La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, dio a conocer que desde el pasado viernes, 14 de abril, se reactivó la producción petrolera en las empresas de Sierracol Energy y Parex, después de los inconvenientes por amenazas lanzadas de la guerrilla del ELN y bloqueos que se registraron en la zona.

“Esto para nosotros es clave porque estamos hablando de que la transición energética justa pasa necesariamente por la seguridad energética y esa seguridad energética depende de asegurar la producción de los hidrocarburos, recuperando producción, reactivando regalías para la región, y gas GLP para uso de las comunidades del departamento; pero asegurarla no es solamente un trabajo de las Fuerzas Armadas, sino una presencia interinstitucional”, destacó la ministra Vélez.

El anuncio lo hizo la ministra de Minas, Irene Vélez respecto a las petroleras Sierracol Energy y Parex, en Arauca. | Foto: Ministerio de Minas

La funcionaria también anunció que se ampliará en 7,5 % el cupo de la gasolina subsidiada para esta región. Por lo que dijo que esto representará un alivio, toda vez que ese cupo va a poderse repartir en los diferentes municipios del departamento.

Adicionalmente, la jefe de la cartera de Energía explicó que se estudiará junto con el gobierno departamental posibles soluciones al problema logístico del transporte de la gasolina, donde se está generando un mayor costo para los precios del combustible.

De igual forma, el Gobierno nacional informó que se instalará para el departamento de Arauca una mesa integral de diálogo para conocer las necesidades de las comunidades y dar soluciones no solo en temas relacionados con la industria de hidrocarburos, sino también en temas de recuperación económica y social.

“Nos hemos comprometido a generar un espacio con las comunidades, con todos los sectores productivos, (..).. Vamos a empezar en el proceso de identificación de lo que las comunidades entienden como sus necesidades prioritarias y con todo el concurso de un Gobierno integrado, de un gobierno para la gente”, señaló el ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez.

Gobierno Nacional en Arauca. | Foto: Gobierno Nacional

Defensoría emite alerta temprana

Mediante la alerta temprana 011 de 2023 para los municipios de Arauca, Arauquita, Saravena, Fortul y Tame, la Defensoría del Pueblo evidenció las “vulneraciones a la vida, la libertad, la integridad física de la población civil, la utilización de métodos para generar terror e intimidación, entre otras graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH)”, por parte de grupos armados ilegales.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, señaló que la situación compleja que enfrentan las comunidades en Arauca ha empeorado desde enero del 2022.

“En la Defensoría del Pueblo venimos evidenciando la compleja situación que viven las comunidades en Arauca y que se ha agudizado desde enero del año pasado por la confrontación armada y la disputa por el territorio entre el ELN y facciones disidentes de las Farc”, aseguró Camargo Assis.

Carlos Camargo Assís, defensor del Pueblo.

Las organizaciones armadas, de acuerdo con la Defensoría, están amenazando, secuestrando, cometiendo homicidios selectivos, masacres, tomando rehenes, desplazando y confinando a la población, reclutando a niños y adolescentes, entre otras conductas graves que afectan especialmente a comunidades indígenas y afrodescendientes, líderes sociales, migrantes y población víctima del conflicto armado.

El informe de la Defensoría del Pueblo también reveló amenazas a personas en proceso de reincorporación, extorsiones a comerciantes y la difusión de panfletos con señalamientos.

La situación en el departamento de Arauca se evidencia, principalmente, en el aumento de homicidios. Entre enero y noviembre de 2021, según cifras de la entidad, se registraron 145 asesinatos, mientras que en el mismo período de 2022 la cifra aumentó en un 103%, llegando a 294 casos.

Ante este panorama, Carlos Camargo Assis pidió al Gobierno nacional tomar acciones inmediatas.

“Estas comunidades están en constante peligro, por eso el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y las demás instituciones del Estado deben avanzar en acciones inmediatas para superar los escenarios de riesgo que afrontan estas comunidades”, aseguró el defensor.