El pasado 29 de julio, el presidente de la República, Gustavo Petro, hizo un anuncio significativo al declarar la emergencia económica y social en La Guajira, tras una evaluación exhaustiva con el equipo jurídico de la Casa de Nariño, en la que se determinó que esta medida excepcional es crucial para abordar la crisis que aqueja a esta región del país, y desde entonces se ha desatado todo un debate en el país.
De acuerdo con lo que se sabe hasta el momento, esta medida busca hacer frente a problemáticas como la falta de acceso a agua potable y las alarmantes cifras de mortalidad infantil debido a la desnutrición, que son los principales impulsores de esta decisión gubernamental.
En su momento el jefe de Estado advirtió sobre la inminente llegada de una “calamidad pública” a esta zona debido a la intensificación del fenómeno de El Niño. En este contexto, Petro subrayó que la declaración de la emergencia económica y social ha sido el resultado de valoraciones, evaluaciones y discusiones con juristas, miembros del Gobierno y la comunidad local. También hizo hincapié en la pertinencia de esta medida, considerándola como una respuesta esencial para enfrentar el desafío que se avecina y atenuar sus impactos en la población y la economía regional.
Si bien la declaración de la emergencia económica en La Guajira ha sido presentada como una medida destinada a abordar las preocupantes condiciones sociales en la región, su implementación ha desencadenado una serie de reacciones en varios sectores económicos del país.
Esto se debe en gran parte a la falta de claridad en cuanto a los alcances y efectos concretos de esta medida excepcional. Diversos actores económicos y empresariales han expresado inquietudes sobre cómo la emergencia podría impactar en sus actividades, inversiones y operaciones, generando una necesidad de comprensión más profunda de los detalles y directrices de su aplicación.
Un ejemplo de esto se ve en el reciente pronunciamiento de la Asociación Colombiana de Minería que pone en evidencia la creciente preocupación del sector minero frente a la Emergencia Económica declarada por el Gobierno de Gustavo Petro en el Departamento de La Guajira. La emisión del Decreto No. 1085 de 2023, que establece el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en esta región, así como el Decreto Legislativo No. 1277 de 2023, ha generado inquietudes significativas en la industria minera, siendo la Asociación un vehículo para expresarlas.
Uno de los puntos resaltantes en la comunicación es la preocupación por la aparente utilización indiscriminada de la figura de Estado de Emergencia en el Decreto Legislativo No. 1085 de 2023. En este sentido, la Asociación enfatiza que los criterios constitucionales de excepcionalidad y proporcionalidad no parecen haber sido suficientemente sustentados en el decreto, lo que plantea interrogantes sobre la justificación detrás de esta medida y su posible impacto en la seguridad jurídica y en la estabilidad del sector.
Otra inquietud manifestada por el gremio minero se refiere a la amplitud de los decretos emitidos en el marco de la emergencia económica. Específicamente, el Decreto 1277 de 2023 se señala por su aplicabilidad general y su capacidad para alterar y desconocer instrumentos ambientales previamente otorgados. Esta amplitud podría llevar a situaciones de arbitrariedad y a un debilitamiento de la certeza jurídica en relación con las actividades productivas y empresariales, así como con proyectos mineros tanto actuales como futuros.
“Debemos mencionar que, en un marco de emergencia económica, las acciones realizadas para afrontar dicha emergencia deben estar encaminadas a brindar una solución y no a regular o prohibir las actividades productivas que aportan al bienestar y desarrollo del departamento. Consideremos que esta acción produce inestabilidad, afecta la generación de recursos, empleo y agrava la situación por la que atraviesa el departamento”, agrega el pronunciamiento.
El comunicado también destaca que, en una situación de emergencia económica, las acciones gubernamentales deberían estar enfocadas en brindar soluciones que no interfieran con las actividades productivas que contribuyen al desarrollo de la región. Los decretos con fuerza de ley emitidos bajo esta coyuntura deben ser justificados y estar directamente relacionados con la crisis que se busca abordar, en lugar de utilizarlos para restringir proyectos y operaciones preexistentes.
La Asociación Colombiana de Minería resaltó su compromiso con una minería responsable desde el punto de vista ambiental y social, subrayando su disposición para colaborar con el sector público en la búsqueda de soluciones que fomenten el desarrollo sostenible de La Guajira. No obstante, hizo hincapié en la importancia de mantener un equilibrio entre las medidas necesarias para enfrentar la emergencia y las implicaciones que estas pueden tener en la economía y en el tejido empresarial de la región.