Desde que el presidente Gustavo Petro anunció que presentaría una reforma tributaria, hay una pregunta no resuelta: ¿en qué se va a gastar la plata que recaude de ese paquete de impuestos? Se trata no solo de un misterio, sino de uno de los principales reclamos que los numerosos críticos de esa reforma le han hecho al mandatario.
Con las cuentas ajustadas, se espera que se recojan 22 billones de pesos, una suma significativa si se tiene en cuenta el contexto de alerta de recesión en Estados Unidos, inflación disparada y pospandemia que han hecho que los empresarios, por ejemplo, pongan el grito en el cielo.
Hasta ahora, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, había sido evasivo con esa respuesta. De hecho, la oposición había enviado un derecho de petición haciendo esa pregunta, que fue contestado a medias. Lo escribió el senador del Centro Democrático, Enrique Cabrales.
A la pregunta concreta sobre “¿a qué se van a destinar los nuevos recursos que se van a percibir por la propuesta reforma tributaria?”, el viceministro Hernández tan solo se limitó a responder: “Se está avanzando en la discusión del Presupuesto General de la Nación 2023 en el Congreso de la República, de tal forma que los recursos se puedan alinear con las necesidades de gastos identificadas de forma democrática”.
En una reunión de directores de medios de comunicación, el presidente Petro por fin le atinó a contestar ese enigma. Enumeró cuatro puntos sobre los cuales irán las inversiones del Estado, una vez se apruebe este paquete tributario.
El primero es la educación. El presidente ya había dicho hace unos días que esa sería su prioridad. Señaló de manera tajante que el termómetro de su gobierno será el acceso que los jóvenes puedan tener al sistema. “El programa se debe medir es con la educación, con el ingreso a la educación, ahí quiero medir si avanzamos o si fracasamos, no en el precio del dólar exactamente, ni en la magnitud de la codicia ni en la corrupción que crece y debemos detener”, sostuvo Petro.
También señaló el jefe de Estado desde Cúcuta (Norte de Santander): “El progreso es la cantidad de jóvenes que tienen acceso a la educación, esa es la medición sobre si una región progresa o retrocede y trabajaremos en esa tarea”.
El segundo es el acceso al agua potable. Gustavo Petro es uno de los mayores defensores de la protección del agua, por encima de los intereses económicos. Se ha pronunciado recientemente sobre casos emblemáticos; por ejemplo, dijo que el páramo de Santurbán debía protegerse frente al histórico interés de los mineros de sacar oro de allí.
“En nuestro programa, la decisión es que Santurbán no es solo el páramo, es el agua. Y esa agua, desde que nace allá, a través del frailejón –que algunos congresistas consideran satánico hoy– se vuelva agua potable para la vida humana de la región y en los municipios. Y, por tanto, en el recorrido de esa agua hasta que llega hasta los acueductos no puede haber explotación minera”, sostuvo Petro.
Cuando fue alcalde de Bogotá, Petro lanzó una política de “mínimo vital de agua”. Esto hizo que en los estratos 1 y 2 recibieran gratis cerca de seis metros cúbicos mensuales.
Su tercera prioridad de gasto serán las madres cabeza de familia. Desde el Centro Aéreo de Transporte Militar (Catam) en el occidente de Bogotá, el presidente de la República reveló el plan integral de atención por la fuerte ola invernal que está atravesando el país con el fenómeno de La Niña, por medio de la declaratoria que hizo el jefe de Estado de desastre nacional en Colombia.
El mandatario colombiano anunció una línea de subsidio para las madres cabeza de familia por una suma de 500.000 pesos, con el objetivo de atender las necesidades de los damnificados por las lluvias, las cuales han traído a su paso deslizamientos de tierra e inundaciones por la crecida de varios ríos.
“Entre los objetivos que nos vamos a proponer en un plan específico está un subsidio, transferencia a personas madres cabeza de familia y madres de hijos en la primera infancia, cerca de 1.200.000 con un monto, y este es un cambio sustancial en la historia de las transferencias en Colombia que literalmente se les podría llamar limosnas, porque alcanza una cifra por cabeza de 500.000 pesos″, sostuvo Petro.
