La Superintendencia de Industria y Comercio anunció este 20 de diciembre la formulación de pliego de cargos contra los agentes de mercado que participaron en los procesos de contratación de arrendamiento de vehículos blindados adelantados por la Unidad Nacional de Protección (UNP), tras atender algunas denuncias recibidas por un agente competidor y de la misma entidad.
El organismo “adelantó las diferentes actuaciones administrativas encaminadas a verificar el cumplimiento del régimen de la libre competencia económica en el marco de los procesos de selección llevados a cabo por la UNP para la contratación del arrendamiento de vehículos blindados durante los años 2015 a 2024″, indican en el comunicado.
Aseguran que los procesos de contratación que fueron estudiados por la delegatura estaban dirigidos expresamente a garantizar la seguridad, la integridad, la libertad y la vida de las personas que requieren especial protección, precisamente, con el propósito de cumplir su misionalidad y garantizar el servicio de vehículos blindado.
Aclaran, además, que la UNP se encarga de adelantar los procesos de selección que están regidos por las normas de contratación estatal y el régimen de la libre competencia económica, los cuales —en conjunto— tienen como finalidad la selección de los mejores oferentes de este servicio para que le brinden al Estado no solo calidad, sino precios adecuados.
“Bajo una exhaustiva averiguación preliminar, la SIC abrió investigación y formuló cargos contra nueve agentes de mercado y 11 personas naturales vinculadas a estos agentes, para determinar si estos habrían ejecutado un acuerdo colusorio en el marco de 21 procesos de selección adelantados por la UNP, cuyo presupuesto oficial total asciende a la suma de tres billones de pesos”, indica.
La SIC reveló que las nueve empresas implicadas son Neostar Seguridad de Colombia LTDA, GMW Security Rent a Car LTDA, Blinsecurity de Colombia LTDA, Vehículos Blindados de Colombia LTDA, Alliance Security Rent Car LTDA, M.I Blindajes LTDA, Vector LTDA, Alquiler de vehículos blindados, Nacional Rent Car LTDA y Arrendadora de Vehículos Blindados ARMATI LTDA.
Dichas empresas habrían ejecutado un acuerdo que podría ser ilegal, con el “objetivo de repartirse entre ellos los grupos y regiones ofertadas”. La SIC precisa que los comportamientos evidenciarían la existencia de un posible acuerdo colusorio entre los actores ya mencionados, que estarían centrados en:
- Abstenerse de presentar oferta en zonas distintas a las repartidas para evitar presiones competitivas.
- La presentación de ofertas económicas iguales o muy cercanas a los precios techos señalados por la Entidad.
- Coordinar la presentación de observaciones y la no presentación de propuestas para presionar a la entidad sobre distintos aspectos del proceso.
- La coordinación entre ellos, incluso durante la etapa de ejecución de los contratos.