Como una verdad incómoda catalogó el exministro de Minas, Amylkar Acosta, el tema del incremento en el precio de la gasolina, que en Colombia ha ido subiendo de manera paulatina y ahora está ya preocupando, pese a que los expertos y los gremios coinciden en que “es una política responsable”, como la catalogó Francisco Lloreda, presidente de la ACP (Asociación Colombiana de Petróleo).
El problema es que, a ese ritmo, la meta de tapar el hueco que tiene el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (Fepc), que subsidiaba el precio cuando internacionalmente estaba alto, no se logrará tan rápido.
Por esa razón, casi hay un consenso alrededor de que el incremento de la gasolina tendría que ir de la mano con el del ACPM, medida esta que hasta ahora no ha tomado el gobierno por el impacto en la inflación que podría tener, teniendo en cuenta que el diesel pesa más en el transporte de carga, por lo cual, habría riesgo de subida de precios en productos básicos como los alimentos.
Desde la perspectiva de Acosta, “contrariamente a la creencia popular de que Colombia tiene la gasolina más cara del mundo, es la tercera más barata en Latinoamérica después de Venezuela y Bolivia, que -no obstante- no son ejemplos dignos de imitar en esta materia”, aseveró.
Tomás González, también exministro de Minas, sostuvo que, aunque “es políticamente difícil, pero socialmente necesario, sería ideal que también se subiera el ACPM”.
González habló además de que los actuales precios de los combustibles líquidos son contrarios a las apuestas de equidad, pues, todos los subsidios van por igual al que tiene una costosa camioneta y es de estrato 6, que quien demanda del producto y es de estrato 1.
Además, “el combustible barato estimula el consumo”, lo que no encaja con el hecho de que el subsidio que se ha irrigado con un precio de la gasolina apoyado desde el Estado ha requerido el equivalente a 1 y media reforma tributaria para ser financiado. “Si queremos una transición energética justa hay que tomar decisiones difíciles”, dijo González.
¿Qué tan justos son los subsidios?
En materia de cifras, los análisis hablan de un déficit de 32 billones de pesos en el Fepc, proyectado a 2023 que venían en franco crecimiento y generan un efecto nefasto en las cuentas de la economía colombiana (es uno de los mayores pesos del déficit total del país).
Para Acosta, el mayor valor entre el precio de referencia de los combustibles, el cual lo fija el Ministerio de Minas y Energía y el ingreso al productor (IP) de la fórmula, que es lo que se le paga a Ecopetrol, va contra el Fepc, que en la práctica es un subsidio al consumidor, se traduce en un déficit que alcanzó los 25 billones de pesos en 2022.
“Las cifras superan con creces lo que se espera recibir este año por cuenta de la reforma tributaria del año anterior y que se estará adicionando por parte del Congreso de la República mediante el proyecto de ley presentado por el saliente ministro de Hacienda José Antonio Ocampo y que se tramita en este momento: 25,4 billones e pesos”, recordó Acosta.
Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, también coincide con Acosta en que está plenamente justificado el incremento en el precio de la gasolina que se viene autorizando desde octubre del año anterior, el cual se mantendrá hasta nivelarse con el IP. “Debido a la inflación galopante que experimenta el país desde el año pasado y con el ánimo de no atizarla, el Gobierno ha mantenido congelado, es decir subsidiado, el precio del diésel (ACPM), que se consume mayormente en el transporte de carga y de pasajeros”, dijo Acosta.
El experto recordó que el consumo de gasolina y diésel se da por partes prácticamente iguales, de “entre 199 y 191 millones de galones mensuales, de los cuales se importan, a precios internacionales, más de 80 millones de galones”, sostuvo el exministro.
Lloreda, por su parte, dijo que lo que si no sonaba coherente era que se estuviera hablando de transición energética y se siguiera subsidiando el precio de la gasolina. No en vano, en Colombia, si de reducir los gases de efecto invernadero se trata, el 12 % lo aportan los combustibles que se estaban subsidiando.
Morderse la cola
En ese contexto, Acosta enfatizó en que “eso iría en contravía con la estrategia de la movilidad sostenible, que conlleva elevar las mezclas de los biocombustibles, la mayor conversión a gas (combustible-puente de la Transición) y la penetración de los vehículos con motor eléctrico, reemplazando paulatinamente los vehículos con motores de combustión, los cuales además de los gases de efecto invernadero emiten a la atmósfera y la contaminan con material particulado, que es causante de enfermedades respiratorias, que le significan al país, según el Instituto Nacional de Salud 15.681 muertes cada año asociadas a la mala calidad del aire y le cuestan al sistema de salud anualmente 12,2 billones de pesos.