Las soluciones al desempleo deberían ser una de las mayores exigencias de los ciudadanos a un Gobierno. Y cuando se está de cara a unas elecciones para escoger el relevo de la administración pública, tendría que ser una prioridad ponerlas en la palestra antes de que los votantes tomen su decisión.
Los costos del desempleo son de todo tipo. La falta de ingresos de muchos ciudadanos de la población económicamente activa aumenta los niveles de pobreza: hoy están en 39,3 por ciento, según recientes mediciones. La economía se ve a gatas para crecer porque hay menos capacidad de compra, lo que lleva a que los productores apaguen las máquinas. Inclusive, algunos estudiosos del tema, como Luis Vallejo, de la Universidad Pedagógica de Tunja, sostienen que “dependiendo del nivel de desempleo y su duración, la desocupación, además de problema social, se puede convertir en uno de salud pública”.
En Colombia, después de un nivel de desempleo de 9,8 por ciento en octubre de 2019, las cifras subieron a doble dígito durante la pandemia de covid-19, lo que llevó a la activación de un paquete de medidas para proteger puestos de trabajo: desde auxilios entre 10 y 25 por ciento de un salario mínimo, por crear nuevos empleos para jóvenes, mujeres y mayores de 28 años; pasando por los apoyos para el pago de obligaciones laborales de las empresas que se vieron afectadas por el paro nacional; hasta los días sin IVA, que con la reactivación del comercio también ayudaron a mantener empleados.
Estas fueron normas incluidas en la Ley de Inversión Social o en otros mandatos, en pos de una reactivación económica y de salvación de empleos. Las cifras de empleo aún no vuelven a los niveles prepandemia, pues la recuperación del mercado laboral ha sido más lenta que la rapidez con la cual se deterioró. Tanto es así que, en abril de este año, el Dane reveló que la tasa de desempleo se ubicó en 11,2 por ciento, cifra que, si bien es menor a la registrada en el cuarto mes de 2021, cuando fue de 15,5 por ciento, refleja 2,7 millones de desocupados.
Aunque no hay mediciones que permitan ver el efecto específico de las estrategias aplicadas en la pandemia, lo cierto es que el empleo se ha ido recuperando poco a poco.Las medidas proempleo ya casi todas están marchitas, y desde la perspectiva del ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, tuvieron amplias repercusiones.
Por ejemplo, el Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef) permitió proteger 4.151.854 empleos. Durante su vigencia, 6,8 billones de pesos fueron otorgados a 142.999 empleadores.
La Ley de Inversión Social también incluyó varias medidas concretas proempleo. Para la muestra están 49.636 microempresarios, a través de los cuales se protegieron 452.305 puestos, con una inversión de 698.378 millones de pesos. La misma ley incluyó un programa de apoyo a compañías afectadas por el paro nacional, que benefició a 12.684 empleadores y a 441.726 empleados, según las cifras expuestas por Cabrera.
Del paquete de beneficios salvadores de empleo, el incentivo a la creación de nuevos puestos ha sido una de las medidas más duraderas, previendo que los jóvenes y las mujeres son los que encuentran mayores barreras de acceso al mercado laboral. Esta estrategia se mantendrá hasta agosto de 2023. “Ha permitido la creación de 370.140 empleos, de los cuales 286.143 son para jóvenes de 18 a 28 años, 45.929 son nuevos empleos para mujeres mayores de 28 años, y 38.068 nuevos puestos para hombres mayores de 28 años”, manifestó el ministro. En esa ola entraron ya 17.967 empleadores que reciben el incentivo por cada trabajador adicional que hayan vinculado después de marzo de 2021. “Hemos entregado 180.849 millones de pesos a empleadores que hacen el esfuerzo de ampliar sus nóminas y contribuir a la recuperación del mercado laboral”, sostuvo Cabrera.
En cuanto a la formalización, el ministro expresó que en el trimestre enero-marzo de 2022 se registran 807.000 nuevos ocupados formales o que pagan pensión. “Entre finales de 2021 y comienzos de este año, tenemos el mayor número de trabajadores formales en la historia: 10,5 millones, cotizando a pensiones, la cifra más alta de los últimos nueve años”, dijo.
Aun con las cuentas del Ministerio de Trabajo, lo que se le viene encima al Gobierno que resulte elegido el 19 de junio es un desafío de grandes proporciones. Además del empleo por recuperar, está en la mira el problema del mal funcionamiento del mercado laboral “con la mayoría de trabajadores en condiciones laborales precarias, pocas oportunidades de mejora, ingresos bajos e inestables, cobertura errática e incompleta contra riesgos, y acceso limitado a la justicia laboral”, según concluyó la Misión de Empleo convocada en 2021.
El nuevo timonel que elijan los colombianos tendría alternativas como retomar algunas medidas ya aplicadas, tramitar una reforma laboral o introducir nuevas soluciones sin hacer leyes. Por el momento, las ideas de los dos candidatos que se enfrentarán en la segunda vuelta de la contienda electoral no tienen del todo satisfechos a los analistas del tema.
Rodolfo Hernández, por ejemplo, menciona una política de empleo activa, encaminada a la formalización y al emprendimiento, algo que no resultó ser muy claro para los expertos del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, según el informe sobre propuestas de candidatos. Este aspirante a la presidencia habló de un incremento en la jornada laboral de ocho a diez horas, algo que posteriormente aclaró y dijo que sería él quien se extendería en la actividad.
En cuanto a Gustavo Petro, propone una política de empleo garantizado con un salario básico para los que tengan dificultad para engancharse en el mercado laboral. “No será un programa de emergencia ni un sustituto del empleo privado, sino un complemento permanente del empleo. El Estado actuará como empleador de última instancia ofreciendo empleo a quienes puedan y quieran trabajar, pero no encuentran empleo en el sector privado”.
A ambas propuestas se refiere Iván Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. “Empleo garantizado y economía popular de Petro y aumento de la jornada de Hernández parecen estar enfocadas a estrategias de disminución de índices de desempleo, sin conexión con estándares de trabajo decente (derechos en el trabajo, protección social y diálogo social). Es deseable modificar esa orientación hacia incentivos a la formalidad a través de políticas de empleabilidad, que por ahora son muy débiles”.
¿Retomar viejas medidas?
Para Jaramillo, sería deseable “mantener –en el ámbito de la recuperación económica– los programas de subsidio a la nómina, ojalá incluyendo a pequeñas y medianas empresas, con enfoque diferencial, para favorecer la recuperación de grupos especialmente afectados en la crisis económica y sanitaria (mujeres, jóvenes y personas con discapacidad), e incluyendo condicionantes sociales que mejoren la rentabilidad del esfuerzo fiscal (cláusulas de estabilidad respecto de los beneficiarios, compromisos de respeto de estándares ambientales, compromisos sociales, etcétera)”.
Por su parte, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, no es partidario de continuar medidas ya aplicadas, pues buena parte de ellas se consideraron de emergencia, por ejemplo, los subsidios a la nómina a través del Paef. A su juicio, en las circunstancias actuales, el rol de la política pública para acelerar la recuperación del empleo debería estar enfocado en la ejecución de las obras civiles que “infortunadamente no han tenido un buen desempeño después de la pandemia. Continúan un 25 por ciento por debajo de los niveles de actividad pre emergencia sanitaria. Ese debería ser el énfasis de un eventual plan de choque”.
En definitiva, la política de empleo que se requiere no puede ser una isla, pues se trata prácticamente de la gasolina para que ese carro llamado Colombia tome la velocidad necesaria para intentar llegar a la otra orilla, la de un país más avanzado tanto en lo económico como en lo social.