Durante su intervención en la edición 55 de la Convención Bancaria organizada por Asobancaria, el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, dijo que el país ya ha recuperado casi el 90 % de los empleos que se perdieron por la pandemia del coronavirus.

A pesar de esta recuperación, Villar considera que la tasa de desempleo en el país sigue siendo alta y sigue afectando a la población en general.

“Se ha recuperado el 88,4 % de los empleos totales perdidos por la pandemia. Son tasas de desempleo muy altas que siguen manifestando diferencias enormes, como las tasas de desempleo en mujeres y jóvenes”, dijo Villlar.

De acuerdo con el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el desempleo en Colombia bajó a 12,1 % en septiembre pasado.

Villar resaltó que el mercado laboral colombiano se ha venido recuperando desde julio pasado, aunque considera que aún se deben tomar iniciativas para poder volver a los valores vistos antes de la llegada de la pandemia del coronavirus en marzo del 2020.

Para disminuir el desempleo, algunas de las propuestas que han salido a la luz están relacionadas con la flexibilización laboral y la disminución de los pagos que hacen a las empresas y que están por fuera del salario.

Al respecto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) ha hecho una serie de recomendaciones que abarcan desde cambios al salario mínimo, hasta la eliminación de costos sobresalariales.

Para reducir la informalidad y generar más empleos en el país, la Ocde cree necesario que en Colombia se lleve a cabo una reforma del salario mínimo tal y como está en la actualidad.

“Las recomendaciones clave se refieren a evitar niveles demasiado altos, incluso a través de la diferenciación regional”, dice la Ocde.

Esto quiere decir que se buscaría implementar, como ya se ha propuesto con anterioridad, un salario mínimo diferencial entre regiones, teniendo en cuenta la productividad y costos de vida de las mismas.

Y es que al mirar las cifras del Dane, por lo menos en 14 de los 32 departamentos del país los ingresos promedio mensuales de la población son inferiores al salario mínimo de $908.526, lo cual ha impedido que en estas regiones haya formalización e inversión por parte de compañías privadas, pues la productividad es baja y los costos del personal son los mismos.

Para la Ocde, el salario mínimo en Colombia “es relativamente alto” y esto impide que se pueda fomentar la contratación formal, en especial en las regiones menos productivas del país.

“Deberían reducirse los elevados costes laborales no salariales y el salario mínimo relativamente alto para fomentar la contratación formal, en particular de trabajadores poco cualificados, jóvenes y personas ubicadas en regiones menos desarrolladas”, apuntó la entidad multilateral.

La propuesta del salario mínimo diferenciado por regiones hecha por la Ocde buscaría que en aquellas zonas del país donde la productividad es mayor (al igual que el costo de vida), el salario mínimo sea alto, pero en zonas donde caen la productividad y los costos el salario sea menor.

La explicación de los técnicos es que, si bien una persona no puede vivir bien con un salario mínimo en ciudades como Bogotá, Medellín o Cartagena, en otras regiones del país el mínimo es suficiente para tener una vida digna.

Además, sostienen que en varias zonas del país no hay casi empleos ni empresas formales porque pagar un salario mínimo para todos los empleados es muy costoso, teniendo en cuenta la productividad de la región.

Por su parte, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) también ve con buenos ojos un salario mínimo diferencial por regiones, así como el trabajo por horas.

La primera propuesta de Anif tiene que ver con la seguridad social que pagan los trabajadores de hasta 10 salarios mínimos mes a mes, pues considera que estos aportes se deberían eliminar y ser adoptados por el Gobierno.

“Proponemos desligar la seguridad social del tipo de vinculación que tenga el trabajador con el mercado laboral, con esto proponemos que los empleadores y trabajadores dejen de cotizar paulatinamente a salud y se recauden los recursos por medio de impuestos generales”, dijo Anif.

Según la entidad, las cotizaciones a salud del régimen contributivo generan una barrera a la contratación formal por doble vía. Por un lado, para el empleador las cotizaciones a salud de los empleados se convierten en un costo que prefieren evitar. Así mismo, los empleados informales del régimen subsidiado prefieren no formalizarse con el fin de no perder beneficios.