto, el alza sería de 116.000 pesos, lo que al guardia de seguridad le alcanzaría para adquirir –con el precio del septiembre– 8,5 galones de gasolina para tanquear una moto de bajo cilindraje, si la tuviera.
Acerca de si alcanzará o no el incremento del salario mínimo en el año posterior al que se establece, lo que se hace con cuentas proyectadas, es algo impredecible. Mientras tanto, sirve acatar la recomendación de la OIT: “Un enfoque equilibrado es indispensable, dado que el salario mínimo es una herramienta redistributiva que tiene a la vez beneficios y costos. Si el nivel establecido es demasiado bajo, los salarios mínimos tendrán poco efecto en la protección de los trabajadores y sus familias frente a la pobreza. Si el nivel es demasiado alto, habrá un escaso cumplimiento de los salarios mínimos fijados o estos tendrán efectos adversos en el empleo”, advierte la OIT. Menudo lío que se viene para encontrar el punto de equilibrio.