Uno de los sectores que más tensiones ha tenido tras la elección de Gustavo Petro como presidente de la República es el de las industrias extractivas. El entonces candidato pasó de una dura comparación que hizo de la minería y el petróleo con la coca a fuertes planteamientos en el programa de gobierno. Allí se habla del “desescalamiento gradual del modelo extractivista”. Pero, su programa es más drástico: “Se prohibirán la exploración y explotación de yacimientos no convencionales. Se detendrán los proyectos piloto de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera.
No se otorgarán nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos, ni se permitirá la gran minería a cielo abierto. Respetaremos las decisiones democráticas de las consultas populares”, dice el documento.Apenas se conoció el triunfo de Petro, esta posición sacudió la acción de Ecopetrol, que en tan solo una semana perdió en su capitalización bursátil cerca de 25 billones de pesos. Esto se sumó a una caída del precio del crudo a nivel global, al pasar de los máximos históricos recientes en los que tocó los 130 dólares por barril, a la frontera de los 100 dólares.
Este, en las últimas semanas, ha sido ‘el piso’ ante la incertidumbre que hay por la guerra entre Rusia y Ucrania y las decisiones que tome la Opep+ por estos días.
¿Cómo asumirá el nuevo gobierno la transición energética y cuál será la velocidad que le imprimirá? Es una pregunta clave porque hoy por hoy del sector extractivo, de acuerdo con cálculos del saliente ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, depende la cuenta de balanza comercial en un 56 por ciento, así como 33 por ciento de la inversión extranjera directa total del país. Este sector representa, además, entre 17 y 18 por ciento de los ingresos corrientes de la Nación y uno de cada tres pesos en promedio de los presupuestos de inversión de gobernaciones y alcaldías vía regalías.
Reemplazar estas cifras muy rápidamente podría ocasionar una crisis en el comercio internacional y en la tasa de cambio. Incluso, el mismo Mesa, en un foro de SEMANA, señaló que “prescindir de este sector de la noche a la mañana económicamente sería un suicidio”. Hay coincidencia en la necesidad de transformar la estructura productiva del país y que las cuentas y los recursos nacionales no dependan en gran parte de la industria extractiva. Esta estrategia, sin embargo, tiene varias premisas. Una, que ese cambio no se puede hacer sin el mismo sector minero-energético, allí está la caja, los recursos y el futuro a corto y mediano plazo del país. Dos, no solo es clave mantener la autosuficiencia petrolera –que le permite al país no depender de suministros internacionales–, sino también mantener los niveles de exportación.
Y tres, la gran duda es en qué periodo se dará ese tránsito, pues las reservas de gas van hasta 2026 o 2027 y las de petróleo entre 2026 y 2029. Según las cuentas de analistas del sector petrolero, si no hay nuevos contratos de exploración, con los existentes quedarían un poco más de 124. El nivel de efectividad de los pozos en el país es de entre el 15 y el 20 por ciento. Es decir, que serían de 22 a 24 pozos los que estarían contrarrestando el declive natural de los campos, que es del 15 al 17 por ciento al año. ¿Es suficiente para la estrategia del nuevo gobierno y garantizar la autosuficiencia y las exportaciones? Si se necesitan más, ¿se ampliará la posibilidad de nuevos contratos?.
El nuevo ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, ante la inquietud de hasta cuándo vamos a producir petróleo dijo, en una entrevista a SEMANA, que es un tema de largo plazo. “Diez años, incluso, me parecen insuficientes. Hay una necesidad de encontrar más gas, Colombia es muy deficitario en gas y sus reservas alcanzan para muy pocos años. Pero en el caso del petróleo necesitamos seguir siendo exportadores por un tiempo, mientras diversificamos la estructura exportadora, que es un objetivo básico del próximo gobierno.
Diversificar el 40 por ciento de las exportaciones colombianas no es un tema de corto plazo”, señaló.El nuevo gobierno hará un balance de los contratos para determinar qué garantizan en términos de producción de petróleo y gas. Ese será un tema prioritario, antes de nuevos anuncios.Pero mientras se define esta senda, hay líneas rojas que ha puesto el nuevo gobierno en sus primeros anuncios. Por ejemplo, ratificó su negativa al desarrollo del fracking en el país.
En la entrega del informe de empalme señaló que en los primeros 100 días de gobierno se adoptarán las medidas administrativas necesarias para suspender los pilotos y proyectos de fracking en Colombia.Este hecho se enfrenta al desarrollo de los pilotos y a un fallo del Consejo de Estado que dejó en firme la reglamentación técnica para que empresas como Drummond, ConocoPhillipsy Parex que tienen contratos para realizar actividades en yacimientos no convencionales, puedan hacer fracking en Colombia.
