Con 22 millones de personas ocupadas en Colombia, de las cuales solo una de cada cuatro tienen un empleo formal, existen 11.994 sindicatos registrados en el Ministerio de Trabajo, con una tasa de afiliación de solo 6 por ciento.
En una entidad pública como la Dian, que tiene 11.000 empleados, hay 18 organizaciones sindicales distintas, cada una tira para su lado y en conjunto representan a 5.709 afiliados.
Esa es una foto del sindicalismo en Colombia, el cual cobrará protagonismo en la reforma laboral que se avecina, porque –según argumenta el Gobierno– se busca cumplir un mandato constitucional y acatar recomendaciones de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y de la Ocde, que promueven la asociación laboral y la libertad sindical.
Si bien es cierto que el sindicalismo es una expresión de democracia, y así lo asumen países como Alemania y Finlandia, cuando en Colombia se habla del tema de cara a la reforma laboral son inevitables las preguntas. Una de ellas es: ¿por cuáles trabajadores abogan estas organizaciones?
Solo en el sector público, por ejemplo, hay una nómina de 1.324.866 servidores, pero hay 911.440 por prestación de servicios sin posibilidad de asociación.
El presidente del Consejo Gremial, Germán Arce, uno de los que participa en mesas de concertación para la elaboración de la reforma laboral, hizo una fuerte crítica a la propuesta que el Gobierno llevará al Congreso. “Debemos preguntarnos si las propuestas le pegan al problema grande o solo a un anhelo de un grupo de interés (los sindicatos) que busca viejas reivindicaciones, pese a que, además de tener trabajo formal, ya goza de otros privilegios”, dijo Arce, en relación con ese 60 por ciento de ciudadanos que está por fuera de la fuerza laboral y en la informalidad y para quienes no se plantean soluciones concretas.
La percepción de los sindicatos en Colombia muestra una desfavorabilidad del 59 por ciento. Se les consideran defensores de intereses propios, sin arañar mucho para cambiar la realidad de los miles de trabajadores que hacen fila, laborando durante años con un contrato temporal que no les da estabilidad para iniciar un proyecto de vida a largo plazo.
El contrato sindical se acabaría
La fragmentación predomina, como se observa en la Dian y en entidades como la Unidad Nacional de Protección, en la que existen 19 sindicatos y al mismo tiempo registran una elevada tercerización laboral (hay 1.200 empleos directos y 1.099 tercerizados). Esa situación promueve el llamado contrato sindical, mediante el cual a muchos de los que van a vincularse como escoltas les hacen un cobro mensual de 35.000 pesos, so pena de no conseguir el contrato o no mantenerlo. “Cuando buscaba empleo me dijeron que me afiliara al sindicato, que así era más fácil engancharse y permanecer en el puesto, pero nunca he sido afín a esas organizaciones”, dice uno de los afectados.
Buena parte de los trabajadores de la salud viven la misma situación, pese a que en ese sector hay varios sindicatos –antiguos y poderosos–, pero las condiciones de los servidores no mejoran. El contrato sindical probablemente será discutido en la reforma laboral.
“Fue importante en el siglo pasado, cuando existían organizaciones como Fedenal, en la que se asoció todo el transporte del país (fluvial, marítimo y aéreo). Pero hoy esa figura se ha desnaturalizado. Por ejemplo, en el sector salud la mayor parte del personal de enfermería está bajo contratos sindicales, lo que vuelve a los sindicatos intermediadores de la fuerza laboral, y esa no es su naturaleza”, sostuvo Carlos Julio Díaz, investigador de la Escuela Nacional Sindical y asesor de la mesa de concertación de la reforma.
Con su cercanía a la mesa de trabajo que elabora la reforma laboral, Díaz confirma el peso del tema sindical en la propuesta legislativa. Explica que hay tres grandes componentes, uno que busca desarrollar el artículo 53 de la Constitución sobre igualdad de oportunidades para los trabajadores; otro sobre remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo, y, finalmente, estabilidad en el empleo. Otro componente apunta a restablecer derechos, como el pago de dominicales y festivos, y recorte de jornada para el reconocimiento de horas extras desde las seis de la tarde.