En último lugar, estará el fortalecimiento de lo que él llama la “banca pública”. Desde la campaña, el presidente ha dicho que la banca pública debe competir con la privada. Ha manifestado que no desconoce la importancia del sector financiero en la economía, sino que, por el contrario, podrían ayudar mucho, por lo cual los invitó a “construir la manera en que puedan servir en la generación de riqueza”. Al sector privado le ha pedido que ayude a financiar la producción del país y a democratizar los créditos.
Para él, el gota a gota es la muestra de la incapacidad del sector financiero para financiar la producción del campo, lo que llevaría a una sociedad más igualitaria y, por consiguiente, más pacífica. Enfatizó que esos caminos, los del gota a gota, los tienen que tomar los ciudadanos, a expensas de su propia seguridad (los cobros son agresivos) y de los altos costos (al menos 20 % diario).
Pero también ha dicho que el Estado debe fortalecer su banca para poder prestarles esos servicios a los más necesitados. “Buscaremos fortalecer la banca pública y aumentar la competencia en el sector financiero para lograr tasas de interés bajas en el sector productor de alimentos y la economía popular urbana en proceso de industrialización”, dijo el presidente el pasado mes de octubre.
Lo que falta debatir en la tributaria
El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, anunció que esta semana se presentará ante las plenarias de Cámara y Senado la ponencia de la reforma tributaria que se ha venido ajustando luego de la aprobación en las comisiones económicas legislativas.
La eliminación de impuestos a las pensiones, revivir la cárcel para evasores, los ajustes al régimen franco y a los tributos para el sector minero-energético han sido parte de los acuerdos entre el Gobierno y los ponentes para incorporar en la iniciativa.
Sin embargo, persisten las inconformidades de sectores políticos y algunos analistas han mencionado temas pendientes que se podrían abordar y aclarar.
Por ejemplo, Juan Guillermo Ruiz, quien ha sido presidente de la Asociación Fiscal Internacional (IFA) para América Latina y del Instituto Colombiano de Derecho Tributario (ICDT), y en la actualidad es socio de la firma Posse Herrera Ruiz, preparó para SEMANA lo que considera los cinco temas pendientes de la tributaria.
“El Gobierno y el Congreso de la República han venido ajustando positivamente el texto del proyecto inicial de reforma tributaria, pero aún quedan cinco temas fundamentales para salvar la competitividad tributaria de Colombia”, señala Ruiz. Este es su análisis:
1. Impuesto a los dividendos
El primer ajuste necesario para no afectar la inversión extranjera y la inversión de residentes en Colombia es la tarifa del impuesto a los dividendos, que debería ser inferior al 20 % propuesto por el Gobierno. Esta tarifa resulta demasiado elevada, si se mantiene la tasa nominal del impuesto corporativo de renta en el 35 %.
Una tarifa nominal combinada del 48 % resultaría altamente inconveniente, porque sería una de las tarifas combinadas más altas del mundo y claramente superior a la de los países con los cuales Colombia compite por atraer la inversión extranjera y la inversión de residentes en Colombia.
Además, la tarifa efectiva en materia de impuesto de renta, para la generalidad de los contribuyentes, es superior al 35 %, si se tiene en cuenta el impacto, entre otros, de los gastos no deducibles, de las sobretasas del impuesto a la renta, del impacto financiero del pago anticipado de los impuestos, y del efecto sobre las utilidades de los movimientos del impuesto diferido.
Esto supone en consecuencia que, si la tasa efectiva de tributación en renta es superior al 35 %, la tarifa adicionada del impuesto de renta y del impuesto a los dividendos, sería claramente superior al 48 %.
Con este nivel de tarifas efectivas se estaría sobrepasando un límite razonable de imposición, que buena parte de la doctrina internacional ubica en el 50 % de las utilidades realizadas. Aún más, si se tienen en cuenta otros impuestos y cargas tributarias que elevan en Colombia la tributación efectiva agregada por encima del 50, del 60 y hasta del 70 % de la utilidad del período. Con esa perspectiva de imposición resulta muy poco atractiva la inversión en Colombia, justo en el momento en que el país más necesita incrementar su índice de inversión.