También hay otra línea roja en materia de gobierno corporativo. La administración Duque, en la asamblea ordinaria de Ecopetrol, en marzo pasado, modificó los estatutos, y el periodo de la actual junta directiva de la petrolera se amplió de dos a cuatro años. El hecho no cayó bien en la nueva administración que enseguida rechazó la decisión y anunció una asamblea extraordinaria –que posiblemente será este mes de agosto– para volver a cambiar los estatutos y nombrar nuevos miembros de junta directiva.Será una decisión compleja, en especial para que no genere ruidos y traumatismos en los mercados y en el precio de la acción de Ecopetrol.
Ocampo anunció que no se cambiaría toda la junta. Se da por descontado que nombres como los de Germán Quintero y Luis Guillermo Echeverri, muy cercanos al gobierno Duque, saldrían de la junta y, además, es la oportunidad para llenar la vacante que dejó Juan Emilio Posada, quien fue nombrado presidente de ISA.
“No queremos debilitar a Ecopetrol. Es una empresa demasiado importante para Colombia. Más aún, Ecopetrol debe seguir siendo, para comenzar, productor de petróleo y gas; veo que el actual presidente de Ecopetrol ha dicho que tienen reservas para diez años sin problema. Pero además, que sean inversionistas en fuentes alternativas de energía, que empiecen –como ya lo han hecho– con el hidrógeno verde, que es un tema de gran futuro internacional y que de pronto racionalicen algunas de sus inversiones”, ha dicho Ocampo.
Sin embargo, hay otras líneas que aún no se han definido. Por ejemplo, el nombramiento del nuevo presidente de Ecopetrol o si Felipe Bayón, en cuya gestión Ecopetrol ha tenido resultados históricos –como los registrados en el primer semestre de 2022–, se mantiene. Otro asunto por definirse es si el negocio de fracking que está haciendo Ecopetrol en Estados Unidos, que ha sido uno de los más rentables en los últimos años, se conservará.
Además está por concretar qué va a pasar con las exploraciones costa afuera (offshore). Aunque en campaña se desvirtuó esta técnica, al igual que el fracking, Ecopetrol acaba de hacer uno de los mayores descubrimientos de gas en el Caribe, cuyo potencial le permitiría duplicar las reservas del país. Es el resultado del primer contrato offshore que se firmó en 2004.
El otro tema que también debe ser aclarado es cómo participaría Ecopetrol en el desarrollo de energías renovables no convencionales en el país. Aunque la compra que hizo Ecopetrol de la mayoría accionaria de ISA, que estaba en manos de la Nación, le permitirá a la petrolera avanzar en la transición energética, por otro lado, la limita en la generación de energía. La regulación actual no permite en el país la integración entre el negocio de transmisión que trae ISA y el de generación, que desarrollaría Ecopetrol. La empresa no tendría esta restricción en otros mercados.
Así las cosas, la pregunta que surge es si el gobierno Petro avanzará en un cambio de la regulación para que Ecopetrol sea un jugador de generación de energía. Aún no hay respuesta a esta pregunta, pero si lo está considerando se encontrará con exfuncionarios del gobierno Duque en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), como Andrés Barreto, exsuperintendente de Industria y Comercio, y Natasha Avendaño, exsuperintendente de Servicios Públicos, quienes serán nuevos comisionados.
Y finalmente, también es necesario tomar decisiones en torno al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.
Según Fedesarrollo, para este año el déficit de este fondo será de 34 billones de pesos y ya el gobierno Duque planteó una senda en el aumento de precios de la gasolina que podría llevar el valor del galón a 11.000 pesos a final de año.
Sin embargo, cualquier decisión al respecto será muy sensible tanto para los consumidores, pues estos incrementos han sido el principal detonador de protestas sociales en países como Ecuador y Francia, como para las finanzas públicas.Por el lado minero, se ha planteado declarar una moratoria que permita revisar el cumplimiento de las obligaciones mineras, ambientales y económicas de los actuales concesionarios, establecer el potencial del país en materia de minerales estratégicos para la transición energética y diseñar un nuevo modelo minero, entre otras acciones.Los primeros 100 días de gobierno serán fundamentales para determinar el derrotero de los sectores petrolero y minero, hoy dos de los mayores soportes de las finanzas públicas.