También está el componente colectivo, que se refiere a derechos de asociación, negociación colectiva y a la huelga.
Aunque en esta oportunidad sindicatos y Gobierno están alineados con la reforma laboral, los empresarios se muestran inconformes. Durante décadas, el sindicalismo no ha sido bien recibido en las empresas y cada vez es menos aceptado ante la percepción de que estas organizaciones parecen abogar por un grupo reducido de trabajadores, sin que nadie reclame por esa gran masa que no tiene empleo.
En el país, el 80 por ciento de los sindicatos tiene menos de 100 abonados y, en los últimos tiempos, ha crecido el número, que apenas completa el número mínimo, que es de 25. Esa situación complejiza cualquier intento de negociación, lo que también será corregido en la reforma. “La fragmentación de los sindicatos se generó en 2000, cuando implementaron en el país la Ley 617, sobre ajuste fiscal, lo que llevó a la revisión de las plantas de personal en el Estado. Los sindicatos promovieron crear otros sindicatos como manera de tener fuero sindical para lograr estabilidad laboral. Sucedió lo mismo en las empresas: los trabajadores querían tener fuero, como mecanismo de defensa ante despidos”, argumentó Díaz.
Con el tiempo se desencadenaron pugnas internas y, por ejemplo, el que no quedó en la junta directiva se separa y crea otro sindicato. Para el empleador, si hay muchos sindicatos habrá más trabajadores con derechos a permisos sindicales.
Adiós al pacto colectivo
Con la reforma laboral habrá un cambio sustancial para la negociación colectiva. Siguiendo las recomendaciones de la Ocde, si en una empresa hay sindicato, aunque sea minoritario, no deberá existir el pacto colectivo. Eso implica que se acaba la negociación entre empleadores con trabajadores no sindicalizados.
La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, sustentó que “hay que desincentivar esos pactos colectivos porque la relación es justamente con las organizaciones. Por eso trabajamos una propuesta de organización multinivel, de las centrales obreras, que nosotros acogemos”.
En materia de negociación colectiva, se busca implementar la negociación sectorial, es decir, que no se haga por empresas, como hasta ahora, sino por sectores económicos. “Con eso se evita algo que preocupa al empresario y es que una compañía con sindicato se percibe en desventaja frente a las que no tienen. La idea es que, si hay una negociación sectorial, aplicaría a todas las empresas, exista o no un sindicato”, argumentó Díaz. Es decir, algo parecido a Sintrainagro, que representa al sector bananero de Urabá.
De la huelga
Otro punto que toca al sindicalismo en la reforma es el de la huelga. La OIT señala que no se debe prohibir, sino limitar, y la propuesta ahora es precisar conceptos para que la huelga no termine siendo declarada ilegal por su duración, que es de 60 días máximo, luego de lo cual el conflicto laboral debe pasar a ser resuelto por un tribunal de arbitramento, como ocurrió en la famosa huelga de pilotos de Avianca en 2017.
No son solo las propuestas alrededor del sindicalismo las que preocupan a los empresarios, quienes sustentan que retornar a las prebendas laborales que fueron derogadas por la Ley 789, para reducción de costos laborales, incrementarían la carga en 35 por ciento, lo que desestimularía el empleo y promovería despidos.
Díaz, por su parte, señala que no hay evidencia de que todas las reducciones aplicadas al gasto en nómina aplicadas en el pasado conllevaron a generar empleo. “Antes de la Ley 50, que quitó beneficios laborales, la tasa de desempleo era 10,5 y la informalidad del 46 por ciento. Después de los cambios de años como el 2000, se llegó a tener una desocupación de 19,5 y la informalidad de 55,5 por ciento”.
Sin duda, cuando se destape en su totalidad la reforma laboral, la controversia será monumental.