2. Impuesto mínimo empresarial del 15 % de la utilidad realizada
El principio de una tasa efectiva de tributación mínima sugerido por la Ocde se aplica a circunstancias distintas a las que serían reguladas por el proyecto de reforma tributaria. El principio de tributación mínima, como concepto tributario, parece razonable. No obstante, lo fundamental, en este caso, es que la tasa efectiva mínima no conduzca a gravar doblemente la utilidad que ya fue gravada en la sociedad que distribuye dividendos, o a gravar utilidades que no se han realizado para fines tributarios. No resultaría fiscalmente razonable que, como consecuencia de la aplicación del principio de tributación mínima, se graven nuevamente con el impuesto de renta utilidades distribuidas que ya fueron gravadas en la sociedad que las distribuye.
Tampoco sería razonable gravar con el impuesto mínimo utilidades financieras por método de participación, pues podría implicar un doble gravamen sobre la misma utilidad.
No deberían tampoco gravarse utilidades provenientes de ajustes a valor razonable que representan utilidades financieras aún no realizadas para fines tributarios. Este tema de la tasa efectiva de tributación mínima del 15 % debería revisarse con gran cuidado por el Gobierno y por el Congreso en el marco del segundo debate del trámite legislativo de la reforma tributaria.
3. Impuesto al patrimonio
El tercer tema, profundamente sensible para los inversionistas residentes fiscales colombianos, es la figura del impuesto al patrimonio permanente. Un impuesto al patrimonio caracterizado como permanente, y con las altas tasas que se proponen en el texto aprobado en primer debate en comisiones, afectaría enormemente la percepción de sobreimposición de los inversionistas.
Sobre este impuesto, que goza de amplia favorabilidad en el Gobierno, en el Congreso y en general en la opinión pública, deberían analizarse cuidadosamente las siguientes implicaciones: por una parte, el recaudo que produce el impuesto al patrimonio es mínimo en términos del ingreso tributario y del presupuesto general de la nación, pero su efecto es demoledor en la percepción de sobreimposición en los inversionistas residentes en Colombia; y por otra, este impuesto induce de manera muy negativa a que muchos inversionistas evalúen y decidan definitivamente cambiar su residencia a otros países, con el consecuente impacto negativo en las inversiones futuras.
4. Sobrecarga tributaria sectorial
El cuarto tema, sobre el cual se viene avanzando, pero que aún necesita importantes ajustes es el de la sobreimposición sectorial, y particularmente la sobreimposición al sector extractivo.
El sector minero energético es base fundamental de la estabilidad macroeconómica de mediano plazo y es fuente clave de los ingresos tributarios y no tributarios del Estado. Excederse en la imposición al sector que más inversión extranjera genera, y que mayor ingreso por exportaciones reporta, parece un error fundamental que ni el Gobierno ni el Congreso deberían permitir. En definitiva, las sobretasas deberían resultar razonables y las regalías deberían ser deducibles para fines del impuesto de renta. El marchitamiento del sector minero energético implicaría al mismo tiempo el marchitamiento de toda la economía colombiana.
5. Presencia significativa
Finalmente, el quinto tema de fondo que debería ajustarse en el segundo debate en el Congreso se refiere al alcance del concepto de presencia económica significativa en Colombia para no residentes.
Sobre el particular, llama la atención que varias agremiaciones empresariales del exterior han expresado su gran preocupación por el alcance de esta disposición, particularmente en el tema de servicios digitales, pero igualmente en materia de operaciones sobre mercancías.
La sugerencia en este punto sería la de revisar cuidadosamente el lenguaje de la figura de presencia significativa, pues si no se regula adecuadamente, terminaría convirtiéndose en una disposición claramente hostil para las operaciones de los no residentes en el país, con el eventual incumplimiento de tratados de libre comercio suscritos por Colombia. Partiendo del texto inicialmente presentado por el Gobierno, se han realizado importantes avances, pero faltan aún varios temas fundamentales para salvar la competitividad tributaria de Colombia.