La Superintendencia de Industria y Comercio informó que formuló pliego de cargos contra tres asociaciones que participaron como proponentes en seis procesos de contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el departamento del Cauca.
Según la entidad, el objetivo de la investigación es determinar si las tres asociaciones habrían incurrido en una presunta colusión (acuerdo restrictivo de la competencia) para repartirse las zonas en las que estaban divididos los procesos, con el propósito de incrementar ilegítimamente su probabilidad de resultar adjudicatarias de los contratos, perjudicando a los demás proponentes y los propósitos del PAE.
La actuación administrativa por parte de la SIC inició con ocasión de una denuncia presentada por la Gobernación del Cauca en un proceso de selección del PAE.
A partir de la información suministrada, el Grupo Élite contra Colusiones de la Superindustria desarrolló actividades investigativas que sugieren que la presunta colusión no se habría limitado al proceso de selección denunciado, sino que se habría replicado en cinco procesos de contratación adicionales, que en total suman más de 50 mil millones de pesos.
Las pruebas recaudadas durante la etapa preliminar de la actuación administrativa sugieren que las tres asociaciones investigadas presuntamente habrían celebrado un acuerdo restrictivo de la competencia (colusión). Concretamente, las asociaciones habrían acordado previamente las zonas a las que se iban a presentar, repartiéndose geográficamente el mercado en cada proceso de selección.
También agregaron que, al parecer, se habrían realizado actividades para incrementar ilegítimamente su probabilidad de resultar adjudicatarias de los contratos. Estos comportamientos tendrían la potencialidad de afectar la dinámica de competencia en los procesos del PAE en el departamento del Cauca.
De esa forma se podrían perjudicar los objetivos fundamentales que persigue el PAE, entre ellos, los de promover la salud de los niños, niñas y adolescentes y combatir la deserción escolar. De acuerdo con la investigación adelantada, estas conductas restrictivas de la libre competencia no involucran a funcionarios públicos de la Gobernación del Cauca.
“El acto administrativo con el que se inicia la investigación no constituye una decisión definitiva. Las personas investigadas tendrán la oportunidad de formular argumentos de defensa y la decisión tendrá lugar después de que se desarrolle toda la investigación administrativa. Con esta decisión, la Superindustria ratifica su compromiso de velar por la protección de la libre competencia y, por esa vía, contribuir a la materialización de los objetivos de política pública establecidos por el Gobierno Nacional, entre ellos el de proteger y apoyar a los niños, niñas y adolescentes vinculados a las instituciones educativas públicas en el departamento del Cauca”, indicó.
SuperIndustria abre investigación contra cuatro grandes influenciadores en el país
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en su rol de autoridad de protección del consumidor, ha iniciado una investigación en contra de cuatro reconocidos influenciadores en Colombia. Las empresas involucradas son Yina Calderón S.A.S., Grupo Cossio S.A.S., LCompany S.A.S. y Cuatro 44 Inversiones S.A.S., propiedad de los influenciadores Yina Calderón, Yeferson Cossio, Luisa Castro y Mariam Obregón, respectivamente.
La investigación se basa en diversas irregularidades detectadas por la SIC en relación con las prácticas comerciales de estas empresas. En el caso de Yina Calderón S.A.S., se sospecha que no se acataron las órdenes emitidas previamente por la entidad en las que se requería proporcionar información clara y precisa a los consumidores sobre los tiempos de entrega, la política de cambios y el derecho de retracto de los productos promocionados.
Por su parte, Grupo Cossio S.A.S. ha sido señalado de posible publicidad engañosa. Según la investigación, Yeferson Cossio habría realizado afirmaciones objetivas sobre los resultados que se podrían obtener al realizar el curso “Método Cossio”, el cual promocionaba la monetización de las redes sociales. Sin embargo, la única evidencia presentada era la experiencia del influenciador, lo que podría haber inducido a error a los consumidores respecto a los resultados reales del curso.
En el caso de LCompany S.A.S. y Cuatro 44 Inversiones S.A.S., las influenciadoras Luisa Castro y Mariam Obregón habrían omitido entregar a la entidad la publicidad relacionada con los servicios de captación de dinero que promocionaban en sus redes sociales. Además, no informaron adecuadamente sobre su relación comercial con el anunciante al promocionar dichos servicios, lo que pudo inducir a error a los consumidores.