En los últimos 20 años se ha desarrollado en el país una fuente de empleo y de divisas bastante controversial, pero que pese a las críticas no ha parado de crecer. En capitales como Bogotá, Cali y Medellín el modelaje webcam se ha convertido en tendencia, por los altos ingresos que se pueden percibir.
Una modelo webcam realiza un performance en vivo, principalmente de carácter sexual, a través de plataformas en internet. Algunas trabajan de forma independiente y otras en estudios que les brindan las instalaciones y los insumos para las transmisiones a cambio de una comisión de los ingresos que reciban las modelos de sus espectadores.
Esta nueva profesión se ha posicionado bajo fuertes controversias, debido a que algunos grupos de la población la relacionan con la pornografía, la prostitución y actividades ilegales.
Sin embargo, los partícipes de esta industria, en conjunto con entidades gubernamentales, han buscado regularla, explica Mauricio Ospina, director de Community Update 2023, un evento dedicado al desarrollo de este negocio.
“La industria ha crecido impresionantemente en los últimos años, hasta prepandemia se movían cifras de 600 millones anuales de dólares que entraban al país gracias a unas 150.000 personas, de las cuales 100.000 son modelos y 50.000 empleados de otros diversos cargos como monitores, psicólogos, personal administrativo, pero tuvimos un crecimiento muy fuerte durante la pandemia, por lo que estimamos que estas cifras pudieron haber aumentado dos o tres veces más”, aseguró Ospina.
Teniendo en cuenta estas cifras, algunos proyectos de ley como la reforma tributaria, o la misma reforma laboral que se encuentra en proceso, han buscado regular el manejo de este dinero, con medidas que buscan que las modelos paguen más impuestos, tema ante el cual Ospina también brindó su opinión:
“Los procesos de contratación de la industria son una especie de acuerdo comercial en el que se paga por un alquiler de un espacio. La modelo alquila el espacio a estudios y ahí ya hay una ganancia para los dos, el estudio se queda con el 30 % y la o el modelo se queda con el 70 % de los dividendos; con las reformas, la idea es seguir con esto, pero que se haga de una manera más controlada y que se manejen por federaciones y asociaciones, porque hay estudios que están en la ilegalidad, que no les cumplen a los modelos en los porcentajes prometidos o las hacen trabajar horas de más”, aseguró Ospina, quien a su vez se refirió a las conversaciones que han entablado con el Gobierno nacional: “Ellos se han sorprendido al ver las cifras de ingresos que se manejan, entonces hemos hecho diálogos de tres partes (empresas, Gobierno y modelos), buscando acuerdos para ver el tipo de contratación y si se puede cumplir o no”.
La aparición de estudios webcam ilegales genera cuestionamientos sobre las barreras de entrada de este negocio surgido. “Los costos para montar un estudio son variables. Uno de dos o tres habitaciones puede costar unos 25 millones de pesos, pero también hay estudios supergigantes de hasta 50 que pueden valer mil millones, y en la mitad de eso, un estudio bien montado puede costar más o menos cien millones”, aclaró Ospina y agregó que uno de los incentivos para entrar está en la devaluación, pues entre más caro esté el dólar, más ingresos reciben quienes trabajan en este negocio y más aportan a la economía nacional consumiendo diferentes bienes y servicios.
Sin embargo, cabe aclarar que estas organizaciones funcionan igual a cualquier empresa, para poder ser instauradas de manera legal requieren: Cámara de Industria y Comercio, Sayco Acinpro (se paga por cada artefacto sonoro del estudio), estudio de suelos, certificado de seguridad expedido por el cuerpo de bomberos, certificado de sanidad, legalizar todo el software, y además una carta de autorización dirigida al general del CAI de policía más cercano.
En pro de visibilizar más profundamente las actividades de este sector y así poder acabar con algunos mitos relacionados a la ilegalidad, líderes de la industria preparan eventos similares a Community Update, el cual tendrá lugar en agosto en Medellín, con el fin de dialogar sobre la formalización y profesionalización del sector.