Los congresistas que le hacen oposición al gobierno de Gustavo Petro tienen la palabra este martes, 17 de octubre, en la plenaria de la Cámara de Representantes.
El tema que abordan es uno de los cruciales para cualquier Estado: el presupuesto que se distribuirá para que el próximo año se puedan hacer realidad las políticas sociales que requiere el país.
Por unanimidad, todos los intervinientes pusieron el sombrero por algún sector y sacaron a relucir la fuerte crisis que hay en algunos sectores. Representantes como Andrés Forero anunciaron de antemano que votarán negativamente la carta financiera del próximo año.
En general, queda la sensación de que ninguna plata alcanza, pero también que hay una situación deficitaria para cubrir necesidades urgentes. Por ejemplo, pese a que el sector educación está a la cabeza, con la mayor asignación de recursos: 70,4 billones de pesos, la representante Mabel Castillo llevó al debate las debilidades que hay, con indicadores ambiciosos en materia de educación rural, desarrollo de infraestructura educativa, calidad y otros indicadores que se incluyeron en el Plan de Desarrollo, pero no hay claridad de cómo se van a sacar adelante, mientras “el tiempo corre”, dijo la parlamentaria.
De igual manera, además de poner en el visor la necesidad de inversión en la educación, reclamó por la falta de ejecución en la vigencia actual. Y pidió que el abultado monto en el sector no se vaya en burocracia, sino que se priorice en lo que realmente se requiere.
Otros sectores no se quedaron atrás, con los voceros que alzaron la voz para reclamar mayores distribuciones. La representante a la Cámara Érika Tatiana Sánchez, por su parte, lanzó peticiones para la población infantil. Dijo que había una verdadera emergencia en el Bienestar Familiar, donde se requieren 500.000 millones de pesos adicionales a lo asignado ya, pues “hay muchas necesidades”, entre las cuales mencionó las 250 comisarías que se requieren en el país, para resolver prontamente el incremento en casos que causan afectación a los menores de edad.
Por la salud abogó Forero, quien mencionó el riesgo que hay por el hueco que se abrió en el sector debido al efecto del Soat, vaticinó que, de no contar con las asignaciones necesarias, el país estaría de cara a una crisis sanitaria en el próximo año.
En el contexto del tema de salud, que tiene un proyecto de reforma cursando en el Legislativo, se habló de la deuda acumulada del Gobierno con las EPS, que ya muestra una suma descomunal de 5,2 billones de pesos, según mencionó Carolina Arbeláez, que también se sumó a las peticionarias para el sector salud.
En las filas de Cambio Radical, Arbeláez mencionó el problema que ha generado la liquidación de 10 EPS en los últimos 8 años, mientras se ha incrementado el 19 % en el costo de prestar el servicio sin que se haya incrementado la UPC (Unidad de Pago por Capitación) que es la que se asigna por cada usuario del sistema.
Arbeláez fue una de las que criticó la falta de ejecución y se refirió en particular a entidades del sector, como el Invima y el Instituto Nacional de Salud, entre otras circunstancias que la llevaron a lanzar una alerta: “Es necesario sanear el sistema de salud, que fue un compromiso adquirido por el Gobierno”.
Hay que recordar que, hasta el momento, luego de la aprobación del presupuesto general en 2024, la salud tiene una asignación de 61,5 billones de pesos.
Vías 4G, en veremos
Por el partido Verde, Daniel Carvalho se refirió al sector transporte, pero en particular a los proyectos conocidos como 4G (Cuarta Generación). De nueve proyectos vigentes en ese componente, cuatro atraviesan el departamento de Antioquia, los cuales están en el 95 %. El parlamentario criticó la decisión que les ha comunicado el Gobierno, en el sentido de que los recursos que faltan solo se tendrán a partir del cobro de una valorización.
Al decir de Carvalho, dicho camino tardaría al menos dos años, con lo cual las obras tendrían que paralizarse, solo por falta de 400 o 500 mil millones que hacen falta, señaló.