Seis años después y luego de decenas de estudios, análisis y cambios en el camino, Colombia tendrá una nueva base de datos del Sisbén, el sistema que caracteriza a las personas en condición de pobreza y que le permitirá al Estado, de una vez por todas, entregarles los subsidios a los ciudadanos que realmente lo necesitan. Y, de paso, dejar por fuera a los colados.
Por años, el debate sobre la entrega de ayudas sociales a hogares que no los requieren ha generado polémica. Y no es para menos. Con un tercio de la población viviendo bajo la línea de pobreza resulta injusto darles dineros públicos a quienes pueden sobrevivir con sus propios ingresos.
Para enfrentar esta situación, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) cogió el toro por los cuernos y comenzó la actualización de la información, aunque con algunos ajustes. La tarea se inició en 2016 con la expedición de un documento Conpes y estaba prevista para entrar en vigor el año pasado.
Sin embargo la pandemia retrasó la recolección de la información y aplazó la puesta en marcha del programa. No obstante, el Gobierno nacional alista motores para darle luz verde a esta iniciativa, que promete un giro de 180 grados a la política social en Colombia.
Los cambios
Desde su llegada al cargo, el director de Planeación Nacional, Luis Alberto Rodríguez, ha insistido en que esta base de datos debe reflejar realmente las condiciones socioeconómicas de los ciudadanos. Por ende, mostrar si han mejorado, empeorado o siguen igual.
En gobiernos anteriores se avanzó en la focalización, pero el problema de fondo siguió latente. Nadie puede negar la existencia de los colados en los programas sociales. Pero también hay algunos ciudadanos que siguen siendo beneficiarios, aun cuando su calidad de vida ha mejorado y ya no requieren de la mano estatal. El problema en ambos casos está en la falta de datos actualizados.
No hay que olvidar que el Sisbén es un sistema de información que ordena a la población según sus condiciones sociales y económicas. Esto implica que cualquier persona puede hacer parte de él, pero eso no quiere decir que reciba ayudas.
Por lo anterior, tener una radiografía completa de las familias colombianas les permitirá a las entidades que entregan subsidios contar con un panorama más detallado de quiénes sí los requieren y quiénes no.
En este sentido, la encuesta seguirá incluyendo aspectos como la vivienda, los niveles de educación y el acceso a la salud. Pero habrá elementos adicionales. Entre estos, la ocupación y los ingresos de los miembros del hogar, así como el departamento en el que viven.
Con base en estos factores habrá una nueva clasificación de los colombianos ‘sisbenizados’. Actualmente se les asigna un puntaje de 0 a 100, con el cual se sabe si son elegibles o no para recibir ayudas de los distintos programas. Esto cambiará a partir de marzo, cuando las personas queden en uno de cuatro grupos: pobreza extrema (A), pobreza moderada (B), vulnerabilidad (C) o ni pobreza ni vulnerabilidad (D).
Pero la cosa no termina allí. En cada uno de los anteriores grupos habrá subgrupos numéricos, lo cual les dará a las entidades mayor margen de maniobra para focalizar los recursos. Es así como una persona en nivel A1 tendrá una menor capacidad de generar ingresos que la del A5.
De esta manera no será necesario contar con un puntaje determinado, sino hacer parte de un rango, que se definirá en su momento para cada programa.
Esta nueva fórmula también le permitirá al Estado identificar el poder adquisitivo de los ciudadanos según la zona en la que vivan. No se puede desconocer que Colombia es un país de regiones y las cifras lo confirman: mientras en Bogotá menos de 2,5 % de la población se ubica en el grupo A, en Chocó cubre casi a 39 % de sus habitantes.
“Con esta actualización habrá un barrido grande, se reflejarán los cambios en las condiciones de los hogares en los últimos diez años (…) y será sustancialmente mejor para focalizar los recursos”, explica Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo y artífice de este programa cuando estuvo en Planeación Nacional.
El momento no puede ser mejor. Según cálculos del DNP, la pandemia aumentará la población pobre de 35,7 a 42 % del total de colombianos, al tiempo que reducirá la clase media a poco más de 26 %. Estas cifras deben ser un campanazo de alerta para el Gobierno nacional y los entes territoriales, que tendrán la tarea de definir los grupos a los que se les girarán las transferencias monetarias.
En este punto será determinante el trabajo del Departamento para la Prosperidad Social (DPS). Esta entidad maneja el grueso de los subsidios que se entregan en Colombia, incluyendo los de Familias en Acción, Jóvenes en Acción e Ingreso Solidario. Y así como el Sisbén IV está a pocas semanas de prender motores, desde el DPS se alistan para sacarle todo el provecho.
La directora de la entidad, Susana Correa, explicó hace unos días que Familias en Acción comenzará una nueva fase este año, con la cual se busca llegar a 2,2 millones de familias. La cuestión es que para cuando empiece la dispersión de recursos se iniciará la transición a los nuevos datos de beneficiarios.
Esto implica que habrá un tiempo para que entren en vigencia los cambios, y cuando se termine quienes no actualizaron sus datos dejarán de ser beneficiarios.
Registro Social de Hogares
Eso sí, la base de datos será dinámica y centralizada, lo que quiere decir que los municipios podrán reportar novedades diariamente. De esta manera los programas contarán con información actualizada y habrá una menor posibilidad de que los inescrupulosos intenten colarse en las listas.
Al final del día, lo que se busca es que los billonarios recursos del Presupuesto General que se destinan cada año a programas sociales les lleguen a las personas más necesitadas. Y, de paso, que quienes manipulan sus datos y entregan información errónea sean retirados.
Desde el Gobierno anterior se vienen registrando casos de familias que, por ejemplo, aseguran no tener ingresos aun cuando sí los reciben, o de hogares que viven en una casa, pero aseguran que solo les alcanza para una habitación.
En el pasado, el DNP ha firmado convenios administrativos con otras entidades, con el fin de cruzar bases de datos y encontrar los posibles errores. Fue así como hace unos años, junto con el Ministerio de Salud y la Registraduría, lograron retirar a miles de personas que mantenían su reporte activo en el Sisbén, pese a que habían fallecido meses o años atrás.
Y aunque esta es una buena estrategia, la actual administración avanza en un plan más robusto. Se trata del Registro Social, un programa que permitirá que todas las bases de datos de programas sociales sean interoperables y puedan cruzarse en tiempo real. En medio de la emergencia sanitaria del año pasado, el Gobierno le dio luz verde a esta iniciativa y el Sisbén IV será su piedra angular.
De acuerdo con un estudio hecho por el Banco Mundial, el Registro Social dejará de lado los barridos. En su lugar, esta mecánica será reemplazada por la captura de datos a nivel municipal, a solicitud del individuo o del hogar. Una vez se tenga la información, esta se transmitirá casi en tiempo real a la base de datos por medio de una herramienta llamada SisbénAPP.
Eso sí, todo lo que se incluya será revisado de forma milimétrica, comparándolo con la información que tengan otras entidades. Sin duda se trata de una tecnología que revolucionará la manera en que se crean y ajustan las políticas sociales en Colombia.
La puesta en marcha del Sisbén IV cae como anillo al dedo para enfrentar la dura situación de los hogares por cuenta de la pandemia. Por esto mismo será vital que el Gobierno incluya en este radar a las personas que tenían una situación holgada, pero se vieron golpeadas por la crisis.
Al margen de lo anterior, siempre será una buena noticia que las ayudas terminen en manos de los colombianos que sí las necesitan.