La Superintendencia de Sociedades y la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), firmaron un convenio interadministrativo para la entrega de la información del Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB), lo que permitirá fortalecer sus funciones de inspección, vigilancia y control.
El artículo 13 de la Ley 2195 de 2022 definió que entre las entidades que tienen acceso al RUB, está la Superintendencia de Sociedades, “en virtud de sus funciones legales y constitucionales en materia de inspección, vigilancia y control”, según explicó.
Por tal motivo, con esta alianza, las funciones de la Superintendencia de Sociedades se fortalecen para investigar situaciones de control y grupo empresarial, así como para llevar a cabo indagaciones administrativas que determinen el papel de personas con poder de decisión en las sociedades.
Del mismo modo, el convenio fortalece la intervención en esquemas de captación ilegal de recursos y relaciones entre sociedades y miembros directivos en actividades financieras específicas, así como la capacidad para recoger información en investigaciones de soborno transnacional y responsabilidad administrativa por actos de corrupción.
Esta colaboración interadministrativa entre la Superintendencia de Sociedades y la Dian permitirá un mejor ejercicio de sus funciones y garantizará el cumplimiento de la ley y la transparencia en las operaciones empresariales en el país.
El superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, resaltó que “la cooperación interadministrativa por parte de las entidades del Estado, particularmente con la Dian, en el marco de este convenio, nos permitirá fortalecer nuestras funciones de supervisión societaria, con el objetivo de contar con un tejido empresarial competitivo y perdurable, de una forma transparente en el cumplimiento normativo y el salvamento empresarial. Desde la Superintendencia celebramos este trabajo articulado con la Dian”.
SuperSociedades destaca decreto que reglamenta beneficios por colaborar en casos de soborno transnacional y corrupción
La Superintendencia de Sociedades resaltó la publicación del Decreto 390, emitido por el Gobierno el pasado 21 de marzo, que establece el procedimiento para otorgar beneficios de colaboración en casos de soborno transnacional y responsabilidad administrativa de personas jurídicas por actos de corrupción. Este decreto permite obtener exoneraciones totales o parciales de sanciones.
El acuerdo establece que, a cambio, las entidades jurídicas deben proporcionar, de manera oportuna, información relevante sobre cómo se llevaron a cabo estos actos ilícitos y los beneficios que se derivaron de ellos.
El superintendente de Sociedades, Billy Escobar, aseguró: “Con esto estamos dándole fuerza a nivel de decreto a la posibilidad de que encontremos mecanismos que permitan la resolución exitosa de casos y que beneficien a esas compañías que desean mantenerse en los mercados nacionales e internacionales, a cambio de reconocer los propios hechos de soborno transnacional o corrupción y adquirir importantes compromisos para fortalecer sus mecanismos de prevención y cumplimiento, como así ha ocurrido en el escenario mundial”.